El ‘finiquito’ de más de 3.000 euros que pidieron Cerdán, Bárcenas o Ana Mato tras ser imputados por corrupción: “Quitárselo sería como retirar el paro a alguien”

El exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva sin fianza por tráfico de influencias, cohecho e integración en organización criminal, reclamó al Congreso, nada más renunciar al acta, la indemnización que le corresponde por haber sido diputado, un derecho al que pueden acceder los parlamentarios que dejan su escaño. En el caso del exsecretario de Organización socialista, le corresponden 19.000 euros en concepto de régimen de protección social como exdiputado.

Su petición, contra la que el PP pidió por segunda vez este jueves su paralización, ha vuelto a poner en la diana esta prestación, especialmente en los casos en los que sus señorías se ven obligados a abandonar su tarea de representación por estar inmersos en casos de corrupción. En la mayoría de ellos, por aprovecharse de su condición para obtener beneficios de manera ilícita.

El pago en calidad de exdiputado se trata de una suerte de finiquito (sus señorías no tienen acceso a paro por no formar parte del régimen de la Seguridad Social), cuya cuantía es el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional (en 2025 es de 3.142,14 euros) por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades. Esta prestación es “incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado”.

Con la intención de frenar la solicitud de Cerdán, el PP presentó un nuevo escrito, dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras el ingreso en prisión del exnúmero 3 del PSOE. Los populares se basan en el hallazgo por parte de la Guardia Civil de un contrato de compraventa, según el cual Santos Cerdán sería propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar. La confirmación de este hecho, ocultado por Cerdán, le habría impedido ejercer como diputado, ya que significaría el incumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades y de declaraciones sobre actividades y bienes.

Sin embargo, fuentes de la Presidencia del Congreso ven inviable la paralización del pago solicitado por Santos Cerdán en calidad de exdiputado. Estas voces aseguran que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha pedido “asesoramiento jurídico” para valorar la propuesta, pero auguran que caerá en saco roto. “En la práctica, [quitársela] sería como retirar el paro a alguien”, apostillan estas fuentes.

Desde el Congreso recuerdan que la mayoría de diputados suelen pedir esta especie de subsidio de desempleo, siempre y cuando no dejen de su escaño para trabajar en la empresa pública o privada. En lo que respecta a diputados cercados por corrupción, hay varios casos sonados que afectan especialmente a exparlamentarios del PP.

Tres exparlamentarios condenados por el ‘caso Gürtel’

Uno de ellos es, ni más ni menos, el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que recibió una indemnización de seis meses. El exsenador popular fue condenado a 29 años de prisión en la denominada primera época del caso Gürtel, que abarca el periodo 1999-2005. La Sala Segunda del Tribunal Supremo estimó probado que Bárcenas, “desde al menos el año 2000, al margen de la actividad delictiva que en común llevó a cabo con otros acusados, desarrolló por su cuenta, y cuando lo precisaba en colaboración con su mujer, otra actividad dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en otras adjudicaciones de obras o apropiándose de fondos del PP”.

Asimismo, “fruto de sus ilícitas actividades, -según la sentencia- incluidas las cuotas dejadas de ingresar por diferentes tributos y ejercicios, logró acumular un importante patrimonio, que ocultó a través de un entramado financiero en entidades bancarias suizas, a través del cual invirtió en distintos valores y productos financieros, e, igualmente, afloró fondos cuyo origen no se correspondía con su declarada actividad ni con su ahorro, dotándolos de una apariencia lícita, bien mediante la simulación de distintas operaciones comerciales bien al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte”.

La exministra de Sanidad Ana Mato tuvo acceso a esta prestación durante 19 meses. Fue condenada en el marco de esta causa como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857,53 euros. El Supremo ratificó la responsabilidad de la exesposa del condenado exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia.

El exvicepresidente de Castilla y León Jesús Merino, que percibió la indemnización durante 10 meses como exdiputado, también fue condenado a tres años y siete meses de prisión por cohecho y blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad continuado en el caso Gürtel. El exsenador Luis Fraga, sobrino de Manuel Fraga y amigo del extesorero del PP, recibió esta paga durante 21 meses. Declaró como testigo en el juicio de la trama, y confirmó: “Salía en los ‘papeles de Génova’, Bárcenas me dio 9.000 euros para campañas del Senado”.

El popular Alberto Casero y el socialista ‘Tito Berni’, anteriores a Cerdán

En la pasada legislatura, destacaron los casos de los exdiputados Alberto Casero (PP) y Juan Bernardo Fuentes Curbelo (PSOE), apodado Tito Berni. Ambos percibieron un total de 12.507,56 euros, lo correspondiente a cuatro mensualidades. El primero, acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos, aceptó la pena de un año y nueve meses de prisión, la inhabilitación para cargo público durante seis años y el pago de 68.494 euros al ayuntamiento por varios contratos que realizó durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres).

El segundo, que recibió de golpe dos mensualidades (tenía adquirido el derecho previamente), fue forzado a dejar el acta después de que trascendiera que estaba siendo investigado por su presunta implicación en el conocido caso Mediador, relacionado con prácticas de corrupción. En concreto, la Policía le situó a la cabeza de la trama por prometer subvenciones y apaños de multas a empresarios canarios a cambio de dinero cuando desempeñaba el cargo de director general de Ganadería del Gobierno regional.