El caso del ex cura condenado por abusar de monjas: el juicio que lo echó de la Iglesia y el reclamo de sus víctimas Infobae

Manuel Fernando Pascual, alguna vez, fue un sacerdote. Perdió su rol y su lugar en la Iglesia, acusado de un ultraje aberrante, de abusar y vulnerar a las mismas monjas que debía guiar como pastor y líder. Ahora, si sus apelaciones fallan, tendrá un lugar en la cárcel.

Este mes, la Sala II de la Cámara de Casación confirmó la condena dictada en su contra en diciembre de 2022, cuando el Tribunal N°3 porteño le dio 12 años de prisión por atacar sexualmente a dos religiosas, con un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro hecho de abuso sexual gravemente ultrajante, luego de una fuerte acusación liderada por el fiscal Andrés Madrea, en un proceso que duró dos años.

María Luisa Piqué fue la fiscal que sostuvo la acusación ante la Cámara de Casación. Los relatos de las monjas, convalidados por los análisis de psicólogos que descartaron signos de fabulación, fueron un pilar en el caso.

Hay escenas denigrantes en esta historia. Entre 2012 y 2016, el cura, de acuerdo a la acusación en su contra, atacó a las religiosas integrantes de la congregación Hermanas de San José que tenía a su cargo.

Los hechos, de acuerdo a los testimonios, ocurrieron en un campo en el partido de Capitán Sarmiento llamado La Ermita, donde la orden realizaba retiros espirituales, o en una obra a cargo de las Hermanas en la calle Ernesto Bavio en Núñez, el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle junto a sus hijos.

Una de las religiosas, según su declaración, habría sido abusada en La Ermita, mientras el cura daba misa en privado, en el momento exacto de la consagración de la Eucaristía. En la privacidad del campo, con el pan en su mano, Pascual tomó a la religiosa y la acarició. Luego, sin soltar la Eucaristía, subió con su otra mano hasta su entrepierna. La monja, al sentirlo, rompió en llanto.

Sin embargo, dos meses antes de su condena en primera instancia, Pascual recibió la libertad condicional tras una estadía en el penal de Ezeiza, de acuerdo a registros penitenciarios, ni siquiera una prisión domiciliaria. Hasta el viernes último, Pascual continuaba sin una tobillera del SPF atada a su pierna. Su prisión todavía no se hizo efectiva. Su defensor, el abogado Adrián Albor, presentó un recurso extraordinario.

Otro juicio

Por otra parte, Pascual tiene un segundo juicio por abuso sexual pendiente en el Tribunal N°20, con una causa investigada por el fiscal Marcelo Roma.

Allí, según un documento del expediente, se le atribuye al entonces sacerdote “haber realizado agresiones contra la integridad sexual” de una mujer entre “los años 1998 y 2014, aprovechándose de su autoridad como sacerdote y consejero espiritual de la víctima”.

Los supuestos ataques, idénticos a los sufridos por las monjas y por los que fue condenado, ocurrieron en los mismos espacios, tocamientos, frotajes con sus genitales.

De acuerdo a la acusación, en otro hecho supuestamente ocurrido en 2006: “En un retiro espiritual, el acusado... hacía que ella se recostara en la cama junto a él, ambos desnudos, le pedía que le toque el cuerpo y la obligaba a practicarle sexo oral. Luego el acusado, se lo practicaba a la damnificada".

En su descargo en este expediente, “el acusado expuso ser víctima de una especie de complot en su contra efectuado por facciones opuestas dentro de la Iglesia católica”.

La condena de la Iglesia

En paralelo a la Justicia penal, Manuel Pascual enfrentó a la Justicia de sus pares, una rareza para un cura abusador.

En marzo de 2024, el Tribunal Eclesiástico Bonaerense, integrado por Mauricio Landra, Ricardo Medina y Alejandro Ruso, un obispo y dos sacerdotes, dictó sentencia en su contra. No solo le quitaron su rango de cura; lo excomulgaron, lo echaron directamente de la Iglesia.

El Tribunal decidió aplicarle dos delitos propios del derecho canónico. Primero, la solicitación en confesión, definido como el acto de un sacerdote que, en medio de la intimidad de la confesión, intenta inducir o persuadir a la persona que se confiesa a cometer actos impuros, con cinco hechos. Segundo, la absolución del cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento, “no cometerás adulterio”, en el caso de una mujer adulta.

De acuerdo a un comunicado definido en aquel entonces, los miembros del Tribunal determinaron "como pena justa la expulsión del estado clerical" y declararon “la excomunión, reservada a la Sede Apostólica, por el delito de absolución del cómplice”.

En un comunicado circulado en aquel entonces, 109 religiosas y laicas aplaudieron el fallo.

Pascual fue ciertamente juzgado por sus pares. La lista de nombres de quienes integraron el Tribunal -conformado bajo el mando de José García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires, tras la salida del cardenal Mario Poli en el cargo- llama poderosamente la atención, al menos, para los insiders de la Iglesia.

Un conocedor afirma: “Medina es el vicario de justicia de la arquidiócesis de Buenos Aires. Russo es el archipestre de la Catedral. Mauricio Landra fue decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA. Son los tres mayores exponentes de derecho canónico del país y una condena con el peso de sus firmas es terminante“.

La paradoja de Mario Poli

Pocas veces el derecho canónico y derecho penal se cruzan. Sin embargo, la investigación de la Iglesia se compenetró con la de la Justicia, que condenó a Pascual por abusador.

Ante la Sala II de Casación, integrada por los magistrados Daniel Morín, Eugenio Sarrabayrousse y Horacio Días, el fiscal Madrea y su colega María Luisa Piqué, presentaron un memorial previo al fallo.

Allí, recordaron: “Pascual negó expresamente relaciones sexuales, no negó las genitales, según su propio discurso, escuchado durante días y horas, y sin decirlo como tal, su letrado retoma el giro copernicano, tratando incluso de explicar lo inevitable de la ‘fogosidad’ del ‘hombre’ aun siendo consagrado".

“Sin comentarios”, fue el remate: “Todas sus víctimas hablan del ‘método’, y el propio Pascual se refirió a su metodología del amor”.

Recordaron, también, el rol en el caso del cardenal Mario Poli, uno de los hombres más poderosos de la Iglesia argentina, que fue parte del cónclave elector del nuevo papa, Leon XIV. En 2022, se presentó en el tribunal que condenó a Pascual como garante de su prisión domiciliaria.

Poli ofreció, incluso, propiedad del Arzobispado para que salga de la cárcel de Ezeiza y cumpla su arresto. Por qué hizo eso estuvo siempre rodeado del típico hermetismo de la institución que caracteriza en este tipo de asuntos.

Madrea y Piqué, sin embargo, revelaron en su memorial que ya a mediados del 2017, las víctimas “se lo contaron al cardenal Poli, que dio curso a la investigación en el ámbito religioso a principios de 2018 con su investigación preparatoria y luego su voto de avanzar con el proceso canónico por cinco víctimas en su momento”.

Daños y perjuicios

Madrea y Piqué también resaltaron el poder del acusado por sobre las víctimas: “Director espiritual y excluyente confesor en la Asociación de fieles ‘Hermanas de San José’, congregación religiosa que integraban las víctimas y progresaban o no conforme lo dijera Pascual... Particularmente era el director espiritual y confesor en particular de las víctimas (representa a Cristo en persona en dicho acto), famoso prohombre en el ámbito religioso, formador, escriba y autoridad nacional durante dos décadas de la vida consagrada en el país, ejerciendo incluso igual acompañamiento, guía y confesor de numerosos miembros de congregaciones religiosas femeninas“.

De acuerdo a los fiscales, Pascual afectó a estas mujeres en “todo su ser”.

En 2024, las dos víctimas del juicio en el Tribunal N°3 demandaron al ex cura por daños y perjuicios, con expedientes en dos juzgados civiles. Y no sólo eso, también lo hicieron contra la Conferencia Episcopal Argentina -“durante 20 años responsable de las vocaciones religiosas de congregaciones de la Conferencia”, explica una fuente del caso- y contra la congregación de las Hermanas de San José.