Pobreza y urbanización caótica: desafíos para una política urbana integral | Artículo de Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes

Por décadas, el oriente del Valle de México ha sido el rostro visible de un modelo de desarrollo urbano fallido. Los municipios que lo integran -como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad, entre otros- comenzaron a poblarse de manera exponencial a partir de los años setenta del siglo pasado. Este proceso, lejos de responder a una estrategia ordenada de crecimiento, fue la consecuencia directa de un fenómeno doble: el acelerado crecimiento demográfico que experimentó el país y, sobre todo, el empobrecimiento de amplias capas de la población rural y urbana, que obligó a millones a desplazarse a zonas periféricas y sin regulación alguna.

A diferencia de otras zonas del país que crecieron a partir de proyectos urbanísticos medianamente planificados, el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se consolidó por la vía de la necesidad: la urgencia de tener un techo llevó a cientos de miles de familias a invadir terrenos baldíos, ejidales o de propiedad privada, o bien a comprar lotes en fraccionamientos sin servicios, carentes de escrituras y sin conexión a redes básicas de agua, drenaje, electricidad o transporte. En efecto, el fenómeno de los asentamientos irregulares se convirtió en la norma y no en la excepción, dando lugar a una expansión urbana de tipo espontáneo, fuera de todo control estatal.

Este crecimiento urbano no planificado devino, inevitablemente, en un patrón territorial fragmentado, caótico y profundamente desigual. Las décadas siguientes sólo agravaron la situación. A medida que más familias se asentaban en la región, la presión sobre los servicios públicos, ya de por sí insuficientes, se intensificó. Los municipios comenzaron a desbordarse en términos de su capacidad institucional y financiera para responder a las necesidades básicas de su población. La ausencia de infraestructura de salud, educación, transporte digno, espacios públicos y servicios ambientales adecuados terminó por consolidar un paisaje urbano de exclusión y marginación.

Hoy en día, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el oriente del Valle de México concentra una de las mayores densidades de pobreza urbana en el país. Municipios como Chimalhuacán y Valle de Chalco presentan altos niveles de rezago social, con indicadores alarmantes de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, falta de seguridad social, y bajos niveles educativos. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI refuerza este diagnóstico: los ingresos promedio por hogar en estos municipios son sustancialmente inferiores al promedio nacional, y una gran parte de su población subsiste con menos de dos salarios mínimos diarios.

Más allá de los números, lo que se observa es una grave y sistemática vulneración al derecho a la ciudad y al hábitat adecuado. Como lo establece la Convención de Pretoria, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye el acceso a una vivienda digna, agua potable, saneamiento, transporte, participación comunitaria y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Sin embargo, la realidad cotidiana de millones de habitantes del oriente mexiquense está muy lejos de cumplir con estos estándares. El marco constitucional mexicano, particularmente el artículo 4º y los principios del desarrollo urbano establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, también han sido sistemáticamente incumplidos en esta región.

En este contexto, el anuncio del programa integral para el oriente del Estado de México, realizado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad para tratar de revertir décadas de abandono institucional. La propuesta -que contempla la construcción de infraestructura, servicios, escuelas, unidades médicas, vialidades y equipamiento urbano- es, sin duda, loable. Reconoce, al menos en el discurso, que esta zona ha sido históricamente marginada de la planeación urbana nacional y que se requiere una intervención profunda para garantizar los derechos más elementales.

Sin embargo, cualquier estrategia que pretenda transformar estructuralmente la realidad del oriente metropolitano enfrentará enormes desafíos. El primero y más evidente es el financiero: la magnitud del rezago acumulado es tal que los recursos presupuestales disponibles, tanto a nivel federal como estatal y municipal, resultan claramente insuficientes para atender de forma integral todas las necesidades. Además, los mecanismos tradicionales de inversión pública, orientados principalmente a la obra física, han demostrado su limitación cuando no van acompañados de procesos de fortalecimiento comunitario, participación ciudadana y generación de capacidades locales.

Por ello, más que pensar en este programa como un catálogo de obras, es necesario concebirlo como una política de reconstrucción del tejido social. El oriente del Estado de México no sólo necesita calles pavimentadas y clínicas, sino espacios de encuentro, cultura, deporte, atención psicosocial y mecanismos de participación vecinal y comunitaria. Se requiere fomentar la apropiación del territorio por parte de las y los habitantes, impulsar procesos de regularización con enfoque de derechos, fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y establecer esquemas de gobernanza metropolitana que eviten la fragmentación institucional que ha caracterizado a la región.

En suma, el oriente de la ZMVM es el espejo más crudo de la desigualdad urbana en México. Transformar esta región implica no sólo invertir en infraestructura, sino imaginar un nuevo contrato social basado en el derecho a la ciudad, la justicia espacial y la dignidad humana. Si el programa integral anunciado logra convertirse en un verdadero proyecto de transformación estructural, podría marcar un hito en la historia del desarrollo urbano en el país. Pero para ello, se necesitará más que voluntad política: se requerirá inversión de largo plazo, articulación interinstitucional y, sobre todo, una apuesta decidida por poner a las personas en el centro del desarrollo.

Investigador del PUED-UNAM