Empresarios mexicanos son vinculados a familia estadounidense acusada de la gran red de huachicol fiscal binacional financiada por el CJNG El Imparcial
ESTADOS UNIDOS.— Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, tres empresas mexicanas —Comexperts, Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax— enviaron por tren más de 130 millones de litros de crudo hacia una compañía estadounidense llamada Maxim Crude Oil, propiedad de la familia Jensen.
De acuerdo con información recabada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), estas exportaciones pasaron por la aduana de Piedras Negras, Coahuila, y fueron registradas como “desechos de aceite de petróleo”, aunque en realidad se trataría de crudo, que posteriormente fue comercializado en Estados Unidos.
¿Quiénes son los Jensen y por qué están bajo investigación?
James Jensen, propietario de Maxim Crude Oil, está vinculado desde al menos 2011 al negocio del huachicol, cuando Pemex lo demandó por vender en EEUU condensado robado por cárteles mexicanos. En abril de 2024, él y su esposa Kelly Anne Jensen fueron detenidos en su residencia en Sandy, Utah, por presunta importación ilegal de petróleo crudo y lavado de dinero.
Según la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, los Jensen introdujeron de forma irregular más de 2 mil 881 cargamentos de petróleo, utilizando facturas falsas que señalaban los embarques como desechos.
Además, el 30 de mayo pasado, las autoridades estadounidenses ampliaron los cargos para incluir el financiamiento al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista por el gobierno de Donald Trump.
¿Qué relación tienen las empresas mexicanas con este caso?
Las exportaciones de Comexperts, Doble Erre y Atax coinciden en fechas y fracción arancelaria con los datos descritos por la fiscalía de Texas en la acusación contra los Jensen.
A pesar de haber movido millones de litros de combustible, las tres empresas no tienen historial en el sector energético ni en comercio internacional de hidrocarburos. Incluso, el SAT suspendió a Comexperts y Doble Erre por incumplimientos fiscales en 2022 y 2021, respectivamente.
Además, las tres compañías están registradas en San Pedro Garza García, Nuevo León. Dos de ellas incluso comparten domicilio en una torre corporativa en una zona exclusiva de Valle del Campestre.
Te puede interesar: Estrategias de Omar García Harfuch contra el huachicol estarían impulsando venta legal de diésel y gasolina en Pemex, con un gran repunte
¿Cómo se transportaba el crudo y qué rol jugó la aduana?
El crudo fue enviado en 180 vagones tipo pipa, arrendados por Maxim Crude Oil al First-Citizens Bank & Trust Company. Este banco presentó en marzo una demanda civil por falta de pago de la renta de esos vagones. La deuda asciende a 1.8 millones de dólares.
Durante todo ese tiempo, la aduana de Piedras Negras, por donde pasó el crudo, fue administrada por dos tenientes coroneles del Ejército mexicano, Jorge Arturo Sánchez Avilés (hasta septiembre de 2023) y Antonio Orduña Álvarez (hasta septiembre de 2024).
¿Desde cuándo está involucrado James Jensen con el robo de hidrocarburos?
En 2011, Pemex Exploración y Producción (PEP) demandó a James Jensen y a sus empresas Big Star Gathering LTD y Saint James Oil Inc por comprar y revender gas condensado robado por cárteles en la región de la Cuenca de Burgos, que abarca Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La denuncia sostenía que Jensen incluso viajó a México para negociar con los grupos criminales. Según la estimación de Pemex, entre 2006 y 2011 se generó un daño de 300 millones de dólares por este tipo de robo. Sin embargo, no logró recuperar el monto porque la demanda fue desechada por falta de pruebas suficientes.
Te puede interesar: Simón Levy insinúa que la Embajada de EEUU miente tras respuesta a la supuesta lista de huachicol que incluye a familia de AMLO, Rocha Moya y otros políticos
Investigaciones en curso
Las investigaciones siguen en curso tanto en México como en Estados Unidos. Aunque no se ha comprobado que los dueños de las empresas mexicanas estén ligados a organizaciones criminales, las autoridades fiscales y judiciales de ambos países mantienen bajo revisión el caso por posible lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y financiamiento al crimen organizado.
Las autoridades no han revelado públicamente los nombres de las organizaciones mexicanas que recibieron los 47 millones de dólares provenientes de la venta ilegal del crudo, pero la conexión con el CJNG sugiere un alcance internacional de esta red.
