Entre la polarización y la gobernabilidad Infobae

Tras el triunfo de LLA en las elecciones porteñas de mayo que relegaron al PRO a un humillante tercer puesto en un bastión histórico en el que experimenta, además, evidentes déficits en materia de gestión, se consumó la anunciada rendición incondicional del partido fundado por Mauricio Macri en el plano nacional.

Si el “acuerdo” alcanzado para las adelantadas elecciones bonaerenses de septiembre ya marcaba el pulso de una negociación que estaba lejos de configurarse bajo un esquema coalicional, el vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas de cara a las elecciones nacionales de octubre acabó por confirmar lo que ya parecía inexorable: el PRO no solo aceptó la posición dominante de los libertarios para sellar el “entendimiento” (acordó apenas dos diputados entre los posible “entrables”, sin presencia alguna en la boleta del Senado), sino que convalidó términos y condiciones que lo llevaron incluso a perder elementos identitarios tan importantes -y otrora celosamente cuidados- como el nombre y el color.

Aunque sin la foto entre Karina Milei y Mauricio Macri que se intentó consensuar hasta último momento, la empoderada armadora libertaria y el líder y fundador del PRO no solo ratificaron un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires que parecía difícil sellarse con el liderazgo de su primo Jorge, sino que allanaron el camino para replicar ese esquema en ocho provincias: además de la capital y de la provincia de Buenos Aires, habrá listas conjuntas en Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego.

Y si algo faltaba para dar cuenta del cariz, la naturaleza y los alcances del “acuerdo”, de forma casi simultánea al anuncio de la confluencia entre ambos espacios para las elecciones de diputados y senadores nacionales de octubre, un puñado de los referentes bonaerenses más connotados del PRO -con Ritondo a la cabeza- escenificaron, vestidos de violeta, su rendición incondicional en una polémica foto junto al presidente y varios de sus adalides provinciales en La Matanza.

Una foto blandiendo una bandera que rezaba “kirchnerismo Nunca Más” (con una tipología que remite directamente al histórico informe de la Conadep), que deja en claro que LLA buscará instalar una polarización extrema con el peronismo no solo en territorio bonaerense sino en las elecciones generales de octubre.

De esta forma, lejos de conformarse con consumar la anhelada integración del PRO con la que aspiraba hegemonizar el espectro que va del centro-derecha a la extrema derecha, Milei y los libertarios parecieran perseguir también el objetivo de obturar cualquier emergente que pudiese posicionarse en un espacio centrista, intentando reducir la elección a la vieja y conocida lógica binaria de “amigo-enemigo” que condena como réprobos, cómplices del enemigo o traidores a aquellos que no adhieren irrestricta y acríticamente a lo que dispone quien lidera la supuesta “cruzada”.

Una apuesta que luce evidentemente menos audaz y rupturista que en los albores del fulgurante y aluvional movimiento libertario, y que pareciera multiplicar los interrogantes e incógnitas respecto ya no tanto al resultado de octubre sino a las perspectivas de gobernabilidad y los horizontes de conflictividad de cara al segundo tramo del mandato de Milei y, en definitiva, a la escenificación del terreno electoral para las presidenciales de 2027.

Una apuesta a todas luces demasiado ambiciosa, en tanto depende de la confluencia de múltiples factores que, en muchos casos, rehúyen de la capacidad de control que tiene un gobierno que, por otra parte, no logra aún exorcizar los fantasmas de la improvisación, los errores no forzados y las heridas autoinfligidas.

No solo porque el Gobierno enfrenta por estos días un tsunami opositor en el Congreso que, tras una primera estocada en el Senado, ahora sumó 12 derrotas consecutivas en la última sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron proyectos sobre salud, universidades y fondos coparticipables de las provincias y se rechazaron varias de las principales medidas de desregulación de organismos del Estado lideradas por Sturzenegger. Sino, también, porque la elección en la provincia de Buenos Aires se presenta más cuesta arriba de lo que cierto optimismo o voluntarismo libertario parecía creer, en un terreno donde la mera proyección del “sello” violeta no pareciera ser suficiente frente a una dinámica fuertemente anclada en lo territorial, y con el agravante de un contexto donde el propio oficialismo buscó asignar la inestabilidad macroeconómica y cambiaria de julio a un riesgo “político” directamente vinculado desde usinas oficialistas al “kirchnerismo”.

Lo cierto es que aún ante un potencial resultado adverso en una elección en donde el gobernador Kicillof necesita una victoria no solo para confirmar que no se equivocó al desdoblar las elecciones bonaerenses por primera vez en la historia como estrategia para evitar que Milei se adjudique una victoria en el principal bastión del peronismo -y no para perjudicar a Cristina como le espetó La Cámpora- sino también para mantener latente su proyecto presidencial ante las potenciales vicisitudes y turbulencias que pudieran presentarse en el segundo tramo de la gestión de Milei, el oficialismo libertario tendrían aún el camino despejado para una victoria que -al menos por ahora- se avizora bastante holgada en octubre.

Es en este contexto donde, incluso al interior de las huestes libertarias, comienzan a resonar algunas criticas -por ahora veladas- y multiplicarse varios interrogantes respecto a la conveniencia de la estrategia, la constelación electoral y la narrativa política adoptada en este sensible contexto político, económico y electoral.

Sin intención de agotar estos interrogantes, cabe mencionar algunos bastante evidentes. En primer lugar, parece un tanto ingenua la lectura oficialista que adjudica las turbulencias parlamentarias al contexto de negociación de alianzas y cierres de listas, como si fuese una coyuntura pasajera que habría de disiparse, a la hora de confirmar los tan sensibles vetos, con la consumación de las alianzas del pasado jueves. Para empezar, ello ni siquiera pareciera cierto en el caso del “rendido” PRO, donde la confirmación del ropaje violeta podría incentivar que muchos -o, al menos varios- disconformes suelten el lastre y se sientan liberados para elegir otros rumbos.

Pero, en segundo lugar, parece aún menos cierto para el caso de los gobernadores. No ya los gobernadores peronistas, ni siquiera aquellos que supieron coquetear y negociar a discreción con el gobierno nacional. Sino el flamante grupo de cinco mandatarios que acaban de lanzar un nuevo espacio de impronta federal y centrista, con el claro objetivo de erigirse en alternativa tanto respecto al gobierno como al kirchnerismo, y que no solo consensuó un armado -relevante pero parcial- para octubre sino que pretende perfilarse como una tercera vía de cara a las presidenciales de 2027.

Un espacio federal en el que conviven jóvenes y ambiciosos mandatarios de provincias con alta incidencia en la matriz productiva nacional, como Pullaro o Llaroyra (Santa Fe y Córdoba), con gobernadores de provincias que tallan en la producción energética, tanto convencional (Santa Cruz y Chubut) como de nueva generación (Jujuy). Un espacio en el que no solo conviven gobernadores que supieron trabajar en conjunto con el gobierno nacional, como Pullaro, sino incluso un mandatario que milita en las filas del PRO, como el caso del chubutense Torres.

Por eso, más allá de esta “novedad” electoral, no son pocos los que comienzan a dudar de la estrategia libertaria de confrontar con los gobernadores en general. Aquellos gobernadores que, salvando el caso de aquellos distritos en los que LLA cerró acuerdos electorales (Chaco o Mendoza), habían aportado otrora aliados clave como los salteños que responden a Sáenz o los peronistas disidentes de Tucumán de Osvaldo Jaldo.

Así las cosas, más allá de la intención electoral de profundizar la narrativa rupturista y la impronta refundacional de la mano de la exacerbación de la polarización con el kirchnerismo y la transformación de la “batalla cultural” en una suerte de cruzada de exterminio contra esa expresión política, e incluso de un probable triunfo en octubre, cabe preguntarse si el oficialismo busca consensos para encarar reformas más sustentables después del próximo diciembre o si solo aspira a seguir resistiendo los vetos y blindando los decretos con un tercio más consolidado y homogéneo que el que tiene hoy.