Magistrados electorales gandallas El Imparcial
Es un tema de justicia, de ética y de darse cuenta de los tiempos de crisis por los que estamos atravesando, pero pareciera que ellos lejos de entenderlo, se burlan de la situación.
Nos referimos a los magistrados electorales que pretenden indemnizaciones millonarias que podrían alcanzar hasta los 5 millones de pesos, por unos siete años de estuvieron en el TJEBC.
El escándalo detonó la semana pasada y luego de ello hubo múltiples reacciones de políticos.
El denominador común en la intervención de estoy personajes fue el rechazo total e incluso calificativos de sinvergüenzada realizados en contra de los magistrados, que pretenden hacer tal acto reprobable y anti constitucional.
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Jaime Vargas Flores quiere retirarse del cargo con una indemnización-finiquito de poco más de cuatro millones 300 mil pesos.
Ello, mediante un acuerdo que “impulsó” para modificar las condiciones generales que rigen las relaciones laborales del personal del Tribunal, mismo que firmaron dos magistrados más y la secretaria de Acuerdos a finales de diciembre del 2024 y que fue publicado en el Periódico Oficial de Baja California el pasado 6 de junio.
En su artículo 34 de las Condiciones Generales de Trabajo se establece un sexto capítulo que plantea dicha indemnización millonaria para los magistrados electorales.
Además de Vargas Flores, dicho acuerdo fue firmado por la magistrada electoral, Carola Andrade Ramos; el magistrado en funciones, Germán Cano Baltazar y la secretaria general de Acuerdos en funciones, Karla Giovanna Cuevas Escalante.
En efecto, el todavía magistrado quiere retirarse con un año de sueldo, más tres meses de sueldo, más 20 días de sueldo por cada año trabajado, es decir, quiere llevarse poco más de cuatro millones 300 mil pesos, lo que representaría el diez por ciento del presupuesto 2025 del Tribunal que es de 43 millones 991 mil 790 pesos.
Cabe mencionar que Vargas concluirá su periodo en noviembre del 2025 tras siete años en el cargo, con un sueldo mensual de 186 mil pesos.
Habrá que esperar la posición que tomará al respecto la magistrada Graciela Amezola Canseco, quien en abril de este año fue designada como magistrada electoral, y por consiguiente no firmó el mencionado acuerdo de las nuevas Condiciones Generales de Trabajo.
Se quieren auto liquidar como si fueran trabajadores despedidos de manera injustificada, dijo el consejero jurídico, Juan José Pon. Es totalmente irregular.
No existe presupuesto asignado al Tribunal de Justicia Electoral de BC para que los magistrados pretendan auto asignarse una millonaria indemnización, afirmó el diputado Juan Manuel Molina García, quien rechazó la pretendida liquidación.
El representante del PRI ante organismos electorales de BC, Joel Blas Ramosresponsabilizó al secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, de loque consideró “una omisión” al publicarseen el Periódico Oficial, el pasado 6 de junio,el acuerdo sobre la auto indemnización millonaria de consejeros electorales.
El diputado Molina refutó al representante del PRI en el tema de la publicacióndel acuerdo de magistrados electorales enel Periódico Oficial; es un organismo autónomo y debían publicarlo y posteriormenteiniciar al lucha para su reversa total.
Como una “sirvenguenzada” lo calificóla diputada del PAN, Alejandrina CorralQuintero la pretendida indemnización millonaria de los magistrados electorales deBaja California.
El tema está ahí; las mesas de análisisentre autoridades y magistrados iniciaron,pero los diputados locales van por la anulación de esa liquidación y no una “salomónica modificación” de la cantidad.
La verdad sea dicha
*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.
