¿Control al estilo chino?

La semana pasada la ‘4T’ logró la aprobación de un paquete de leyes y reformas legales que marcarán un antes y un después en lo que se refiere a la política de seguridad. En este sentido destacan las siguientes: la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia; la Ley en Materia de Telecomunicaciones, y en particular lo relativo a la CURP con datos biométricos, y a la Plataforma Única de Identidad.

En términos generales, la nueva legislación materializa lo que desde tiempos de Calderón han venido pidiendo todos los gobiernos en turno; es decir, facultades más amplias para utilizar las telecomunicaciones y el enorme cúmulo de datos que generan las instituciones públicas y privadas en tareas de seguridad. La vida da vueltas, claro. Cuando estaban en la oposición, Morena y sus aliados no dieron los votos, y denunciaron los riesgos que una legislación de este tipo podría acarrear, en términos de espionaje y persecución política. Ahora, desde el gobierno, les resulta indispensable.

Por un lado, celebro que se esté avanzando hacia la construcción de un aparato de inteligencia más robusto. ¿Por qué? Porque coincido en que es indispensable si de verdad queremos ganarle la batalla a las organizaciones criminales. Los cárteles actualmente cuentan con sus propias redes de inteligencia, con tecnología, pero sobre todo con ‘fuentes vivas’; enlaces e informantes en innumerables instituciones públicas y privadas de todos los niveles.

Por otro lado, creo que la suspicacia de los líderes de opinión, de los medios y de los opositores se justifica plenamente. Una cosa es lo que mandata la Constitución y lo que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra cosa es el uso que las agencias de inteligencia hacen en la práctica una vez que tienen las herramientas a su disposición. Abundan los testimonios de que en tiempos de García Luna, la Policía Federal espiaba al por mayor desde el búnker de Constituyentes. Tenían la infraestructura, que es lo importante. Las leyes y la Constitución se las pasaban por el arco del triunfo.

La diferencia es que ahora no sólo será cuestión de grabar las conversaciones indiscretas entre Josefina Vázquez Mota y “Agus”, o las de un puñado de adversarios políticos y periodistas. Por ejemplo, con la Plataforma Única de Identidad, habrá una base de datos, hasta ahora inexistente y de alcances en extremo ambiciosos. El boletín 1765 que sobre esta materia publicó la propia Cámara de Diputados el lunes pasado es diáfano: “...la versión digital de la Clave Única de Registro de Población… deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales. Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios”.

Es decir, esta plataforma podría dar pie a que fuera obligatorio validar la CURP de toda persona al hacer un trámite, al inscribirse a un programa académico, al ir a una clínica, al pedir trabajo e incluso al contratar un servicio digital. Las posibilidades de mal uso son infinitas y aterradoras… A menos, por supuesto, que nos contentemos con el argumento de que los funcionarios responsables de operar el sistema, ahora y en lo sucesivo, sí serán personas confiables y decentes.

No veo que haya vuelta de hoja a lo que se aprobó la semana pasada. Sin embargo, el gobierno todavía está a tiempo de buscar algo de autocontención en la ejecución de las nuevas leyes. No se trata de no ejercer las nuevas facultades. Lo que se necesita, si no queremos acabar con un aparato monstruoso de control al estilo chino, es definir con claridad los mecanismos que se van a seguir para monitorear, auditar y, en su caso, sancionar a las autoridades. Si no se hace así, el gobierno corre el riesgo de que la desconfianza ciudadana crezca al punto de que nadie quiera registrar voluntariamente sus datos biométricos. Además, los ciudadanos, incluso al actuar dentro del marco de la ley, buscaríamos vías para eludir la norma, como el uso masivo de ‘VPNs’ y cuentas en el exterior para contratar servicios digitales con sede en otros países.

El citado boletín 1765, por cierto, habla de sanciones económicas para las autoridades y los particulares que incumplan con las obligaciones previstas en la ley. Sin embargo, no dice nada sobre medidas proactivas o mecanismos para vigilar dicho cumplimiento. En algunas democracias consolidadas, esta supervisión corre por cuenta de una comisión especializada del Congreso. En Canadá, por ejemplo, incluso se optó por crear la National Security and Intelligence Review Agency que, entre otras funciones, recibe quejas de ciudadanos y emite recomendaciones vinculantes. El desafío en México, por supuesto, será hacer creíble cualquier iniciativa en los tiempos actuales de supermayoría y acordeones.