Trump ordena quitar ciudadanía a naturalizados con historial delictivo
30 de Junio, 2025 22:15
La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su política migratoria al ordenar priorizar la desnaturalización de inmigrantes que hayan adquirido la ciudadanía estadounidense y estén vinculados con delitos. La medida, revelada en un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) y filtrado por Axios, establece que este proceso debe figurar entre las cinco prioridades principales de la División Civil.
El enfoque oficial apunta a ciudadanos naturalizados implicados en crímenes de guerra, terrorismo, violaciones a derechos humanos o delitos considerados una amenaza continua para la seguridad nacional. “La División Civil priorizará y perseguirá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por las pruebas”, señala el documento.
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Más de la mitad de inmigrantes son ciudadanos por naturalización
Actualmente, más de la mitad de los inmigrantes en Estados Unidos —24.5 millones de un total de 46.2 millones— son ciudadanos con naturalización. El proceso para obtener la ciudadanía exige residencia legal por al menos cinco años, dominio del idioma inglés y conocimientos cívicos. A pesar de estos filtros, el DOJ sostiene que algunos obtuvieron la ciudadanía de forma fraudulenta o encubriendo hechos relevantes.
Si bien la desnaturalización no es nueva —existen registros de unos 305 casos entre 1990 y 2017—, ha cobrado fuerza desde el primer mandato de Trump. Solo en 2017 se iniciaron al menos 30 procesos, el doble que en 2016. Para 2018, se habían revisado 2,500 posibles casos.
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Expertos legales advierten sobre el alcance de esta práctica, ya que advierten que estos litigios civiles podrían violar el debido proceso y derechos constitucionales garantizados por la 14ª Enmienda. Además, preocupa que la medida pueda usarse de forma discrecional para vigilar y sancionar a críticos del gobierno.
Ejemplo de ello es el caso de Mahmoud Khalil, activista propalestino con residencia legal, cuya deportación fue promovida por el gobierno bajo argumentos de lucha contra el antisemitismo. El nuevo memorando cita explícitamente ese objetivo como una prioridad, alimentando temores sobre la instrumentalización política de la ciudadanía.
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