TEXTO ÍNTEGRO: El ESTADO de DERECHO enfrenta GRAVE DETERIORO en países de LATINOAMÉRICA Punto Por Punto

El panorama de derechos humanos en Latinoamérica “es uno de los peores de los últimos años“, según dijo en 2023 la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, al presentar el informe de la situación en la región y en el mundo en 2022.

“Ha habido un gravísimo deterioro del estado de derecho a nivel regional“, dijo Taraciuk, y puso varios ejemplos: “Ataques directos y frontales contra sistemas electorales, contra el Poder Judicial, contra la prensa independiente y contra la sociedad civil«, no solo por parte de las dictaduras, sino también de «líderes elegidos democráticamente, que ponen así en riesgo los pilares de la democracia».

Si bien ha habido señales de «resiliencia democrática» en forma de elecciones que ponen fin a regímenes altamente autoritarios (Honduras o Brasil), o con decisiones de tribunales que han paralizado decisiones de algunos gobiernos, “han sido victorias pírricas“, argumentó.

Corrupción e inseguridad

Por toda la región se palpa «un gran descontento popular por la pobreza, la corrupción y la inseguridad«, un caldo de cultivo que es aprovechado por «políticos populistas que llegan al poder y no quieren o pueden enfrentar estos problemas (pero) restringen derechos».

“Se impone la narrativa de un líder salvador que solucionará problemas“, recalcó la responsable de HRW, quien recordó que “la solución es más democracia, y no menos“.

Los desafíos “crónicos“de la región son “enormes“, y entre ellos citó la pobreza (un tercio de la población latinoamericana vive en la pobreza), el desigual reparto de la riqueza (un 20% de la población acapara la mitad de los ingresos globales), la amenaza climática y la deforestación, más los altos niveles de violencia en toda la región, exacerbados en algunos países como Haití.

La suma de todos estos problemas ha producido un éxodo de millones de personas que escapan de la violencia o la pobreza, especialmente grave en el caso de Venezuela y de la región centroamericana en general, además de Cuba y Haití.

Human Rights Watch asegura que, a pesar de las políticas implementadas durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, se fueron cometiendo violaciones a derechos humanos y delitos en contra de la población, los cuales han alcanzado “niveles históricos”

• De acuerdo con el reporte, durante ese sexenio “miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 105,000 se consideraban desaparecidas en el mes de septiembre. La mayoría desaparecieron después de 2006. México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos”.

“Los niveles de delitos violentos han alcanzado picos históricos durante la presidencia de López Obrador. En 2021, se registró una tasa de 28 homicidios cada 100,000 personas.
Cerca del 90 % de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16 % de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2021, según el organismo oficial de estadísticas”, menciona el apartado de México.

• Dividido en 12 apartados, el informe refiere que en el sistema de justicia penal no ha evitado que los policías, fiscales y soldados recurran a la tortura para obtener confesiones y abusos contra personas señaladas por delitos, por lo que “el sistema de justicia habitualmente no asegura las garantías de debido proceso”.

“Los jueces están obligados por ley a dictar la prisión preventiva de las personas procesadas por una amplia variedad de delitos, sin evaluar las circunstancias del caso, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Cerca del 85 % de quienes fueron enviados a prisión en 2020 no habían sido condenados por ningún delito», según un análisis de datos oficiales que realizó la organización de derechos humanos Intersecta. En 2019, el Congreso, controlado por el partido de López Obrador, amplió la lista de delitos que requieren de prisión preventiva obligatoria.

Además, menciona el reporte de Human Rights Watch, las cárceles son insalubres y sobrepobladas. Los agentes del Ministerio Público siguen empleando el mecanismo de arraigo, una figura legal que les permite obtener autorización judicial para detener a cualquier persona por hasta 40 días sin presentar cargos por ningún delito, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.

Tortura

Según Human Rights Watch, en el caso de tortura, el último corte de información realizado en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38 % manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado.

“El uso de pruebas obtenidas mediante tortura en los procesos penales se encuentra prohibido. Sin embargo, muchos acusados enfrentan obstáculos y demoras para demostrar que fueron torturados, lo cual limita la eficacia de la prohibición. Una ley adoptada en 2017 exige que el fiscal general de la república establezca un registro para el seguimiento de las denuncias de tortura. En diciembre de 2022, la fiscalía puso el registro en línea y comenzó a publicar datos preliminares”.

Abusos militares

 En el apartado, el documento indica que los abusos de militares se juzgan tribunales militares, principalmente a partir de año pasado, cuando el Congreso modificó la ley para que los soldados estén sujetos al fuero militar en lugar del fuero civil, aun cuando realizan actividades de seguridad pública civil.

“Hasta diciembre, había seis casos ante la Suprema Corte de Justicia, presentados por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición, en los que se impugnaba como inconstitucional la intervención de militares en tareas de seguridad pública civil”.

Desapariciones

 En el caso de las desapariciones, el informe de Human Rights Watch, asegura que, al menos 105 mil personas están registradas como desaparecidas en México, según estadísticas oficiales. Las autoridades creen que el número real sería mayor.

“Casi mil han desaparecido desde el comienzo de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006. Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 36,000 personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia”.

El apartado sobre México, menciona que, en abril de 2022, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó el informe sobre su visita a México, que fue su primera visita a un país. El comité criticó a los funcionarios mexicanos por su “actitud pasiva” ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la “impunidad casi absoluta” por estos delitos. Al momento en que se publicó el informe, solamente había 36 sentencias por desaparición forzada.

Ataques contra periodistas y defensores

En las agresiones contra periodistas, el documento menciona que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre de 2022, 15 periodistas fueron asesinados. En la primera mitad de 2022, Artículo 19 registró 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. Muchos periodistas recurren a la autocensura”.

“Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas. Desde su creación en 2010 hasta septiembre de 2022, la fiscalía especial federal para la atención de delitos contra periodistas había iniciado 1,552 investigaciones y obtenido 32 sentencias condenatorias, incluyendo siete por homicidio. La gran mayoría de las sentencias se obtuvieron después del nombramiento, en 2017, del fiscal especial actual”.

Derechos de mujeres y niñas

 Según la información, a pesar de la legalización del aborto, muchas personas siguen enfrentando numerosos obstáculos al intentar acceder al beneficio, además que, durante este sexenio, hasta 2021, tres mil 700 mujeres fueron asesinadas de forma violenta.

“En 2022, varios estados legalizaron el aborto. Al mes de noviembre, eran once los estados que permitían el aborto por cualquier motivo hasta al menos las 12 semanas de gestación. Todos los estados permiten el aborto en casos de violación sexual. En 2021, el gobierno informó que se habían producido aproximadamente 3,700 asesinatos de mujeres. De este total, la cuarta parte se consideraban femicidios, es decir, asesinatos perpetrados contra mujeres por su género. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no se informen todos los casos de femicidios”.

Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la lista negra de violaciones de DDHH

Cuba, Venezuela y Nicaragua permanecen con acciones gubernamentales graves, según el informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el día 08 de mayo.

Es una «radiografía de la situación de derechos humanos en todos los países de la región» con «tendencias regresivas» en el ámbito de la «independencia judicial, la institucionalidad democrática, las persecuciones de defensores de los derechos humanos, políticas migratorias o el uso de la violencia por policías y militares», comentó Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH .

• En Cuba la CIDH «no observa una mejoría» y llama al gobierno castrista a «prohibir las detenciones ilegales o arbitrarias».
• La Comisión también mira con lupa Nicaragua, donde persisten «las detenciones arbitrarias para reprimir cualquier postura de oposición» en un contexto de «completa ausencia de un sistema de justicia imparcial», denuncia.
• A Venezuela dedica un largo capítulo en el que denuncia las condiciones en las que se celebraron la campaña electoral y las elecciones del 28 de julio de 2024.

«Las circunstancias que rodearon esta elección configuran, a todas luces, una alteración del orden constitucional», señala.

El gobierno del mandatario Nicolás Maduro llevó a cabo «una estrategia planificada dirigida a desalentar la participación política de la oposición, impedir el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva y reprimir las protestas sociales», añade.

Guatemala, sale de la lista negra

La CIDH, un órgano independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), retiró a Guatemala del capítulo IV.B, un apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.

Sale en parte porque el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, quien asumió el cargo en enero de 2024, ha permitido a la CIDH visitar el país.

«Cuando es así la Comisión le da una oportunidad para mejorar la relación y tener un dialogo más productivo» pero «sigue teniendo serios problemas de institucionalidad democrática», explicó la vicepresidenta.

La CIDH incluye a Perú en el capítulo V, el apartado de países que sigue de cerca para verificar si cumplen con sus recomendaciones. También lo integran Brasil, El Salvador y México, que ya figuraban en el pasado.

Cuba ejerce represión y EU lo sanciona

Al menos 253 acciones represivas se registraron en junio en Cuba contra la población civil, de las cuales 61 fueron detenciones arbitrarias y 192 otros abusos, denunció este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

• Entre las principales violaciones se cuentan sitios de viviendas de activistas, abusos contra presos políticos, amenazas y hostigamientos.
• Las mujeres son las más perjudicadas por la represión de las autoridades, con más de la mitad de los casos.

La Habana, Matanzas, Villa Clara y Holguín fueron las provincias con mayor cantidad de acciones represivas.

“Es urgente prestar atención a la situación de los derechos humanos en Cuba. El régimen cubano incrementa la presión contra los ciudadanos y sigue sin ofrecer soluciones a los graves problemas del país”, denunció el OCDH.

Y añadió: “La solución para Cuba es la que plantearon los obispos cubanos en su más reciente mensaje, y no la pobreza y represión que ofrece el régimen”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dijo que “con desesperanza y sin alegría no hay futuro para ningún pueblo”.

“La realidad dolorosa y apremiante que experimentamos pide no quedarnos únicamente en los análisis, descripción de los problemas y sus múltiples causas”, sostuvieron; al tiempo que acotaron que, por ello, son necesarios “cambios estructurales, sociales, económicos y políticos”.

“Los datos que hoy denunciamos corresponden a junio. Sin embargo, queremos alertar que desde inicios de julio estamos observando un agravamiento de la represión en respuesta al clima de gran descontento social», concluyó el informe.

Por su parte, la plataforma independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró en junio 74 denuncias relacionadas con personas encarceladas en la isla, de las que 58 implicaron violaciones a sus derechos.

Esta ONG, con sede en México, reportó denuncias provenientes de 29 prisiones y centros de detención en 13 provincias.

Los incidentes de violación con mayor frecuencia fueron el hostigamiento o represión (38 casos), la negación de asistencia médica (15), condiciones precarias de vida en prisión (14), y problemas relativos a la alimentación (11).

• El informe del CDPC sobre la situación de las prisiones cubanas identificó al menos a 47 personas reclusas (40 hombres y 7 mujeres) como víctimas directas de estas violaciones. Además, citó 10 denuncias que documentaron afectaciones que impactan a la totalidad de la población penal en ciertos establecimientos penitenciarios.
• Señaló que los grupos más vulnerables fueron las personas presas por razones políticas, los opositores políticos y quienes viven con enfermedades crónicas.
• Entre las prisiones con mayor número de incidencias, destaca el Combinado del Este y la 1580 (ambas localizadas en La Habana), así como las de Quivicán, Guanajay y Agüica (en las provincias de Mayabeque, Artemisa y Matanzas, respectivamente), y la de Mar Verde en Santiago de Cuba.

La CDPC precisó que en junio las personas más afectadas por violaciones a sus derechos fueron los presos políticos José Daniel Ferrer García, Jorge Bello Domínguez y Roberto Pérez Fonseca, recluidos en las prisiones Mar Verde, Guanajay y Quivicán, respectivamente.

Sobre el caso de José Daniel Ferrer, líder de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), denunció que “fue golpeado en dos ocasiones por supuestos reclusos comunes al servicio de la seguridad del Estado”.

El informe también mencionó la muerte del recluso Lázaro Vasco Francisco en la prisión 1580, y señala que ocurrió “en circunstancias poco claras”.

El documento recogió denuncias sobre “deplorables condiciones materiales de reclusión” respecto a la higiene, la escasez y contaminación de agua, la presencia de enfermedades contagiosas como la escabiosis, plagas de chinches y una alimentación insuficiente, mal balanceada y en mal estado, lo que ha contribuido al deterioro nutricional y al aumento de enfermedades gastrointestinales.

También apuntó que entre las formas de protesta documentadas figuran la huelga de hambre, los intentos de suicidio y las autolesiones, con cuatro casos registrados, dos de ellos con resultado fatal

EU sanciona al presidente de Cuba Díaz-Canel

Estados Unidos sancionó al presidente Miguel Díaz-Canel «por su participación en graves violaciones de derechos humanos», al cumplirse cuatro años de históricas protestas antigubernamentales.

• El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a las calles al grito de «Tenemos hambre» y «Abajo la dictadura» en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959 que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
• Ese día, en un mensaje televisado, Díaz-Canel dio «la orden de combate» para que cubanos afines al gobierno salieran a plantar cara a los manifestantes. Estados Unidos siempre ha condenado la respuesta del gobierno cubano a las protestas.

Trump firmó un memorando a finales de junio para blindar su política de mano dura hacia Cuba. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó este viernes que «toma medidas para implementar» esta política.

En solidaridad con el pueblo cubano y los presos políticos de la isla» Estados Unidos restringe la entrada en territorio estadounidense a «líderes clave del régimen» por «su participación en graves violaciones de derechos humanos», escribe.

Incluye al máximo dirigente, Díaz-Canel, que también encabeza el Partido Comunista, y a dos ministros: el de Defensa, Álvaro López Miera, y el de Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

• Washington también restringe las visas a «numerosos funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos responsables o cómplices de la detención injusta y la tortura de los manifestantes de julio de 2021», afirma el comunicado sin mencionar sus identidades. Las sanciones irritaron al canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Según Estados Unidos aún hay 700 personas encarceladas por las manifestaciones de julio de 2021 que son sometidas «a tortura o abusos», mientras que organizaciones de derechos humanos las sitúan entre 360 y 420.

• El jefe de la diplomacia estadunidense Marco Rubio, acusó a Cuba de torturar al disidente José Daniel Ferrer, exigió una «prueba de vida inmediata» y pidió «la liberación de todos los presos políticos».
• Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), formó parte de los 553 presos liberados en enero como parte de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano después de que el expresidente estadounidense Joe Biden aceptara retirar a la isla de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo.

Pero a finales de abril le revocaron la libertad condicional, lo que provocó protestas de Washington, que ha vuelto a incluir a la isla en la lista negra desde que Trump regresó al poder en enero.

En la misma plataforma la familia del conocido disidente ha denunciado torturas. «Torturado hasta el límite. Cada día puede ser el último», escribió su hermana Ana Belkis Ferrer. Cuenta que su esposa, Nelva, lo visitó el 8 de julio en prisión.

Estaba visiblemente golpeado, con múltiples chichones en la cabeza, hematomas por todo el cuerpo, el oído izquierdo reventado, la garganta lastimada, heridas en la boca, debilitado y con un dolor extremo», relata la hermana.

Según ella, la dirección del centro penitenciario ordenó que «13 reclusos usados como sicarios» le dieran una paliza.

• Lo golpearon con saña. Le introdujeron un palo en la boca, le colocaron un embudo, le apretaron la nariz y lo forzaron a tragar una sopa podrida. Le dijeron que si la vomitaba, le harían tragarse su propio vómito», añade.
• El Departamento de Estado actualizó además la lista de lugares restringidos de Cuba y la prohibición de alojamientos «para incluir 11 propiedades vinculadas al régimen».
• Incluye la «Torre K», un hotel de 42 pisos de La Habana, «para evitar que dólares estadunidenses financien la represión del régimen cubano», escribió Rubio.

Este establecimiento, inaugurado recientemente en una zona céntrica de la capital cubana, ha generado fuertes críticas por la enorme inversión que ha hecho el gobierno en hoteles nuevos cuando el turismo es cada vez menor.

«Mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, agua, medicamentos y electricidad», dice Rubio, «el régimen despilfarra dinero».

Impunidad ante las violaciones de Derechos en Venezuela permanece

Amnistía Internacional (AI) denunció que la “impunidad” por las “violaciones” de derechos humanos prevaleció en Venezuela tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se desataron protestas luego de que la oposición mayoritaria denunciara fraude en la proclamación de Nicolás Maduro como mandatario reelecto.

“La impunidad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada”, señaló AI, en un informe correspondiente al año 2024.

• El documento señaló que las protestas tras las presidenciales “se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales”.
• AI indicó que en 2024 “se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad” y que, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, “al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental a las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro”.

“Dos de las víctimas eran menores de edad. Según informes, también perdió la vida de forma violenta un policía. Todas las muertes, menos una, se produjeron por heridas de bala”, apuntó AI y agregó que organizaciones de derechos humanos responsabilizaron de estos hechos a cuerpos de seguridad del Estado y a “grupos armados civiles progubernamentales”.

Igualmente, aseguró que había 221 mujeres que seguían arrestadas en diciembre pasado.

Las detenciones masivas, aseguró AI, se llevaron a cabo “sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales”. La Fiscalía, por su parte, acusa a los arrestados de varios delitos.

Los detenidos, agregó, eran obligados a recibir “asistencia letrada de oficio que carecía de independencia” y sus familiares “pasaban días sin obtener información sobre su paradero, aun cuando se tratara de menores de edad”.

También advirtió que las personas detenidas fueron “presuntamente torturadas” y que las condiciones de reclusión “siguieron deteriorándose”.

• Según el informe, en 2024 los periodistas “seguían corriendo peligro de detención arbitraria y hostigamiento, y el Gobierno persistió en sus intentos de dificultar la labor de los medios de comunicación independientes”.
• Por otra parte, detalló que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación reportó, en febrero de 2024, que casi el 82% de la población venezolana vivía en pobreza y el 53% estaba expuesta “a la pobreza extrema, al carecer de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica”, valorada para el cierre de ese año en 498,47 dólares estadounidenses, mientras que el salario mínimo mensual era de solo 2,36, de acuerdo con AI.
• La ONU alertó entonces -prosiguió AI- que las mujeres se veían “desproporcionadamente” afectadas por la pobreza alimentaria, ya que a menudo eran las cuidadoras de sus familias y comunidades mientras trabajaban por un salario, algunas “recurrían al intercambio de sexo por alimentos”, en tanto que las embarazadas y lactantes “corrían especial peligro de desnutrición”.

De igual forma, destacó que, durante el primer semestre de 2024, la ONG Centro de Justicia y Paz documentó 58 feminicidios.

En cuanto a la comunidad LGTBI, alertó que sus derechos “seguían sin atenderse”.

En relación al medioambiente, AI llamó la atención sobre el impacto de la minería ilegal en la vida, salud y supervivencia del pueblo indígena Yanomami, especialmente en el Arco Minero del Orinoco -ubicado en amazónicos Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas-, según alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y apuntó que los derrames de petróleo en la refinería El Palito, en el estado de Carabobo (norte) “tuvieron consecuencias graves para la fauna marina”.

ONU identifica a 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, publicó su anticipada lista de 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, copresidentes desde la reforma constitucional de febrero.

• La lista, parte de un informe de 233 páginas que incluye organigramas sobre el sistema represor del régimen, también incluye autoridades como el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, o el director general de la policía, Francisco Díaz.
• La fiscal general, Ana Julia Guido; la procuradora general, Wendy Morales; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el responsable de inteligencia, Zhukov Serrano o el secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Fidel Moreno, son otros nombres mencionados en la lista.
• Las 54 personas citadas, según el grupo de expertos, habrían desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y de medios de comunicación, así como otros delitos que en algunos casos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.

«Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores», señaló en un comunicado, al presentarse la lista, el presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon.

Ello «pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo», agregó el jurista alemán.

El nuevo documento «es una hoja de ruta para la justicia», y estados, fiscales e instituciones internacionales «ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas», agregó el húngaro Reed Bródy, quien completa el grupo junto a Simon y a la uruguaya Ariela Peralta.

La lista se publica semanas después de que el grupo de expertos ya presentara ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 28 de febrero, otro informe en el que denunciaba múltiples abusos del régimen nicaragüense.

La lista se envió con antelación al gobierno nicaragüense

En aquel entonces, los expertos adelantaron que darían los nombres de los responsables en los últimos días de la actual 58ª sesión del Consejo de Naciones Unidas, que finaliza este viernes 4 de abril, dando a los incluidos en la lista unas semanas para responder, aunque en el informe se indica que ninguno lo ha hecho.

• Nicaragua incluso se retiró del Consejo de Derechos Humanos el 27 de febrero, mes en el que también anunció su abandono de agencias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
• El grupo de expertos, creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2022 para investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018, ha elaborado el nuevo informe con datos obtenidos en 1.631 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes.

El documento reitera, como otros anteriores, que Ortega y Murillo «controlan todos los poderes e instituciones del Estado», algo que han consolidado mediante una represión generalizada y una extensa red de vigilancia e inteligencia que incorpora estructuras políticas del FSLN y grupos armados progubernamentales para silenciar la oposición.

Los tres expertos reiteraron su llamamiento a que la comunidad internacional tome medidas urgentes y concretas frente a los abusos de las autoridades nicaragüenses, incluyendo acciones legales, sanciones y mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro a continuación:

https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/IA2024_SPA.pdf