El Congreso ante una decisión crucial: la Corte Constitucional y el futuro de las reformas en Colombia Infobae
El nombre de María Patricia Balanta ha comenzado a sonar con fuerza en el Senado de la República de Colombia, justo cuando se acerca la “decisiva” fecha del 3 de septiembre, momento en que el Congreso elegirá al nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes, quien termina su periodo de ocho años.
Se ha conocido que se están tejiendo alianzas políticas que podrían definir el futuro inmediato de esta corte, sobre todo dada la influencia que tendría este cambio en dos reformas clave: la pensional y la de salud.
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Según se informa, el Gobierno nacional y el partido de la U vienen adelantando conversaciones, lideradas del lado de la colectividad por su codirector Álex Vega, orientadas a construir una alianza que respalde la postulación de Balanta.
El objetivo sería que el Gobierno logre la mayoría en el alto tribunal sumando los votos del Pacto Histórico y los de la U. Un triunfo para esta estrategia podría asegurar para el Ejecutivo el codiciado “quinto voto decisivo”, esencial para inclinar decisiones fundamentales del tribunal.
La posibilidad de sumar a Balanta se considera clave porque los magistrados Héctor Carvajal, Vladimir Fernández, Miguel Polo y Juan Carlos Cortés ya han tenido posturas favorables a iniciativas oficiales.
Si Balanta accede a la Corte Constitucional avalada por esta alianza, “el presidente Petro tendría control en el alto tribunal, lo que afectaría el equilibrio en las decisiones”, advierten las fuentes políticas consultadas.
Balanta es abogada graduada de la Universidad Central del Valle del Cauca, oriunda de Tuluá, y cuenta con una especialización en Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Su perfil aparece como el mejor posicionado gracias a los acuerdos políticos en marcha, aunque su posible nombramiento despierta preocupaciones sobre la independencia del tribunal y la autonomía parlamentaria frente a las directrices de partido.
Otro nombre que ha cosechado apoyos importantes es el del exdefensor del pueblo Carlos Camargo, percibido como una figura con inclinaciones conservadoras y de defensa institucional.
Ha ocupado cargos como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), director de la Federación Nacional de Departamentos y funcionario de la Registraduría.
Sobre Camargo pesa la impresión de que su reputación de “hombre garantista que siempre ha defendido las instituciones y la majestad del Estado de Derecho” lo posiciona como candidato de consenso entre diversos sectores del Congreso.
La inminente elección plantea el interrogante sobre la autonomía de los senadores: si serán libres de votar según su criterio individual, o si prevalecerán las líneas fijadas por los codirectores de los partidos.
El resultado de esta votación, que tendrá lugar el 3 de septiembre, podría redefinir el panorama institucional y la balanza de poder en uno de los más altos órganos de justicia del país.
