El partido de María Corina Machado denunció una nueva detención de otro dirigente

Vente Venezuela (VV), el partido de la líder antichavista María Corina Machado, denunció este lunes la detención de su encargado de comunicaciones en el estado Bolívar (sur), Rodrigo Pérez, el pasado domingo, cuando aseguró que también fue arrestado su coordinador de organización en Yaracuy (norte), Luis José Magallanes.

En la red social X, el Comité de Derechos Humanos de VV indicó que Pérez, un joven activista opositor, fue aprehendido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La organización exigió al Estado “información sobre su situación y su libertad inmediata”.

Este mismo lunes, VV denunció la detención “arbitraria” de Magallanes, con quien suman 88 miembros de este partido presos, incluyendo también a Pérez, según el comité, que alertó de una “nueva ola de persecución”.

Hasta el pasado 30 de junio, la ONG Foro Penal computaba 940 presos políticos —844 hombres y 96 mujeres— en Venezuela, entre ellos cuatro adolescentes.

Además, la lista de detenidos incluye a 85 personas con nacionalidad extranjera.

La mayoría de los arrestados, entre ellos 771 civiles y 169 militares, fueron capturados después de los comicios presidenciales de 2024, en los que el organismo electoral —controlado por el chavismo— proclamó como ganador al mandatario Nicolás Maduro, pese a las denuncias de “fraude” de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia

El régimen de Nicolás Maduro niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que —aseguran— cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

Recientemente, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió que las libertades fundamentales en Venezuela han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años.

En ese sentido, señaló que diversas personas “han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos”.

Violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Desde al menos 2017, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. En su informe más reciente, la Misión concluyó que las fuerzas de seguridad del Estado, junto con grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, ejecutaron acciones coordinadas que incluyeron asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. En particular, se identificaron al menos 25 muertes ocurridas durante protestas poselectorales, la mayoría por disparos directos en la cabeza o el torso.

En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, diversas organizaciones internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciaron graves irregularidades y un clima de represión generalizada. Se reportaron más de dos mil detenciones arbitrarias, decenas de las cuales afectaron a menores de edad, así como al menos 24 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Las autoridades también recurrieron a leyes antiterroristas para criminalizar la protesta social y restringir el accionar de la oposición, generando un ambiente de miedo e impunidad.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado sobre el incremento sostenido en las agresiones contra periodistas, activistas y líderes comunitarios. Solo en la primera mitad de 2024 se documentaron más de 590 ataques contra la prensa y la sociedad civil, un 92% más que el año anterior. El Foro Penal ha registrado al menos 64 desapariciones forzadas vinculadas a detenciones ilegales por motivos políticos, lo que refleja una política estatal de silenciamiento y castigo a la disidencia.

Frente a este deterioro del Estado de derecho, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha prorrogado el mandato de la Misión para seguir investigando los crímenes del régimen. Türk denunció el uso abusivo de leyes represivas y la falta de garantías electorales, y exigió al régimen de Maduro conservar y publicar las actas de los últimos comicios.

(Con información de EFE)