TEXTO ÍNTEGRO: Fin de la AUTONOMÍA JUDICIAL compromete el ESTADO de DERECHO en MÉXICO Punto Por Punto

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que su Administración busque imponer un “Estado Espía“ y aseguró que las intervenciones de la privacidad sólo serán autorizadas por órdenes judiciales.

• Sin embargo, especialistas y organizaciones advirtieron que la nueva generación de Jueces, que fue electa por voto popular el pasado 1 de junio y que asumirá funciones el 1 de septiembre, podría responder a intereses gubernamentales.
• La Presidenta dijo en conferencia que es mentira que su Administración busque espiar a opositores.

“Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un Juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie. Que quede claro eso.

• ¿Para qué es el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación? Para tener una plataforma única de información“, aseguró.
• Para José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las reformas aprobadas por el Congreso dejan a los ciudadanos ante un Estado vigilante y sin controles en sus nuevas atribuciones de inteligencia e investigación de delitos.

“Habrá Jueces que harán bien su trabajo y jueces que ni siquiera tengan capacidad para poder hacerlo. En materia de control constitucional vamos a tener importantes dudas hasta no ver operar a esta nueva generación de juzgadores electos popularmente“.

Carlos Mendoza, experto en Seguridad Pública, urgió a las autoridades a implementar candados para garantizar que las solicitudes de intervención no sean resueltas por Jueces a modo.

“La reforma judicial fue una reforma muy desaseada, muy desafortunada, y representa un riesgo, pero también en todas las otras dimensiones de orden jurídico que no le dan garantías a los ciudadanos“.

“Tendrían que establecerse candados y otro tipo de mecanismos para recuperar la confianza ciudadana, porque de otra manera, en efecto, las consignas de orden electoral con Jueces a modo podrían verse materializadas de la noche a la mañana y eso vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos“, destacó.

La nueva facultad

La Ley de Investigación e Inteligencia crea una nueva facultad para la SSPC:

Art. 12, Fracción III.

“Solicitar a instituciones de seguridad pública y a entes públicos y privados, se permita la interconexión a sus sistemas de inteligencia en seguridad, así como el envío de información en cualquier registro administrativo que contenga datos como los vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros de propiedad, catastros, registros fiscales, de servicios financieros y bancarios, entre otros, que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia“.

Voto popular politiza el poder judicial

La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular compromete su independencia y llevará a la politización del poder judicial donde los aspirantes a esos cargos se verán obligados a alinearse con partidos políticos o ideologías, lo que impactará en sus decisiones judiciales que estarán influenciadas por la política y no por una interpretación objetiva de la ley.

• Así lo advirtió la ex magistrada federal, Martha Elizabeth Ibarra Navarrete, quien alertó que con esta reforma al Poder judicial que se perfila por parte de Morena y sus aliados, lejos de alcanzar el objetivo de democratizar el sistema de impartición de justicia, se pondrá en grave riesgo el estado de derecho en el país.
• “La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular no garantiza la profesionalización, imparcialidad e independencia que deben tener los impartidores de justicia en México”, estableció

La independencia judicial en México –agregó–es esencial para la justicia y el mantenimiento del estado de derecho.

• “Aunque la democratización de la elección de jueces y magistrados puede parecer una forma de aumentar la participación ciudadana, compromete la imparcialidad y calidad de la justicia y aplicación del derecho”, advirtió
• Recalcó que otro de los riesgos es al ser un sistema de elecciones populares, los entonces candidatos a jueces dependieron de donaciones y apoyos de grupos de interés para financiar sus campañas, lo que condicionó su imparcialidad y objetividad en sus resoluciones.

“Esto puede crear un sesgo hacia aquellos que financian sus campañas, comprometiendo su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”, sostuvo

• Eso sin contar que ese escenario abrirá camino a la falta de competencia, pues recordó que los jueces y magistrados deben poseer un alto grado de conocimiento y competencia en derecho, consideró la también especialista dedicada a la consultoría financiera y fiscal empresarial insistió en que
• “Las elecciones populares, sin un mecanismo adecuado para evaluar estas competencias, podrían resultar en la elección de jueces sin la preparación necesaria para manejar casos complejos o sensibles”, indicó

La jurista insistió en que de concretarse esta reforma se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de un estado de derecho que es, precisamente, la independencia judicial.

• “La neutralidad de nuestros juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan la certeza y seguridad de que cada caso será juzgado con total neutralidad y no conforme a intereses”, afirmó la jurista.

En cambio, afirmó, esos esfuerzos de mejora y de evolución deben enfocarse en proteger los derechos de los ciudadanos y en mantener la confianza pública en el sistema judicial, lo cual “es un baluarte que no puede ni debe comprometerse”.

Vulnerables

En este mismo contexto, la ex magistrada recalcó que con el sistema de elección que se propone, el poder judicial quedaría con una alta vulnerabilidad frente a la opinión pública pues los jueces deben tomar decisiones que, aunque impopulares, sean correctas según la ley y la justicia.

“La presión de la opinión pública en un sistema de elección popular podría llevar a los jueces a emitir fallos basados en lo que es popular, en lugar de lo que es legalmente correcto”, aseveró

Asimismo, recordó que un sistema judicial independiente contribuye a la estabilidad y predictibilidad del marco legal, lo cual es vital para el desarrollo económico y social. Inversionistas, ciudadanos y otras naciones pueden tener confianza de que en México los contratos serán respetados y los derechos protegidos, promoviendo así un entorno de plena certeza jurídica.

Elegir por voto popular a jueces, amenaza directa a la independencia judicial

La iniciativa de reformas constitucionales presentada por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, que contempló elegir por voto popular a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces, así como a magistrados federales, entre otras medidas, constituyó en una amenaza directa a la independencia judicial, pone en peligro los derechos de las minorías y es contraria a los estándares internacionales sobre la independencia e imparcialidad del poder Judicial, plantea un análisis elaborado por el Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados.

• En el informe titulado “Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”, subraya que las reformas incumplen las obligaciones internacionales que el país ha suscrito a través de diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y sobre independencia judicial.
• La iniciativa presentada por el exmandatario mexicano el 5 de febrero de 2024, contempló, además, reducir la duración en el cargo de ministros y magistrados; vincular sus salarios a los del Ejecutivo y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección también sería por votación popular.

De acuerdo con el informe, esas propuestas socavarían las bases fundamentales del Estado de derecho en México.

Señala que, aunque el derecho internacional no establece un mecanismo específico para la selección de jueces, sí reconoce una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse para garantizar un poder Judicial independiente, los cuales incluyen que los métodos de selección sean públicos, objetivos y justos, que se fundamenten en el mérito, particularmente en lo que respecta a las cualificaciones, la integridad, la capacidad, la eficiencia, la imparcialidad y la independencia, y que sean transparentes y accesibles.

• Refiere que tanto los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura como los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, establecen la integridad, la idoneidad y la formación o cualificación jurídica adecuada como elementos preponderantes en el nombramiento de los jueces.

Del mismo modo, añade, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han reconocido que la selección de juezas y jueces debe hacerse exclusivamente sobre la base del mérito personal y la capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia en el cargo que tengan en cuenta la naturaleza específica de las funciones a desempeñar.

• Llama la atención en que la iniciativa pretende reducir el mandato de ministros de la SCJN de 15 a 12 años; también reducir de nueve a seis años los mandatos para los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aquellos de las salas regionales.
• “Este mandato de seis años podría coincidir con el periodo presidencial de igual duración. En el caso de las y los magistrados y jueces de distrito, la reforma pretende aumentar el mandato de seis a nueve años con la posibilidad añadida, en los casos de reelección para términos sucesivos”.
• El análisis concluye que para asegurar el Estado de derecho en México y cumplir con las obligaciones internacionales sobre independencia judicial, resulta necesario garantizar que la selección de jueces se base en méritos y capacidades, y no en votaciones populares.

Asimismo, garantizar que el método de selección posibilite la emisión de fallos imparciales, fundamentados exclusivamente en hechos y normas jurídicas, y que dichas decisiones se encuentren resguardadas contra influencias externas, así como garantizar la estabilidad en el cargo con periodos de mandato suficientes e independientes del período del poder Ejecutivo, permitiendo la destitución solo por causas justificadas, previamente establecidas en ley y con suficientes garantías procesales, incluido el derecho a contar con un recurso de revisión judicial.

También recalca la necesidad de garantizar la independencia de la autoridad disciplinaria judicial, evitando el nombramiento de sus integrantes mediante votación popular y desvinculando sus periodos de mandato de los del poder Ejecutivo y garantizar la independencia y estabilidad económica del Judicial, sin vincular los salarios judiciales a los del ejecutivo u otros poderes con autoridad sobre su remuneración.

Experiencia internacional acusa inconvenientes

El documento incluye un apartado sobre experiencia comparada sobre elección de jueces.

Subraya que muy pocos países eligen a jueces por votación popular y solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para jueces de cortes con jurisdicción constitucional.

• Bolivia se convirtió, en 2009, en el único país latinoamericano en implementar la elección de jueces por voto popular.
• Según el análisis, la experiencia de las elecciones judiciales de 2011 y 2017 ha revelado problemas significativos.
• En ambas se ha observó que el proceso de preselección de candidatos estuvo influenciado por consideraciones políticas más que por méritos técnicos.

Además, el fracaso de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la preselección de candidatos idóneos ha generado descontento y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Asimismo, el alto porcentaje de votos nulos y en blanco, que constituyeron la mayoría de los votos, reflejó la desconfianza e incluso el desinterés de la ciudadanía en el sistema de elección por voto popular del funcionariado judicial, desvirtuando el argumento del origen democrático de las designaciones.

Destaca que la politización del proceso de selección ha llevado a una falta de transparencia y a la selección de candidatos que pueden no ser los más adecuados para el cargo judicial.

En el caso de Estados Unidos, refiere que como parte de su Sistema Federal de gobierno, esa nación tiene un poder Judicial federal y un poder Judicial estatal para cada uno de sus cincuenta estados. 39 estados eligen al menos a algunos miembros de este personal por votación popular y cerca de 90% de los jueces de los tribunales estatales se enfrentan a algún tipo de elección por votación popular.

• El problema es que las elecciones judiciales son objeto de un importante debate público en ese país, ya que los grupos de interés, los partidos políticos y los candidatos gastan cada vez más dinero en estas elecciones y destaca que la American Bar Association (ABA) se ha opuesto a las elecciones judiciales, advirtiendo del “efecto corrosivo del dinero en las campañas electorales judiciales, donde (los partidos) interesados en los resultados de los casos decididos por los jueces intentan comprar ventajas en la sala del tribunal influyendo en quién será juez en las urnas”.

Remarca que la ABA apoya desde hace tiempo los sistemas de “selección por méritos” para los jueces y juezas estatales, en los que son seleccionados de entre un grupo de candidatos cuyas cualificaciones han sido revisadas y aprobadas por un organismo independiente.

El Diálogo Interamericano es un centro de análisis e intercambio político que une a una red de líderes globales para promover la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe.

Elegir por voto popular a jueces no quitará la corrupción

La magistrada del Consejo de la Judicatura Federal, María Emilia Molina descartó, que la reforma al Poder Judicial beneficie a la población mexicana y ayude a erradicar los actos de corrupción.

• En el foro virtual de El Financiero, titulado la ‘Reforma Judicial, ¿a dónde va?’ la también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras aseguró que se debe analizar lo que pretende hacer la reforma debido a que esta no garantiza el acceso a la justicia.

“Elegir popularmente no va a beneficiar directamente a la población, ni mucho menos al derecho al acceso a la justicia, me parece que no va a quitar lo que hablan de corrupción, porque si fuera así con la votación popular no podríamos hablar de corrupción en los otros poderes”, comentó.

• Asimismo, argumentó que el Poder Judicial no tiene un distanciamiento con el pueblo, sino que la misma ciudadanía está rechazando la iniciativa de ley de la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se habla de que no hemos protegido a las personas más desfavorecidas y que se ha protegido a ciertos grupos de personas de alto poder, pero hay que recordar que el Poder Judicial no decide que asuntos resolver, las personas deciden si se van a juicio y deciden que temas proponen al Poder Judicial”, dijo.

• En cuanto a las empresas beneficiadas por jueces para no pagar impuestos, Emilia Molina aclaró que los asuntos que corresponden a créditos fiscales no están bajo el Poder Judicial sino en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Además, aseguró que los magistrados que conforman estas salas son propuestos por el Presidente de la República. “Habría que aclarar que, si los asuntos se atoran de alguna forma o se impugnan mucho, podría ser ahí (en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa), se van después a juicio de amparo o revisión fiscal cuando no le favorece la sentencia al sistema de hacienda”, explicó.

En este sentido, reiteró la necesidad de que en el país se instalen más órganos jurisdiccionales para poder atender a toda la población que va a los juicios.

“Lo cierto es que tenemos una carga excesiva de trabajo que tiene que ver con la falta de presupuesto para tener más órganos jurisdiccionales (…) Tenemos que mejorar la forma de comunicación del Poder Judicial, pero eso no quiere decir que nuestro trabajo sea alejado de la población, lo que no tenemos tal vez es una buena forma de comunicar lo que estamos haciendo, pero no podemos hablar de que el Poder Judicial en sí mismo no está cerca de la población”, expresó.

• Finalmente, señaló que la propuesta de López Obrador para que se elijan a personas recién egresadas de la licenciatura de Derecho para ocupar cargos en el Poder Judicial perjudicaría a la tribuna.

“Nosotros estamos buscando que la forma en que se elijan a jueces, magistrados y ministros sea con la mejor pulcritud. La forma en que está propuesta la iniciativa al Poder Judicial, perjudicaría. Debemos partir desde un análisis completo”, añadió.

Nuevos ministros tendrán que resolver casos contra reformas de la 4T

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por ministros y ministras, elegidos por la elección judicial tras la aprobación de la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, tendrán que resolver al menos 76 casos contra reformas de la 4T.

• De acuerdo con informes de El Universal, entre los mil 200 asuntos pendientes en la Corte, se encuentran al menos 76 controversias y amparos en contra de reformas presentadas por la llamada Cuarta Transformación.
• Dichos casos incluyen tanto reformas de la administración de López Obrador, como su sucesora – emanada de su mismo partido, Morena – Claudia Sheinbaum.
• El informe de El Universal indica que, hasta el 30 de junio, la Corte tenía un total de mil 151 asuntos: 685 se discutirían en el pleno, 331 en la Primera Sala y 112 en la Segunda Sala.

Todos deberán discutirse en el pleno a partir del 1 de septiembre, ya que la reforma judicial eliminó el funcionamiento de las salas.

De los mil 151 pendientes en la Corte, 76 serían relaciones a controversias y amparos contra reformas de AMLO y de Claudia Sheinbaum.

Esto incluye, el aumento de facultades para la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), actualmente ocupada por Guadalupe Taddei, quien anteriormente fue señalada por tener nexos con políticos de Morena.

También se encuentran las impugnaciones de organizaciones civiles y partidos de oposición por la creación del Sistema de Salud del Bienestar y la reforma al ISSSTE en materia de créditos de vivienda.

Entre los pendientes más polémicos están:

• Eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
• Creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno – con más funciones y facultades de las que poseía la Secretaría de la Función Pública –.
• Participación de las Fuerzas Armadas en tareas de telecomunicación y control del espacio aéreo.
• Controversias en contra del Plan B de AMLO, paquete de reformas político-electorales
• Creación del Banco de ADN para uso forense
• La declaración del litio y otros minerales como bienes de utilidad pública
• El caso contra Ricardo Salinas Pliego y Elektra por crédito fiscal y adeudos al SAT

Cuando asuman funciones, el próximo 1° de septiembre, la nueva Corte deberá atender:

• 194 acciones de inconstitucionalidad, 31 amparos directos, 216 amparos directos en revisión, 133 amparos en revisión, 275 controversias constitucionales y 65 contradicciones de criterio.

Entre otros asuntos, también deberán resolver ocho declaratorias de inconstitucionalidad, 53 recursos de reclamación, 50 incidentes de inejecución de sentencias y 17 impedimentos./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro a continuación:

https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2024/05/ES_Informe-Mexico_Independencia-Judicial.pdf