Dina Boluarte promulgará hoy Ley de Amnistía para policías y militares y hace caso omiso a pedido de la CIDH Infobae
La presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgará este mediodía la polémica Ley de Amnistía que beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa acusados o procesados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La ceremonia oficial se realizará en Palacio de Gobierno desde las 12:00 p.m., según anunció la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Poder Ejecutivo.
La norma —aprobada por el Congreso el pasado 9 de julio en segunda votación y contenida en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR— concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme y que enfrenten denuncias, investigaciones o procesos judiciales por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en las dos décadas de conflicto interno.
También incluye una disposición de carácter “humanitario” para personas mayores de 80 años sentenciados, siempre que no hayan sido condenadas por terrorismo ni corrupción.
La aprobación en la Comisión Permanente contó con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. En el Pleno, el respaldo fue de 61 congresistas, principalmente de bancadas conservadoras, frente a 44 votos en contra y 3 abstenciones.
Riesgo de impunidad
Organismos de derechos humanos y juristas han advertido que esta medida podría abrir la puerta a la impunidad en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Críticos de la ley sostienen que su contenido recuerda a la amnistía aprobada durante el régimen de Alberto Fujimori en la década de 1990, que buscó proteger a militares implicados en graves violaciones de derechos humanos.
Desde el Congreso, los promotores de la ley de bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, argumentan que se trata de una medida de justicia y reconocimiento a quienes “arriesgaron su vida por el país” en la lucha contra el terrorismo. No obstante, opositores y asociaciones de víctimas insisten en que el texto vulnera el derecho a la verdad, justicia y reparación, además de contradecir la jurisprudencia internacional que prohíbe amnistías en casos de violaciones graves a derechos humanos.
La promulgación de esta ley se produce en medio de advertencias de la Corte IDH, que ordenó al Estado peruano suspender su trámite y convocó a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, donde se evaluará el impacto de la medida.
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