Colombiana se quedó sin obtener la nacionalidad española por su comportamiento: ojo a la “buena conducta cívica” Infobae
La decisión que tomó la Audiencia Nacional de España tiene a más de un ciudadano colombiano en alerta.
La alerta se debe a la confirmación de la denegación de nacionalidad española a una ciudadana colombiana por supuesta conducta contraria a la buena convivencia, aun sin existir una condena penal en firme.
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El fallo, fechado el 9 de enero de 2025, respalda la decisión previa del Ministerio de Justicia y subraya la relevancia del requisito de “buena conducta cívica” en el proceso de nacionalización, señaló el portal Correo del Lago.
Los antecedentes judiciales de la ciudadana colombiana en España
El caso ha cobrado relevancia en redes sociales debido a que varios connacionales podría estropear sus procesos de solicitud de nacionalidad por culpa de una mala acción frente a las autoridades españolas.
El caso en concreto involucra a Elisenda, una ciudadana colombiana cuya solicitud fue rechazada tras la apertura de unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante (DP 2156/2023).
La investigación está relacionada con presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad ocurridos durante el trámite de nacionalización.
La resolución judicial aclara que el criterio de “buena conducta cívica” no depende exclusivamente de la existencia de antecedentes penales.
En consecuencia, la administración puede evaluar tanto antecedentes como actuaciones recientes, incluso cuando no hay sentencia condenatoria, agregó el mismo portal informativo.
La simple imputación en un proceso penal puede influir en la percepción sobre el comportamiento cívico del solicitante.
Argumentos y efectos por culpa del mal comportamiento de la colombiana en España
Elisenda defendió el cumplimiento de otros requisitos legales, incluyendo residencia regular y ausencia de condenas.
Sin embargo, la Audiencia consideró válido el criterio administrativo de denegar la nacionalidad por la investigación en curso, priorizando la imagen pública y el respeto a las normas.
La sentencia advierte que la obtención de la nacionalidad española es un acto discrecional, no un derecho adquirido, y exige una conducta intachable por parte del solicitante.
La decisión impone costas procesales de hasta 1.500 euros y admite recurso ante el Tribunal Supremo si se acredita interés casacional objetivo.
Este caso sienta precedente en la interpretación de la “buena conducta cívica”.
Por lo tanto, los aspirantes a la nacionalidad española deberán demostrar un historial de convivencia respetuosa con la legalidad y la autoridad, incluso si no existen sentencias condenatorias previas, y así su historial previo sea intachable.
