Masacres de El Aro y La Granja: abogado del cerebro financiero de Carlos Castaño desestima la confesión de los hermanos Angulo Osorio ante la JEP Infobae
Las revelaciones ante la JEP de los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, ganaderos de Ituango, han reactivado el debate sobre la responsabilidad de los financiadores de los crímenes cometidos por los paramilitares en 1996 y 1997, especialmente en relación con la masacre de El Aro, y otros episodios de violencia que dejaron un saldo de 24 campesinos asesinados.
El centro de la discusión involucró recientemente una cara conocida de los asuntos judiciales: Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, figura clave en la estructura financiera de los hermanos Castaño durante los años noventa y cuyo “centro de operaciones” era el Parqueadero Padilla, como se llamaba la oficina que llevaba a la mano la contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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“Cuando ‘Lucas’ no mandaba dinero a los paras en Ituango, yo le entregué 10 millones a alias Junior, el paramilitar en Ituango que seguía órdenes de (Salvatore) Mancuso”, relató Francisco Angulo ante los magistrados de la JEP en febrero de 2025 en relación con la masacre de El Aro, perpetrada en octubre de 1997.
El historial judicial de alias Lucas no es reciente: en enero de 2024, el Tribunal Superior de Medellín lo condenó a 40 años de prisión por su participación en el asesinato de tres investigadores del CTI de la Fiscalía. Estos funcionarios, Manuel Guillermo López Umaña (5 de septiembre de 1997), John Jairo Ruiz (14 de marzo de 1998) y Luis Fernando González (13 de abril de 1998), indagaban sobre las finanzas y los patrocinadores del narcoparamilitarismo en Antioquia.
La sentencia se dictó en segunda instancia y, según informó el abogado de alias Lucas a El Espectador, en septiembre de 2024 se presentó una impugnación ante la Corte Suprema con el objetivo de revocar el fallo.
Abogado de “Lucas” no cree en las acusaciones
La defensa de “Lucas” ha respondido con escepticismo a las acusaciones: su abogado, Jorge Rodríguez, sostuvo ante el citado medio que los señalamientos de los Angulo carecen de sustento probatorio y que no aportan elementos nuevos que vinculen a su cliente con la entrega de fondos a los paramilitares responsables de las masacres de 1996 y 1997 en Ituango.
Según el defensor, los hermanos Angulo nunca habían mencionado a Lucas en declaraciones previas ante otras autoridades y solo lo hacen ahora “para ser aceptados por la JEP, la cual busca aportes novedosos de verdad”.
Rodríguez calificó las afirmaciones como vagas y carentes de concreción, y subrayó que, al contrastar los expedientes, no se encuentra ninguna referencia anterior a “Lucas” en este contexto. Además, recordó que en 2017, alias Junior declaró ante la Fiscalía que no recordaba haber recibido recursos de Jacinto Alberto Soto, lo que, a su juicio, debilita la versión presentada por los Angulo.
El contexto en el que ocurrieron estos crímenes revela la profundidad de la infiltración paramilitar en las instituciones del Estado. Los asesinatos de los tres investigadores, junto con los de otros nueve miembros del CTI, se produjeron en una época en la que los paramilitares habían logrado penetrar a la fuerza pública, la propia Fiscalía, sectores políticos y otros ámbitos de la sociedad.
En ese periodo, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, ejercía el control de la Oficina de Envigado tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993. A pesar de la gravedad de las acusaciones, alias Lucas ha intentado minimizar su papel dentro de las Autodefensas al sostener ante las autoridades que su función se limitaba a la de un “mandadero” sin capacidad de decisión para ordenar asesinatos.
No obstante, la Fiscalía sostiene que su implicación fue mucho más relevante, especialmente en la planeación de homicidios ejecutados por la banda La Terraza. A este grupo se le atribuyen los asesinatos de figuras como Jaime Garzón, el abogado Jesús María Valle —que denunció las masacres de Ituango—, Mario Calderón y Elsa Alvarado.
Por su papel logístico, la Fiscalía también lo vinculó, a principios de agosto de 2022, al juicio por la masacre de nueve personas en Coredó en 1996. Según la defensa, este proceso se encuentra en la fase de audiencias previas al juicio.
No obstante, su recaptura en abril de 2021 marcó un nuevo capítulo en su trayectoria judicial. Las autoridades consideran que su influencia en la estructura paramilitar fue determinante, no solo en la financiación, sino también en la coordinación de acciones violentas que impactaron de manera profunda a la sociedad antioqueña.
