Ministra de la Corte perfila amparo a Ricardo Monreal por filtración de audios de Layda Sansores
CIUDAD DE MÉXICO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para otorgar un amparo al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, por la filtración de mensajes y audios difundidos en su contra por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, según se informó a través de un proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos-Farjat, que será discutido este miércoles 9 de julio de 2025.
De acuerdo con el documento, la mandataria estatal presentó públicamente fragmentos de una supuesta conversación entre Monreal y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, sin demostrar su obtención legítima ni verificar los hechos en los que basó sus declaraciones.
De permitirse que los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, hagan uso de recursos públicos del Estado para difundir información que no cumpla con la carga de veracidad y objetividad (...) generaría una desigualdad real en el ejercicio de la deliberación pública”, advierte el proyecto de Ríos-Farjat.
¿Qué dijo la gobernadora sobre Monreal?
El 25 de octubre de 2022, durante su programa Martes del Jaguar, transmitido en redes sociales y canales oficiales del gobierno campechano, Layda Sansores acusó a Monreal de encubrimiento y presunto tráfico de influencias en complicidad con Alejandro Moreno.
Aquí lo que está haciendo es encubrir que él sí se quedó con propiedades, que compraba en tres centavos el metro cuadrado frente a la playa de Champotón (...) su casa mide setenta mil metros cuadrados”, declaró la gobernadora.
Durante esa emisión, se difundieron supuestos mensajes de WhatsApp que comprometerían a Monreal con el líder priista.
¿Por qué promovió un amparo Ricardo Monreal?
Ante estas declaraciones, Monreal —entonces senador— presentó un juicio de amparo indirecto. Alegó que la gobernadora actuó fuera de sus facultades legales y vulneró su presunción de inocencia, al señalarlo como partícipe en actos ilícitos.
También denunció violaciones a sus derechos al honor y a la privacidad, ya que la información fue difundida desde canales oficiales. Afirmó que los mensajes habían sido obtenidos de manera ilegal y que incluso estaban “manipulados”.
Un juez de Distrito le concedió el amparo, al concluir que la gobernadora no tenía facultades legales para hacer esas afirmaciones y que las expresiones no eran objetivas ni imparciales.
¿Qué sigue en la Corte?
Inconforme, Sansores presentó un recurso de revisión, en el que argumentó que no actuó con “real malicia”. Sin embargo, la ministra Ríos-Farjat estableció que este principio no aplica cuando se trata de conflictos de libertad de expresión entre funcionarios públicos.
Además, el proyecto advierte que no puede protegerse como libertad de expresión el uso de recursos del Estado para difundir opiniones sin un sustento razonable.
De aprobarse el proyecto, la Corte confirmaría que las autoridades deben cumplir con altos estándares de veracidad y objetividad cuando utilizan medios oficiales para comunicar información sobre otras figuras públicas.
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El Imparcial
