Diputados aprueban Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; quitan padrón de telefonía móvil Editorial Aristegui Noticias
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la que se eliminó la creación de Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que permitía el acceso de las instituciones de seguridad a los datos personales.
Con 445 votos a favor, de Morena, PVEM, PT, MC y PAN, y 37 en contra del PRI en lo general; así como 423 votos a favor y 63 en contra en lo particular el dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación.
La nueva ley, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, crea un Sistema Nacional de Seguridad Pública integrado por un Consejo Nacional, el Gabinete Gabinete Federal de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, las mesas de paz, los consejos locales, y el Secretariado Ejecutivo.
Entre las modificaciones hechas a la iniciativa presidencial destaca la eliminación del párrafo que señalaba que “la seguridad pública es de carácter civil”, así como la colocación de la Guardia Nacional -adscrita formalmente a Defensa- como la principal institución de seguridad federal, “con un enfoque y formación en doctrina policial civil”.
La legislación crea Sistema Nacional de Información, compuesto por registros y bases de datos nacionales, que permitirán a las instituciones de seguridad pública su consulta e interconexión.
Foto: Cámara de Diputados
Las instituciones policiales, de procuración de justicia o penitenciarias, y los Centros de Comando y Control, podrán compartir, actualizar y consultar diariamente información en este sistema.
La información contenida estos registros “se clasificará como reservada” en temas como detenciones, información criminal, personal de seguridad, equipo, armamento, medidas de protección, personas sentenciadas y otras necesarias para la operación del sistema. Sin embargo, no lo será “aquella información estadística requerida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para los Censos Nacionales de Gobierno”.
Los registros del Sistema Nacional de Información incluyen el de armamentos y equipo, detenciones, incidencia delictiva, información penitenciaria, mandamientos judiciales, personal de seguridad pública, medidas de protección, vehículos robados y recuperados, eficiencia ministerial, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada.
La nueva legislación otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública la facultad de aprobar los criterios para la distribución de los Fondos de Ayuda Federal para la seguridad pública, conformados por recursos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El diputado panista, César Damián Retes, aseguró que la votación a favor de su bancada “no es un cheque en blanco” y que en el blanquiazul estarán “atentos, vigilantes y esperando los resultados”.
Por su parte, el priísta César Alejandro Domínguez señaló que “se le da poder absoluto y magnánimo al Consejo Nacional de Seguridad Pública” y criticó que la iniciativa aprobada fuera distinta a la que aprobó la Comisión de Seguridad Ciudadana en su momento.
La emecista Claudia Ruiz Massieu dijo que la nueva ley se inscribe en la tendencia de concentración de poder e información en el Ejecutivo Federal a expensas del federalismo y advirtió que “no es una norma que busque enfrentar los retos nacionales dentro del marco de los lineamientos constitucionales que deben regir al Estado mexicano”.
La diputada morenista Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó que la nueva legislación “es el complemento normativo indispensable para consolidar un modelo integral de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la profesionalización policial y la inteligencia estratégica”.
Subrayó que se trata de una legislación que responde a “una revisión profunda de las deficiencias estructurales del sistema anterior” y que busca “fortalecer a las instituciones y proteger a las y los ciudadanos con nuevos esquemas y modelos de actuación”.
