Dólar, elecciones y narrativa presidencial Infobae

A menos de 15 días del comienzo del plazo formal de la campaña para las inéditas y anticipadas elecciones legislativas locales en la gravitante provincia de Buenos Aires, y en medio ya de las frenéticas y complejas negociaciones de cara al vencimiento de los plazos legales para inscripción de alianzas (7 de agosto) y el cierre de listas (17 de agosto) para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los diferentes espacios no solo recorren ya el territorio bonaerense en modo campaña, sino que también exploran posibles acuerdos, barajan potenciales nombres para integrar las diversas nominas, y diseñan estrategias electorales nacionales y distritales.

Tras el traumático y friccionado cierre de listas bonaerense que dejó un tendal de heridos y excluidos en las filas libertarias, expuso descarnadamente y a “cielo abierto” las internas al interior del otrora “triángulo de hierro” de Milei, y consolidó el poderío absoluto de Karina Milei en el plano político-electoral, el oficialismo nacional pareció encontrar un respiro con la reaparición de los enfrentamientos al interior del peronismo que habían quedado en suspenso ante el pragmatismo necesario para sellar la precaria unidad.

Así, en las últimas horas no solo son cada vez más recurrentes los cruces en torno a las candidaturas “testimoniales” o las diferencias respecto a la prioridad asignada al reclamo de “Cristina Libre” en la narrativa electoral, sino incluso la resonante amenaza de Grabois de jugar por afuera de Frente Patria.

Sin embargo, al gobierno la “tranquilidad” le duró muy poco y, como ya es habitual, en gran medida producto de heridas “autoinfligidas”. La reaparición de las turbulencias cambiarias, más allá de lo que pueda imputarse a un programa económico que -al menos en algunos aspectos relevantes- ya comienza a evidenciar algunas limitaciones, volvió a exponer los “errores de cálculo”, improvisaciones y contradicciones a nivel comunicacional.

En comunicación hay una máxima que reza que “las palabras no describen la realidad, la construyen”. Las palabras no son neutrales, y más aún cuando las pronuncia el máximo mandatario que, al menos dos veces durante esta semana, apeló a la expresión “corrida” para intentar explicar el rally alcista de la divisa estadounidense.

Un pésimo “framing” para un tema como el dólar, siempre muy sensible en términos de humor social y expectativas, que no solo resuena negativamente en un contexto de altísima incertidumbre y volatilidad, sino que había sido rechazado sistemáticamente por un equipo económico que venía ensayando otras explicaciones para el fenómeno, intentando incluso asignarle una connotación positiva.

Las diatribas y desmesuras presidenciales incluyeron, además, la asignación de las presuntas responsabilidades de esas supuestas maniobras desestabilizadoras. Y, curiosamente, en una evidencia más de que lo que muchos atribuyen a un calibrado “cálculo político” para obtener rédito electoral o potenciar su popularidad parece cada vez más a menudo fruto de desfasajes y desacoples discursivos, los principales apuntados no fueron los esperados “degenerados fiscales” o “mandriles” de la oposición, sino los bancos y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Una construcción adversarial, en ambos casos, curiosa: por el lado de los bancos, porque claramente introduce ruidos inconvenientes en el contexto de estabilidad macroeconómica que el Presidente y su equipo se esfuerzan por proyectar de cara al establishment y los grandes inversores y, por el lado de la vapuleada vice, porque tras la relativamente rápida salida de la crisis producida por la explicitación de diferencias al interior del corazón del poder en ocasión del cierre de listas bonaerenses, el ataque sobre Villarruel vuelve a instalar -más aún en el frente externo- la persistencia de internas con potenciales efectos nocivos sobre la gobernabilidad.

Lo cierto es que el dólar -que acumuló una subida del 14% en julio y alcanzó su máxima cotización nominal desde la salida del cepo- volvió a recuperar un lugar gravitante en la agenda, no solo económica sino fundamentalmente política. Y, más allá de las explicaciones estrictamente económicas del fenómeno, lo cierto es que el gobierno no supo o no pudo -al menos por ahora- ofrecer una explicación coherente, consistente y consensuada de este hecho, evidenciando no solo manifiestas debilidades en materia comunicacional sino también inocultables contradicciones en lo que respecta a la gestión de temas sensibles.

Obviamente no resulta fácil para un gobierno que no solo había logrado tener planchado el tipo de cambio hasta abril (con un crawling peg de apenas 1% mensual) sino que había pronosticado con jactancia que la cotización se iba a desplomar tras haberse liberado el cepo, explicar y gestionar esta tendencia alcista en medio de un proceso electoral que es visto con especial interés por mercados y grandes inversores aún expectantes ante la persistencia de un “riesgo político” que el gobierno venía adjudicando al kirchnerismo pero que para muchos tiene más que ver con las perspectivas de gobernabilidad y sustentabilidad que con la amenaza de que el péndulo argentino vuelva a moverse en un sentido contrario.

Más allá de las descalificaciones, insultos y diatribas presidenciales, el equipo económico apeló al final de la semana a las viejas herramientas pragmáticas que supieron utilizar tanto el kirchnerismo como el PRO: llamados a ejecutivos de bancos, “invitaciones” a participar de nuevas licitaciones de bonos y, eventualmente, subas adicionales en los encajes por parte del Banco Central. En otras palabras, de ortodoxia poco y nada.

Los riesgos son a todas luces evidentes. El principal, lógicamente, es el traslado a precios, con los potenciales efectos sobre una inflación que hoy es el gran activo electoral del gobierno. Pero también preocupa el efecto sobre sobre la actividad económica, que no solo no logra superar la instancia de recuperación producto del rebote tras la salida de la recesión, sino que es aún muy dispar según sectores. Por último, está el efecto que la fuerte subida de tasas tendrá sobre una oferta de créditos que había venido impulsando fuerte algunos sectores como el automotriz, dando una sensación para algunos sectores de relativa recuperación de poder adquisitivo pese al poco dinamismo de los salarios.

Sobre este panorama, ya de por si preocupante e incierto, se recorta ya no solo la elección bonaerense del 7 de septiembre sino la disputa clave por el Congreso Nacional del 26 de octubre. Un proceso de tres meses que, más allá de los esfuerzos que los diversos actores harán a la hora de imponer el sentido y la interpretación de los resultados, será difícil de leer en clave de un resultado único, unánime y políticamente inapelable: es que no solo se trata de ocho elecciones con dinámicas sectoriales propias en Buenos Aires (más las 134 municipales), sino también las de 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Así las cosas, ante la derrota en el Senado de la estrategia oficialista de frenar los proyectos de recomposición jubilatoria y refuerzo de las prestaciones por discapacidad, la Casa Rosada deberá abordar en medio de la campaña el veto que Milei ya firmó, lo que no solo sumará nuevos condimentos a las negociaciones del oficialismo con potenciales aliados provinciales, sino que podría generar mayor conflictividad con los gobernadores por los proyectos de coparticipación que intentaran está semana aprobar en Diputados, en un contexto donde una liga de mandatarios -muchos otrora aliados- han comenzado a desmarcarse del oficialismo.