Cabeza de Vaca, cosechando privilegios Periódico Correo

1.- Cabeza de Vaca, cosechando privilegios

Si el gobierno estatal destinó recursos millonarios a supuestas iniciativas empresariales que en realidad consolidaron negocios personales —como ocurrió con la Concamin Bajío—, ¿por qué no apoyar también a los de casa? Eso fue exactamente lo que pasó con el exsecretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Appendini. De experto en seguridad pasó a convertirse en productor agrícola.

A solo tres meses de dejar el cargo, la administración estatal anterior lo premió con un apoyo de 3.2 millones de pesos para su empresa Picolissima S.P.R. de R.L. de C.V., propiedad que comparte con su esposa, Ana Geraldine Franco Padilla.

En realidad, este “apoyo” fue el financiamiento de un negocio particular. De los 3.8 millones de pesos destinados a desarrollar su emprendimiento en la producción de pimiento morrón, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) —hoy Secretaría del Campo— cubrió el 85% de la inversión. La empresa solo aportó el 15% restante.

Si el exfiscal general Carlos Zamarripa Aguirre modificó estatutos internos para asegurarse un retiro dorado, el otro integrante del “dúo dinámico” recibió un millonario impulso para explorar su nueva faceta como empresario del campo.

Los recursos se entregaron con el aval del subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria, Rodolfo Alejandro Ponce Ávila, y del director de Innovación Tecnológica Agrícola, José Francisco Becerra Verdín. Ambos, por cierto, siguen en funciones en el llamado Nuevo Comienzo.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato prohíbe que un funcionario o exfuncionario se beneficie con contratos o financiamiento del mismo gobierno en el que trabajó. La intención es evitar lo que aquí se consumó: conflicto de interés, abuso de poder, posible desvío de recursos y tráfico de influencias.

Cabeza de Vaca dejó la seguridad estatal con un Guanajuato entre los estados más violentos del país. Pero, en paralelo, cultivó —literalmente— un negocio próspero. El pimiento morrón que tiene como principales destinos Estados Unidos y Canadá es de las hortalizas más rentables. Con este apoyo millonario, lo será aún más, sobre todo si consideramos que fue el erario el que prácticamente financió su negocio.

Un invernadero de privilegios, regado con recursos de todos.

2.- Programas sociales: ¿alivio momentáneo o solución real?

El INEGI reporta que entre 2022 y 2024, en Guanajuato salieron de la pobreza 430 mil 856 personas. La entidad se colocó como la cuarta con mayor reducción a nivel nacional. En dos años, la pobreza general cayó del 33% al 26% de la población; más de 94 mil personas dejaron la pobreza extrema y otras 336 mil superaron la pobreza moderada. Además, 239 mil guanajuatenses accedieron a seguridad social.

Los números son tan vistosos que, en la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo, y en el gobierno federal hay motivos para celebrar. El impacto de los programas sociales fue determinante: solo entre 2022 y 2024, la pobreza se redujo 8% a nivel nacional, y en Guanajuato el efecto fue similar: menos 7 puntos porcentuales. Como reporta Periódico Correo, “a tarjetazos” ambas administraciones lograron este descenso.

Pero hay un matiz que no conviene perder de vista: la sostenibilidad de estos a largo plazo. El INEGI calcula que, sin considerar el efecto de los apoyos sociales —segunda fuente de ingreso per cápita después del trabajo—, la pobreza multidimensional alcanzaría el 32.8% de la población. Considerándolos, como se hace, la pobreza multidimensional a nivel nacional es del 29.6%. El efecto es de 3.2%.

La principal fuente de ingreso sigue siendo el trabajo, donde también tuvieron un impacto positivo los aumentos en el salario mínimo. Sin embargo, volviendo a lo local, el ingreso per cápita en Guanajuato es de 6 mil 961 pesos mensuales, por debajo de la media nacional. Una cifra que choca con el discurso de la entidad como “potencia económica”. Potencia, sí… pero ¿para quién?

Y si bien hay menos carencias, no han desaparecido otras brechas: Guanajuato ocupa el séptimo lugar nacional en rezago educativo. Además, los hogares gastan 40% más en salud que antes, lo que revela que parte del ingreso adicional se destina a cubrir vacíos en servicios públicos esenciales.

Reconocer el avance no significa ignorar que el cambio de fondo requiere algo más que programas de asistencia: un desarrollo económico vigoroso, sostenido y localmente inclusivo. Hoy, las cifras permiten presumir que hay menos pobreza, pero también obligan a preguntarse cuánto de ese alivio es duradero y cuánto es solo una fotografía momentánea.

3.- No cesarán operativos contra piratería

Quedará para el anecdotario del pensamiento mágico mexicano el intento de algunos productores de piratería por solicitar su “legalización”. La postura del gobierno estatal ya quedó fijada: lo obvio. No hay cabida para eso. Sin embargo, se anticipó que se buscarán esquemas de apoyo para quienes deseen migrar hacia la industria formal, desarrollar sus propias marcas y abandonar la producción apócrifa.

Hay talento, aseguró el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, pero también hay reglas claras: “No es posible legalizar la piratería, ni quitarla del Código Penal u otorgar permisos, pues se trata de derechos de empresas que invierten mucho en diseños, marcas y publicidad”.

Autoridades federales ya lo habían dicho y ahora lo señalaron desde Guanajuato. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon fue contundente: no habrá tolerancia ni freno a los operativos contra la producción de piratería.

Como ya se había dicho en esta columna, la estrategia para combatir este delito responde a una instrucción directa de la presidenta, y en buena medida, está impulsada por las presiones del gobierno de Estados Unidos. Aunque de manera breve, Ebrard abordó el tema durante su gira de trabajo por el estado y adelantó que los operativos no se detendrán.

Hasta ahora, en Guanajuato, los operativos se han concentrado principalmente en San Francisco del Rincón. Falta ver si se extenderán a otros puntos, como León, donde persiste la estrategia del “si no me muevo, no me ven”, pese a que es bien sabido que también hay producción de zapato pirata en la capital del cuero y el calzado.

“Van a seguir adelante y el gobierno del estado ha estado muy activo en eso también y vamos a seguirle. Tiene que haber alguna consecuencia. El que quiera pasarse de vivo no lo vamos a permitir”, advirtió el secretario federal. Resta ver si las intervenciones irán al fondo o serán más cosméticas.

Contra Retrato

Cinthia Teniente Mendoza

A la presidenta municipal de Villagrán le toca algo más que administrar: debe sanear. Hereda no sólo cuentas por pagar, sino cuentas morales sin saldar. Su antecesor, Juan Lara Mendoza, dejó un legado incómodo enmarcado en un periodo en el que el municipio se volvió la base de control del cártel local: seis años de una estela oscura.

A diferencia de los cambios de gobierno donde las deudas suelen ser con proveedores, aquí las facturas pendientes son con los deudos de policías asesinados. Desde 2019, ocho agentes de Seguridad Pública fueron ejecutados. Las indemnizaciones por cada uno superan el millón de pesos, y durante el trienio de Lara Mendoza, sus familias fueron ignoradas.

La morenista, que como regidora fue una de las voces más críticas del exalcalde, ahora tiene en sus manos más que una promesa de campaña: ha comenzado a llegar a acuerdos con las familias, reconociendo tanto la deuda legal como la responsabilidad ética. Porque no se puede enaltecer la figura del policía caído mientras se les abandona a ellos y sus familias fuera del reflector.

Pero el verdadero reto apenas comienza. Villagrán apenas cubre el 60% de sus plazas policiales y se encuentra entre los 10 municipios con mayor rezago en este indicador. A eso se suma la sombra más densa: una corporación señalada insistentemente por presuntos vínculos con el crimen organizado que ha llevado incluso a intervenciones ministeriales y detenciones de agentes.