La llegada del megabuque de EEUU con millones de litros de diésel ilegal expuso una gran red de huachicol fiscal estadounidense, la nueva gran economía del narco mexicano ligada a empresarios de ambos países y funcionarios aduanales El Imparcial
ESTADOS UNIDOS.— Cada noche, a unos 90 kilómetros al norte de la Ciudad de México, la carretera principal se ilumina con luces intermitentes que alertan a los transportistas: hay combustible ilícito a la venta.
Esta escena cotidiana es reflejo de una economía paralela que se extiende desde Texas hasta diversos estados de México.
En el centro de esa red, de acuerdo con una investigación de The Financial Times, se encuentra una estructura de corrupción dentro de las propias autoridades portuarias mexicanas.
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El papel clave de Altamira y Tampico en el tráfico de combustible
Los puertos de Altamira y Tampico, en el estado de Tamaulipas, se han convertido en puntos estratégicos para las operaciones de contrabando de diésel y gasolina, una práctica más conocida como huachicol.
Buques procedentes de Estados Unidos han llegado declarando cargas de “aditivos para aceites lubricantes”, un producto que no está sujeto al impuesto IEPS. Sin embargo, documentos del mismo país de origen revelan que en realidad transportan combustible.
Según el reportaje, estos barcos descargan el contenido directamente en camiones cisterna mediante mangueras, sin pasar por los sistemas de almacenamiento regular, y se han documentado al menos 42 operaciones de este tipo entre 2023 y 2025, con la participación de 28 embarcaciones distintas.
Funcionarios investigados por nexos con empresas importadoras
Uno de los casos más representativos es el de la empresa Intanza, señalada como importadora del buque Challenge Procyon, el cual fue asegurado tras encontrarse diésel declarado como aditivos.
Según Mexicanos Contra la Corrupción, los propietarios de Intanza tienen vínculos con Francisco Martínez, quien hasta hace poco se desempeñaba como director financiero del puerto de Tampico.
Martínez reportó ingresos personales que superaban 10 veces su salario oficial.
Tras la publicación de la investigación, fue destituido junto a otro funcionario. También fueron revocadas las licencias de importación de Intanza y otra empresa, Azteca Cone.
Es extremadamente improbable que este nivel de negocio ilícito pueda operar sin colusión interna”, declaró David Soud, analista de la firma IR Consilium. “Esa colusión puede ser voluntaria o forzada”.
Cómo operan las redes criminales con protección institucional
Detrás de estas operaciones están grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Estas organizaciones utilizan empresas de transporte como Mefra Fletes —que opera con 600 camiones en el país— para mover combustible.
La empresa carece de sitio web y presencia digital, pero sus unidades aparecen en imágenes de transferencias en puertos y operativos contra hidrocarburos ilegales.
Una de las pistas más fuertes fue la detención del alcalde de Teuchitlán, en Jalisco, y sus dos hermanos, quienes presuntamente son dueños de los camiones encontrados en dos redadas recientes.
¿Qué ha hecho el gobierno mexicano?
Desde 2022, las aduanas mexicanas están bajo control militar. Aunque la intención era combatir la corrupción, las cifras de contrabando han aumentado.
La Secretaría de Marina afirmó al FT que “cualquier situación ilegal no es tolerada”.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado nuevas medidas de inspección, como la revisión exhaustiva de transportes en cruces fronterizos. Sin embargo, el volumen y la violencia detrás del negocio dificultan una respuesta eficaz.
El Estado mexicano ha sido rebasado desde hace tiempo”, afirmó Eduardo Guerrero, analista de Lantia Intelligence.
Agregó que podría avecinarse un enfrentamiento directo entre el CJNG y el Estado, con apoyo de Estados Unidos.
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¿Qué sigue?
La participación de funcionarios, el uso de documentación falsa y la falta de control efectivo sobre puertos y aduanas reflejan una estructura que va más allá de simples actos individuales.
Estas organizaciones son corporaciones que matan”, advierte Samuel León.
Las investigaciones en curso y la presión internacional abren la puerta a una revisión profunda de los procedimientos portuarios en México, mientras nuevos reportes apuntan a que el combustible ilegal incluso está comenzando a circular en estaciones de servicio dentro del territorio estadounidense.
