Las medidas que debe tomar el Gobierno Petro para que baje el precio de la factura de energía y de otros servicios

Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Acp, Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi y Asoenergía, las principales agremiaciones del sector energético colombiano, presentaron de manera conjunta una serie de observaciones técnicas, jurídicas y económicas al anteproyecto de ley sobre el régimen tarifario de energía eléctrica publicado por el Ministerio de Minas y Energía.

Por medio de una carta, dejaron entrever que valoran la intención del Gobierno nacional de aliviar la carga tarifaria para los usuarios y de separar de la factura de energía el cobro de tasas e impuestos externos, así como buscar que los subsidios lleguen solo a las personas más vulnerables. No obstante, bajo los términos planteados, advirtieron que la iniciativa legislativa no permitirá lograr beneficios eficientes y sostenibles hacia una reducción tarifaria en el corto plazo y puede afectar el bienestar de los ciudadanos y del país.

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Ante esto, las agremiaciones consideran que los cambios deben enfocarse en acciones y soluciones concretas que no necesariamente requieren reformas de ley, para lograr mejoras en el valor de las facturas y asegurar la continuidad en la prestación del servicio.

“Es fundamental asegurar las condiciones para una mayor oferta o generación de energía; más oferta permitirá una competencia más intensa y mejores precios para los usuarios”, destacaron. Aseguraron que, a pesar de los compromisos adquiridos, “en los últimos cinco años ha entrado en operación menos del 28% de la oferta de generación comprometida y más del 55% de proyectos de transmisión presentan retrasos, lo que pone en riesgo el abastecimiento y presiona las tarifas al alza”, por lo que se solicita “eliminar los obstáculos que impiden la puesta en marcha de los proyectos”.

Lo que se debe priorizar

De igual manera, insistieron en que modificaciones a reglas de mercado o tratos diferenciales a ciertas tecnologías pueden erosionar el marco normativo, desincentivar la inversión y provocar distorsiones en las señales de precio, lo que incrementa los problemas y genera ineficiencias que comprometen la seguridad energética. Por ello, consideran indispensable “priorizar señales de expansión para nuevas plantas de generación y promover la complementariedad de la matriz eléctrica”.

También plantean que es necesario consolidar mecanismos de mercado estandarizados y fortalecer la modernización del mercado mayorista y de mercados complementarios, para mayor contratación, menor variabilidad en los precios y mayor resiliencia en el suministro.

La importancia de la cultura ciudadana

En el plano social y operativo, resaltan la importancia de “crear una cultura ciudadana de uso eficiente de la energía, fortalecer acciones contra el robo de electricidad y coordinar esfuerzos institucionales para reducir pérdidas no técnicas”. Además, mediante campañas y mejoras tecnológicas, dijeron que se debe fomentar el reemplazo de equipos por otros de mayor eficiencia energética y revisar los consumos en regiones cálidas.

Respecto al articulado del anteproyecto, advierten que “el traslado de la deuda de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 a los de 4, 5, 6 y no residenciales generará nuevas inequidades y una carga desproporcionada a una minoría de usuarios; además, resulta regresivo porque una parte importante de esa deuda corresponde a subsidios a cargo de la Nación, lo que iría en contra del principio de solidaridad”.

Distorsión de los subsidios

Denunciaron que el mecanismo propuesto “podría profundizar distorsiones de los subsidios cruzados, trasladando cargas injustificadas y produciendo incentivos para que usuarios de mayores ingresos busquen alternativas fuera del sistema regulado”, lo que profundiza el desequilibrio existente.

Sobre los subsidios, los gremios resaltaron que deben ser revisados para que lleguen realmente a quienes los necesitan, sin afectar la sostenibilidad ni generar cargas excesivas para el sistema. Consideran positiva la transición al Registro Universal de Ingresos, pero advierten que se necesita consolidar información socioeconómica y normalización masiva de la medición, algo que no puede ser responsabilidad exclusiva de los comercializadores.

En qué se debe enfocar el ahorro fiscal

Insisten en que “los ahorros fiscales deben enfocarse en cubrir el actual déficit de subsidios”, y solicitaron habilitar “mecanismos alternativos de pago, como el uso de créditos y el cruce de impuestos de empresas comercializadoras, para sostener la liquidez del sistema”. Recomiendan que “cualquier cambio en subsidios o tarifas debe ser comunicado de forma eficaz para prevenir descontento social”.

Respecto a competencias regulatorias, objetan que “el proyecto le asigna al Ministerio funciones que corresponde por ley a la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), especialmente en la definición de esquemas tarifarios”. Subrayaron que “la neutralidad y competencia ya están garantizadas por los parámetros regulatorios actuales”.

Conformación de la Creg

Sobre la conformación de la Creg, advierten que “la definición de sus miembros debe responder a criterios técnicos y de experiencia comprobada, para preservar la objetividad e independencia de la toma de decisiones regulatorias”. Plantearon que “la inclusión de actores sin idoneidad o con intereses particulares podría derivar en errores regulatorios y conflictos de interés”, además de significar “un retroceso en la calidad técnica si se reduce el nivel de experiencia requerido para ser comisionado”.

Asimismo, rechazaron la modificación de los principios tarifarios propuesta, por lo que señalaron que introduce elementos que pueden desvirtuar la labor técnica del regulador, vulnerar el principio de suficiencia financiera y la libre competencia, dando a las comisiones potestad sobre tributos que la Constitución reserva al legislador.

Sobre la posibilidad de modificar fórmulas tarifarias de forma excepcional y sin criterios técnicos definidos, sostienen que “esto debilitaría la estabilidad del marco regulatorio, generando volatilidad e incertidumbre tanto para usuarios como agentes del sector”.

En suma, los gremios del sector remarcaron en que la mitigación de cargas tarifarias debe sustentarse siempre en decisiones técnicas, con análisis rigurosos y evidencias claras, garantizando así estabilidad, sostenibilidad y respeto por el marco institucional. Por esto, solicitaron que “la reforma sea revisada bajo un proceso informado, participativo y riguroso, para evitar impactos negativos e inestabilidad en el sector energético nacional”.