Marisol Luna Leal
El pasado viernes 27 de los corrientes, en sesión extraordinaria, se integraron a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, la dra. Beatris Adriana Escobedo Trujillo y el dr. Ariel Rodríguez Kuri, en sustitución de las dras. Haydee Zizumbo Ramírez y María Angélica Buendia Espinosa, respectivamente. Según el artículo 5º del Reglamento Interior de la Junta, las vacantes debieron ser cubiertas en la sesión inmediata posterior que celebrara la Junta después de ocurrida la vacante; no obstante, como el apego a la legalidad no es el sello de la casa, qué más da hacer otra interpretación y hacerlo de otra manera. Y como ya se hizo costumbre, ningún renglón que justifique la decisión.
En el actual rectorado fui testigo de cómo se pre-seleccionan, y posteriormente se opera para que los perfiles afines sean los “electos” por el Consejo Universitario General. Ahora bien, si es por designación directa de la Junta, como los casos referidos, el tema se reduce no solo a discrecionalidad, sino también, a un simple trámite, empero, en ambos casos el fin último es el mismo, exista la seguridad de un voto a favor para lo que en el camino se ofrezca, sin importar que se configure conflicto de interés, sobre el cual el 5º del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la institución establece como, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
Una de las elecciones que desde el inicio no gustó al centro universitario, ya que se salió del criterio trazado: integrar una junta a modo, fue la que legítimamente recayó en la dra. Aide Zizumbo Ramírez; por la comunicación que generé con la dra. Zizumbo con motivo de los trabajos de la Comisión Transitoria para la elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica, en dos ocasiones se me instruyó ser la voz que pidiera su renuncia; paralelamente también se me instruyó elaborar los argumentos jurídicos que concretizaran su expulsión de la Junta, frente a tales peticiónes presenté mi renuncia a mi interlocutor -marzo 2023-, misma que en ambas ocasiones no fue aceptada, y que más tarde -noviembre 2024-, por más situaciones con las que tampoco estuve de acuerdo presenté con carácter de irrevocable.
Todo lo anterior viene a cuento por uno de los nombramientos recientes.
Durante más de tres décadas, la relación entre Ariel Rodríguez Kuri y Juan Ortiz Escamilla ha sido sostenida, documentada y públicamente reconocible en el ámbito académico. Desde su coautoría en La tradición histórica de la modernidad (1994), pasando por su participación conjunta en volúmenes colectivos como Las armas y el oficio (2005), hasta su coincidencia en eventos como el Congreso Internacional sobre Fuerzas Armadas en Iberoamérica (2000), cuya memoria fue editada directamente por Ortiz Escamilla, el vínculo entre ambos no ha sido circunstancial ni esporádico. Se trata de una trayectoria compartida en temas, espacios editoriales, proyectos institucionales y redes colaborativas, que trasciende lo anecdótico y configura una relación profesional consolidada. Esta trayectoria, lejos de descalificar el valor individual de sus aportaciones, plantea legítimas preguntas sobre la posibilidad de ejercer autonomía plena en órganos colegiados donde se espera independencia institucional.
La conexión entre Ariel Rodríguez Kuri y Juan Ortiz Escamilla no solo se sustenta en afinidades temáticas o en pertenecer a una misma generación académica, sino también en colaboraciones documentadas dentro de estructuras institucionales concretas. En 1996, Ortiz Escamilla participó como autor en el libro Ciudad de México: instituciones, actores sociales y conflicto político, 1774–1931, editado por Rodríguez Kuri, y publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Este tipo de colaboración —en la que uno actúa como compilador y el otro como autor— evidencia una relación no solo de interlocución académica, sino de mutuo reconocimiento profesional, establecida en contextos donde el ejercicio editorial también implica agencia institucional.
Esta constelación de vínculos queda plasmada en la visualización que acompaña este texto, donde se muestra a ambos académicos al centro de una red estructurada de relaciones. En la parte superior se agrupan adscripciones y colaboraciones institucionales (UAM-Azcapotzalco, COLMEX, Instituto Mora, Universidad Veracruzana), mientras que en la parte inferior aparecen las publicaciones conjuntas y compartidas. Las flechas indican el tipo de los vínculos: desde coautorías y coordinación editorial, hasta participación en órganos colegiados como la Junta de Gobierno del Instituto Mora. Esta red no solo refleja cercanía temática o afinidad profesional, sino también una trayectoria sostenida de colaboración en espacios que implican influencia mutua, toma de decisiones y legitimidad institucional recíproca.
A lo largo del tiempo, esta relación ha transitado por distintos formatos —coautoría, edición compartida y colaboraciones institucionales— que configuran una red intelectual persistente y jerarquizada. En virtud de su carácter estructurado y prolongado, dicha red resulta difícilmente compatible con la noción de independencia que se espera —y se supone— que ostenta Rodríguez Kuri en su calidad de miembro externo de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, donde Ortiz Escamilla desempeña un papel central dentro del equipo de Rectoría, nada menos que como Secretario Académico.
Como se deduce, eslabón por eslabón durante estos cuatro años se construyó un escenario para el resultado ilegal que hoy tenemos. Y no, la inconformidad en un amplio, amplísimo sector de la Universidad, en absoluto se trata de una guerra secreta impulsada por fuerzas ideológicas o partidistas, se trata de que torcieron la legalidad pasando por los intereses institucionales, se trata de que nunca hubo, ni existe un proyecto académico que saque a nuestra institución del ostracismo y mediocridad en la que se encuentra; se trata de que no estamos de acuerdo en que continúe al frente de la institución una persona cuyo ejercicio no se ha encontrado a la altura de las necesidades y circunstancias. Reducir la peor crisis de toda la historia de nuestra institución a los mencionados fuerzas es elemental, de manual y además torpe para cubrir la violación a la ley y la incompetencia.
Dra. Marisol Luna Leal
Profesora de Derecho Administrativo – UV
ExAbogada General UV
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