Procurador dice que “es el tiempo de las instituciones” y respalda iniciativa de moderar discursos Infobae
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, abordó recientemente el debate jurídico que ha suscitado el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular, tras el hundimiento de varias reformas clave en el Congreso.
Según explicó, el curso de esta iniciativa depende ahora de las decisiones que adopten las máximas instancias judiciales del país.
El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se dio luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, solicitara conceptos sobre la legalidad y viabilidad de dicho decreto al Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y a la propia Procuraduría.
En este contexto, Eljach subrayó que la discusión ha pasado del terreno político al estrictamente jurídico, lo que implica una evaluación técnica en el marco de la Constitución y la ley.
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De forma paralela, el procurador participó en una reunión entre autoridades del Estado y representantes de la Iglesia católica, convocada con el propósito de reducir las tensiones en el lenguaje político y promover un ambiente de mayor serenidad institucional.
Durante ese encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de propiciar un clima más reflexivo y constructivo, dadas las crecientes fricciones en el escenario nacional.
Eljach valoró positivamente la iniciativa e indicó que el llamado a moderar los discursos no solo se aplica a los actores políticos, sino que también compromete a las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones.
Desde su perspectiva, el acompañamiento de cada institución es clave para facilitar un escenario de deliberación democrática donde prevalezca el respeto por las formas y los procedimientos establecidos.
En cuanto a la participación del presidente Gustavo Petro en dicha reunión, se conoció que el mandatario abordó diversos asuntos de interés nacional, incluyendo una breve mención al estado actual de la reforma laboral, que aún se encontraba en trámite legislativo en ese momento.
La Procuraduría General, al igual que otras entidades consultadas, deberá emitir su concepto frente al decreto de la consulta popular, en un contexto donde se espera que el sistema institucional colombiano resuelva con claridad los interrogantes que ha suscitado esta iniciativa del Ejecutivo.
Mientras tanto, el llamado a la moderación y al respeto por los canales democráticos se perfila como una respuesta transversal ante el actual clima de polarización.
