Propiedad, certeza jurídica y vivienda: caminos inseparables Excelsior
30 de Junio, 2025 12:20Armando Zúñiga SalinasLa reciente propuesta del director del Infonavit para regularizar viviendas ocupadas de forma ilegal, bajo la figura de arrendamiento con opción a compra, representa una nueva amenaza para el Estado de Derecho y el derecho de propiedad, elementos fundamentales de las reglas básicas de la convivencia social y para el desarrollo económico.
Aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que la propuesta no representa un riesgo para la propiedad privada, es necesario que finalmente se cierre esa posibilidad en los órganos de gobierno del INFONAVIT, una de cuyas funciones es precisamente cuidar del patrimonio de los trabajadores.
De fondo, esta propuesta constituye un aval para que la ocupación ilegal de una vivienda pueda convertirse en vía de acceso a la propiedad.
El mensaje es grave: quien no cumple, quien invade o se apropia sin derecho, puede ser eventualmente premiado.
Esta lógica no solo subvierte la legalidad, sino que instala una peligrosa pedagogía social consistente en que el despojo puede sustituir al trabajo.
En un país con desafíos crecientes de seguridad, esta señal institucional tiene implicaciones aún más preocupantes.
Legalizar la invasión de viviendas no solo representa una afrenta a los principios jurídicos, sino que abre la puerta a intereses criminales.
Es factible imaginar que bandas delictivas comiencen a reclutar personas para ocupar inmuebles, con la expectativa de obtenerlos a precios subsidiados.
El Estado no tiene facultades para perdonar selectivamente delitos patrimoniales ni para premiarlos con títulos de propiedad.
Hacerlo implicaría, en los hechos, despojar de sentido al derecho mismo.
Al contrario, el Estado debe garantizar la propiedad privada.
A esto se suma una distorsión técnica de enorme gravedad: el INFONAVIT no es propietario de todas las viviendas que administra.
Pretender disponer de inmuebles que legalmente pertenecen a terceros, sin una resolución judicial que lo autorice, representaría una violación directa al derecho de propiedad.
No se trata de una omisión menor, sino de una contradicción con el mandato legal del propio Instituto, que fue creado para proteger los recursos y el patrimonio de los trabajadores.
El derecho a la propiedad no se improvisa.
Históricamente, ha sido entendido como la culminación del esfuerzo individual, no como un botín disponible para quien actúe al margen de la ley.
El trabajador debe aspirar a la propiedad mediante su labor honesta, porque en ello se afianza su dignidad y se asegura el porvenir de su familia.
La propiedad legítimamente adquirida no solo fortalece la economía familiar, sino que sostiene el tejido moral de la sociedad.
Desvirtuar ese vínculo significa debilitar los incentivos al cumplimiento y erosionar el compromiso social con la legalidad.
Además, este tipo de medidas contradicen la lógica financiera más elemental.
Si el Instituto comienza a premiar la informalidad, ¿qué pasará con los millones de trabajadores que, mes a mes, aportan al fondo esperando que sus ahorros se transformen en patrimonio? Institucionalizar la ocupación irregular equivale a poner en riesgo el valor real de ese ahorro colectivo.
La propiedad privada, en este contexto, deja de ser garantía de certeza para convertirse en objeto de arbitrariedad.
Por supuesto que el problema del abandono habitacional debe atenderse.
Nadie niega que existieron errores en las políticas públicas que llevaron a construir viviendas en zonas desconectadas y sin servicios.
Pero la solución no puede consistir en reemplazar la planeación fallida por la legalización del caos.
Lo que no puede ocurrir es que, en nombre de la necesidad, se violenten las normas que garantizan la seguridad jurídica de todos.
No se puede permitir que una excepción se convierta en regla, ni que una ocurrencia se transforme en precedente.
El respeto a la propiedad no es una cuestión ideológica, sino un principio civilizatorio que permite la cooperación, la inversión y la paz social.
Por eso, es indispensable que esta iniciativa no avance.
El país requiere instituciones fuertes, capaces de enfrentar sus retos sin claudicar en sus fundamentos.
La ley no puede ser moldeada a conveniencia de los intereses del momento.
La vivienda, como expresión del trabajo honesto y del esfuerzo sostenido, debe ser defendida con firmeza.
Desde el sector empresarial, los organismos que aglutinamos a millones de trabajadores y empresas en todo el país mantendremos un monitoreo activo sobre este tema.
Se dará seguimiento puntual a cada decisión del Instituto, se exigirá transparencia en la administración de los recursos y se promoverán alternativas legales y justas que honren la vocación social del INFONAVIT.
En COPARMEX creemos que persona, trabajo, remuneración y propiedad son realidades complementarias e inseparables.
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