Delincuentes o sistema político: ¿qué está entregando Sheinbaum a Trump? MPV

Cuando la línea entre justicia y política se difumina, el costo lo paga la soberanía nacional.

En la última semana, el gobierno de Claudia Sheinbaum volvió a entregar a Estados Unidos un grupo de más de veinte narcotraficantes y miembros de la delincuencia organizada. No se trató de un procedimiento de extradición, con sus etapas jurídicas y garantías procesales, sino de expulsiones sumarias, justificadas en el supuesto grado de peligrosidad que estos reos representaban para el sistema penitenciario mexicano.

La diferencia no es menor. Una extradición implica tribunales, abogados, derechos y, en suma, el reconocimiento de que el Estado mexicano puede procesar y encauzar legalmente a un delincuente. En cambio, la expulsión revela otra cosa: incapacidad o, al menos, desconfianza en las propias instituciones de seguridad y justicia.

Sheinbaum ha insistido en que México no será “la piñata de Estados Unidos” y que cualquier entrega de criminales responde a una “decisión soberana”. Sin embargo, en el terreno de los hechos, el gesto puede leerse como lo contrario: una claudicación política frente a la delincuencia organizada y, al mismo tiempo, un acto de complacencia con la Casa Blanca.

Y es que no podemos olvidar que el presidente Donald Trump ha sido categórico: “México y Canadá hacen lo que Estados Unidos dice”. La frase, que muchos quisieron ver como bravuconería, hoy resuena con fuerza porque deja mal parada a Sheinbaum en su supuesta defensa férrea de la soberanía. Si México entrega a quienes no puede controlar, ¿es un acto de autoridad o un reconocimiento de debilidad?

La detención de Ovidio Guzmán, el secuestro y entrega de “El Mayo” Zambada y ahora este nuevo paquete de capos no son solo noticias policiales. En realidad, son piezas de un ajedrez más grande. Con cada reo que cruza la frontera, Estados Unidos obtiene información estratégica sobre el narcotráfico y su infiltración en las estructuras de gobierno mexicanas.

No se trata únicamente de nombres o rutas de trasiego. Son datos que revelan complicidades en cargos de alto nivel, pero también en las oficinas menores, en las aduanas, en los sistemas financieros que facilitan el blanqueo de activos. Todo ello, convertido en una moneda de presión política que Washington puede utilizar a su antojo.

Así, la cooperación en materia de seguridad se convierte en un delicado equilibrio: México parece entregar carne de cañón, mientras Estados Unidos acumula fichas para condicionar futuras negociaciones en temas tan diversos como migración, comercio o inversión.

Otro ejemplo que desnuda esta tensión es el episodio reciente en Valle de Bravo, donde ciudadanos captaron un dron norteamericano sobrevolando el territorio. Primero, la presidencia mexicana negó cualquier intromisión. Después, el secretario de la Defensa, Omar García, aceptó que sí pertenecía a Estados Unidos, pero “con el permiso de México” como parte de la cooperación bilateral.

La contradicción es evidente. Por un lado, el discurso oficial asegura que jamás se permitirá la intervención de fuerzas extranjeras. Por el otro, los hechos confirman que ya existe infraestructura militar norteamericana operando en suelo mexicano, aunque se maquille como “colaboración técnica”.

Aquí se abre la pregunta de fondo: ¿qué está entregando realmente el gobierno de Sheinbaum a Trump? ¿Delincuentes que desestabilizan al país o un sistema político que se muestra incapaz de garantizar justicia en su propio territorio?

La verdad es que la narrativa oficial choca con la percepción ciudadana. México dice defender su soberanía, pero actúa de manera que refuerza la dependencia y el sometimiento. Trump, con su estilo brutal, lo resumió en una frase que duele admitir: los gobiernos vecinos hacen lo que Washington dicta.

El dilema es claro: si la estrategia de expulsión busca proteger al país de criminales peligrosos, entonces México debería acompañarla con una política firme de fortalecimiento institucional. Pero si se limita a ceder prisioneros sin reformar cárceles, policías y tribunales, el mensaje es otro: Estados Unidos es quien de verdad administra la justicia para los grandes capos.

Y en ese escenario, lo que se está entregando no son únicamente delincuentes. Se está entregando, poco a poco, la credibilidad del sistema político mexicano.