Paquete de reformas aprobadas por Morena, busca presionar estados Vanguardia.com.mx

En menos de 10 días, las bancadas legislativas de Morena, PT y PVEM aplastaron a la oposición y aprobaron, en fast track, un paquete de siete reformas que servirán como estrategia de seguridad y telecomunicaciones que le otorga facultades al gobierno para intervenir comunicaciones, acceder a datos biométricos, vehiculares, telefónicos, registros bancarios y públicos de la propiedad.
Establece además reglas para presionar a los 32 estados a fortalecer sus estrategias de seguridad y los condiciona a comprometerse con ello para obtener recursos federales.
TE PUEDE INTERESAR: La ‘droga zombi’ gana terreno en México y AL, advierte la ONUFaculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para investigar el uso de tarjetas de servicios o de crédito, y establece que la Guardia Nacional (GN) será una fuerza de seguridad formada por personal militar.
Se crea asimismo la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Plataforma Central de Inteligencia a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que deberán iniciar operaciones en un plazo no mayor a 180 días hábiles después de la entrada en vigor de la ley.
En paralelo, ya se alista la reforma electoral, que será prioritaria al inicio del periodo ordinario, el próximo mes de septiembre.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia fue la más criticada por la oposición.
Se trata de una ley que confiere a la SSPC y la Guardia Nacional acceso a bases de datos personales y biométricos en posesión del gobierno federal y de entes privados para tareas de inteligencia.
Con ello, la SSPC coordinará el Sistema Nacional de Seguridad, por lo que podrá solicitar información a otras instituciones del Estado para la identificación y el esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos, en especial de alto impacto, y podrá solicitar información a particulares.
Tendrá acceso a datos vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego, de armas aseguradas o decomisadas, de comercio y de prestadores de servicios de seguridad privada.
También, a “padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, marítimos, y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia”.
La reforma establece que el CNI “podrá acceder, directamente o a través de la plataforma, a toda la información que integre, almacene, genere, recopile, sistematice o procese la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante la Plataforma Única de Identidad, la cual fue creada con las reformas a las leyes generales de Población, en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, que también fueron avaladas en la Cámara de Diputados y el Senado en el periodo extraordinario.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública organiza y redefine las funciones que tendrá cada ente de seguridad en el país, incluidos estados y municipios.
Establece la obligación del Estado para constituir y operar una Academia Nacional de Seguridad Pública con funciones de profesionalización en inteligencia, investigación, operaciones especiales, instrucción y alto mando para las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
Crea nuevas competencias de los estados en seguridad pública que obligan a las autoridades locales a encabezar mesas de paz, a informar periódicamente a la población de las políticas, planes, programas y resultados en materia de seguridad pública, a establecer programas de prevención del delito y garantizar el desarrollo y la profesionalización de sus cuerpos policiales.
La nueva ley da más facultades al Consejo Nacional de Seguridad Pública para emitir criterios para la distribución de recursos de los Fondos de Ayuda Federal para la seguridad pública de las entidades y municipios, con la autoridad de cancelar las aportaciones a los estados y ayuntamientos que incumplan los acuerdos de ese consejo.
La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario “tendrá la obligación de adquirir, instalar y mantener en operación equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen en centros de reinserción social y establecimientos penitenciarios”.
Otra reforma avalada es la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permite la geolocalización en tiempo real de todos los celulares de los ciudadanos y la posibilidad de suspender las transmisiones de radio y televisión cuando se incurra en “violación a los derechos de las audiencias”.
Los concesionarios de telecomunicaciones colaborarán con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica de los equipos telefónicos y entregarán a las autoridades datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil.
Se aprobó el dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional, que define a esa corporación como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Guardia Nacional será la encargada de ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública en el ámbito federal, aunque también podrá intervenir en delitos del fuero común al apoyar a autoridades estatales y municipales.
Entre las atribuciones que se le confieren están prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social; realizar labores de investigación e inteligencia para la prevención del delito; ejecutar investigaciones bajo el mando del Ministerio Público, y colaborar temporalmente en tareas de seguridad pública estatal o municipal.
La ley regula expresamente la participación de la Guardia Nacional en la intervención de comunicaciones privadas en investigaciones criminales, condicionándolas a una autorización judicial previa, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes de Seguridad Nacional y Federal contra la Delincuencia Organizada.
También se avaló una reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas por la que se crea la Plataforma Única de Identidad, que será la fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real, y se interconectará con bases de datos o sistemas de información de los siguientes registros: Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; Base Nacional de Carpetas de Investigación, y Banco Nacional de Datos Forenses.
Esta Plataforma Única de Identidad contará con los registros administrativos de servicios financieros, transporte, salud, telecomunicaciones, educación, asistencia privada, paquetería y servicios de entrega, patronales y de seguridad social, religiosos; establecimientos de atención a las adicciones, y de toda institución privada que administre bases de datos de personas.
La mayoría legislativa aprobó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley antilavado, que permite a Hacienda investigar el uso de tarjetas de servicios o de crédito cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior a 805 veces el valor diario de la UMA (113.
14 pesos), es decir, 91 mil 77 pesos, además del uso de tarjetas prepagadas y de instrumentos de almacenamiento de valor monetario cuando el abono sea igual o superior a 72 mil 975 pesos (645 veces el valor diario de la UMA).
Se aprobó el paquete de reformas que crean la Comisión Nacional Antimonopolio, que asumirá las funciones de la desaparecida Comisión Nacional de Competencia (Cofece), y una reforma para transferir las facultades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para que realice la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social.
Morena adelantó que para el próximo periodo ordinario de sesiones, la prioridad es la reforma electoral, que buscará reducir los recursos a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral, así como reducir o eliminar a los candidatos plurinominales.
Guardia NacionalEjecutará la estrategia nacional de seguridad pública.
Define a la GN como una fuerza de seguridad pública integrada por personal militar con formación policial.
Podrá intervenir en delitos del fuero común al apoyar a autoridades locales.
Tendrá facultades de investigación e inteligencia para prevenir la comisión de delitos.
Garantiza mantener y restablecer el orden y la paz social, y proteger a las personas.
Investigación e InteligenciaEntre sus atribuciones destacan las siguientes:Faculta a la SSPC para solicitar datos personales y biométricos a instituciones estatales y a privados para investigar delitos.
Crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.
Establece el Centro Nacional de Inteligencia.
Prevé un registro nacional de usuarios de telefonía móvil.
Regula los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno.
TelecomunicacionesLas responsabilidades que genera esta reforma son:Faculta la suspensión de transmisiones de radio o televisión por infringir derechos de audiencias en general.
Exige asociar todas las líneas de telefonía móvil a un usuario con datos oficiales.
Obliga a las operadoras a guardar metadatos.
Sin orden judicial las fiscalías, policía y Ejército podrían acceder a esta información y geolocalización en tiempo real.
Dato91 mil 77 pesos de gasto acumulado al mes en tarjetas de servicios o crédito será motivo de investigación por la SHCP.