Buscan destituir a la jueza que dejó a una menor en manos de su progenitora procesada por difusión de propaganda nazi Infobae

Este sería un caso más de obstrucción de vínculos a partir de una falsa denuncia, de los tantos que duermen en los juzgados de familia, de no ser porque en el medio hubo una maniobra de fraude procesal avalada por la propia jueza y por el defensor oficial, y porque la progenitora excluyente está denunciada desde el año 2021 por integrar una red neonazi. En abril pasado, el juez Ernesto Kreplak la procesó sin prisión preventiva pero con un embargo de diez millones de pesos por violación de la Ley 23592, que castiga con hasta tres años de cárcel a quienes “alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

“Desconocemos la verdad sobre Adolf (Hitler) y sobre el nacionalsocialismo (porque) estamos viviendo en un sistema judío. La demoniocracia (sic) capitalista es judía. Los judíos son jodidos y no es joda”. Estas son algunas de las cosas que Andrea Bogdan, 52 años, artista plástica, dice en los videos subidos a youtube con la sigla DDLA (Detrás De Lo Aparente), nombre del grupo que integraba junto a otras personas y que produjo un film llamado “El diario de Adolf”. También había referencias al “Holocuento” y a los “abusadores judíos”.

Estos materiales fueron secuestrados durante los allanamientos a los integrantes del grupo del que Bogdan era una de las líderes y en base a los cuales Kreplak decidió el procesamiento.

Ahora bien, mucho antes de que esto sucediera, cuando se inició la causa por violencia familiar, obstrucción de vínculo y tenencia de los hijos en el Juzgado de Familia n°6 de La Plata, cuya titular es la jueza María del Rosario Rocca, Andrea Bogdan explícitamente dijo -y de esto hay grabaciones de whatsapp y videos- que no dejaba que sus hijos fueran con el padre porque éste es homosexual: “Los gays no sirven para ser padres”.

Los conflictos por la tenencia de los hijos tras la separación suelen desatarse o agravarse cuando uno de los miembros del matrimonio disuelto vuelve a formar pareja. En el caso de Carlos Herrán lo que desató la furia de Bogdan fue que su ex se puso en pareja con otro hombre. En eso se basó para negarle el derecho de ver a los hijos. Cuando él fue a buscar a los chicos para pasar con ellos el Día del Padre, el 15 de julio de 2019, ella no se los entregó y lo amenazó con llamar a los amigos que lo querían golpear: “¿Sabés la cantidad de pibes que te quieren romper la cara? ¿Querés que los llame?”

Ese episodio violento quedó grabado en un video. Tres días después, Andrea Bogdan presentó una denuncia por violencia doméstica contando la historia al revés -Herrán la había amenazado a ella-. Casi en simultáneo el padre denunció la obstrucción de vínculo sumando el video como prueba. Sin embargo, la jueza Rocca dictó de inmediato medidas cautelares.

Mariela Meconcelli, abogada de Carlos Herrán en la causa de familia, afirma que “hay un abuso del derecho en la protección a la mujer” y que la herramienta que da la Ley 12569, de protección contra la violencia familiar, “que es muy fácil de usar” porque permite dictar medidas cautelares sin requerir prueba, se termina usando “para resolver otras cuestiones” como la disputa por los hijos o por los bienes. Pero, aclara Meconcelli, “una vez que se dicta la medida sí hay que desarrollar prueba”. Y acá es donde falla la justicia.

“Esta ley se usa de manera desmedida en los juzgados de familia -dice Meconcelli en charla telefónica con Infobae-. Entiendo que en la urgencia se dicta la medida, de exclusión por ejemplo, pero si la otra parte presenta prueba…”. Fue el caso de Carlos Herrán: “En la misma fecha que denuncia el impedimento de contacto, presenta prueba que desmiente la denuncia inicial de la madre pero no la consideran ni resuelven”.

Durante la pandemia, impedido de ver a sus hijos, Herrán buscó información en las redes y allí fue que descubrió las actividades de propaganda nazi que llevaba a cabo Andrea Bogdan. Cuando él presentó su denuncia, ya existía una previa hecha por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).

En un taller organizado por el Colegio de Abogados de La Plata, la doctora María del Rosario Rocca se hizo notar por decir sin sonrojarse que “contra la falsa denuncia no se puede hacer nada”. Sin embargo en este caso no se quedó en la inacción, sino que con sus decisiones demostró una evidente parcialidad en beneficio de Bogdan. De entrada, legitimó la instrumentalización que hizo la madre de la orientación sexual del padre como argumento para excluirlo de la vida de los hijos.

Rocca basó cada una de sus medidas en la denuncia, a todas luces falsa, de la madre y no se movió de esa posición. No valoró las pruebas aportadas por el padre ni buscó producirlas ella misma. Jamás recibió a Carlos Herrán en estos más de siete años de iniciada esta causa.

“Desde septiembre de 2018, he sido arbitrariamente impedido de tener cualquier contacto con mis hijos, particularmente con mi hija menor (...), nacida en 2009, en un proceso de alienación parental legitimado por la inacción de la Dra. Rocca”, dice Carlos Herrán, en la denuncia por mal desempeño, conducta antifuncional y violación a los deberes judiciales que presentó en el Consejo de la Magistratura provincial con patrocinio de la abogada Patricia Anzoátegui.

El otro hijo es actualmente mayor de edad, pero la maniobra de exclusión ya ha dado sus amargos frutos: Herrán ignora todo sobre él.

“El daño es irreparable -dice la doctora Meconcelli-. Después de tantos años, Herrán es un desconocido para sus hijos. Tiene perimetrales desde 2019, sin prueba ni fundamento. La última es del 15 de noviembre de 2024, pedida por la madre dos días antes. Se la dan de inmediato. Se busca borrar la figura del padre”.

Andrea Bogdan hizo participar a su propia hija en uno de los videos que produce. En él se ve a la niña llevando flores a la tumba de su padre…

Herrán denuncia que la jueza no sólo “ignoró sistemáticamente” sus denuncias sino que también desoyó intervenciones como la de la DAIA, que “en 2021 se hizo eco público de la vinculación de Andrea Bogdan con una red neonazi”.

Aunque el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, procesó a Andrea Bogdan y a otros integrantes de su grupo “por difusión sistemática de contenidos de odio, propaganda antisemita y negacionista” y utilización de la hija menor de edad “en producciones audiovisuales con alto contenido ideológico y simbología nazi”, tampoco esto generó ninguna acción ni medida de protección de parte de la jueza.

“Un pedido formal de guarda cautelar (abril de 2021), sustentado por hechos graves con evidencias irrefutables” fue desechado por Rocca, denuncia Herrán.

Aunque la jueza sostiene que “ante la falsa denuncia no se puede hacer nada”, Herrán denuncia que ella “no ha sido una espectadora pasiva”, sino “actora y garante de un proceso de desvinculación forzada, motivado por prejuicios” y “sostenido por omisiones”.

Y acá viene la maniobra que determinó a Herrán, asesorado por Anzoátegui, a pedir el juicio político a esta magistrada.

El 11 de diciembre de 2023, el Cuerpo Técnico Auxiliar (CTA) del Poder Judicial de La Plata realizó una pericia psicológica a ambos padres y el resultado de la de Andrea Bogdan fue demoledor: concluyeron que la progenitora excluyente presentaba “un trastorno psicótico no especificado, con indicadores clínicos graves que afectan directamente su idoneidad parental”.

Los elementos que fundaron esta conclusión son los siguientes: “Delirios de carácter mesiánico y conspirativo, enmarcados en una cosmovisión ocultista-nazi y superioridad racial. Reticencia absoluta a la autocrítica o al abordaje terapéutico. Discurso negacionista del Holocausto, antisemita y discriminatorio. Ausencia total de angustia o capacidad de reflexión sobre el conflicto familiar, lo que en sí mismo representa una señal de riesgo clínico”.

Finalmente, consignaron el “liderazgo” ejercido por Bogdan “dentro de una red doctrinaria que ha sido calificada como sectaria y peligrosa por múltiples organismos y medios de comunicación”.

El informe de los peritos concluía con la recomendación expresa de evaluar con carácter urgente a la menor, a fin de establecer el grado de vulnerabilidad psicológica y manipulación ideológica al que podría estar sometida.

¿Qué hizo la jueza Rocca con esta pericia, producida, vale reiterar, por el Cuerpo Técnico Auxiliar del Poder Judicial de La Plata? ¿Qué medidas tomó para proteger a la menor de edad?

Ninguna. Peor aun: ocultó deliberadamente el informe. “Este ocultamiento sin ninguna medida para resguardar a la niña, importó que al día de hoy, Bogdan esté en plena guarda exclusiva de la menor, todo bajo la autoridad y firma de la Dra. Rocca”, dice Herrán.

“Un informe se puede mantener en reserva”, dice Patricia Anzoátegui ante la consulta de Infobae. “Pero lo que no se puede es no tomar ninguna medida ante un informe de tanta gravedad”, acota.

Ella patrocina a Herrán en la denuncia penal contra la jueza Rocca “por obstrucción de prueba y por filtrar el informe, beneficiando a una de las partes”. “Abandonó a una menor de edad en manos de una psicótica. El poder judicial hizo un informe y lo ocultó. Creen que protegiendo a la mujer protegen al niño”. Y eso no es automático.

¿Cómo se entera Herrán de la existencia de esa pericia, que la jueza le ocultó? Fue en el ámbito de la justicia penal, dice Anzoátegui, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Kreplak.

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos estaba el teléfono de Bogdan que fue peritado. Del contenido de los mensajes de whatsapp intercambiados con su abogado de oficio surgió que el juzgado de familia que le negó y le niega hasta hoy a Carlos Herrán el acceso a su expediente, le filtró la pericia a la otra parte.

“La Dra. Rocca, ante el conocimiento de la grave patología de Bogdan (...), ocultó deliberadamente esta pericia (...) con el objeto de que la otra parte no tomase conocimiento de la grave patología de la Sra. Bogdan”, dice el pedido de juicio político.

Pero el informe no solo fue ocultado sino que fue filtrado al abogado de Andrea Bogdan, Rafael Falivene, Defensor Oficial, y éste se lo dio a su defendida, en lo que representa “una violación del deber de imparcialidad judicial y del principio de igualdad”, dice la denuncia de Herrán.

El 27 de diciembre de 2023, Falivene le escribe a Bogdan vía whatsapp: “Te paso informe elevado por el Cuerpo Técnico del Juzgado”. Y le aconseja: “Cuando te entrevistes con un psiquiatra, mostrale ese informe para rebatirlo”.

Dos días después, el 29 de diciembre, Andrea Bogdan responde: “Buen día Rafael, la Lic. Durand hace test neurocognitivos, no sirven para rebatir lo dicho por los del juzgado 5. Y me cobró 8 mil por nada. Busqué alguien que hiciera estos psicodiagnósticos para judiciales, no es fácil, encontré al Lic. Roberto Casanova en CABA. Pero me cobra 160 mil pesos. Mucho dinero para mí. ¿Se justifica para la causa?”

Evidentemente sí, le habrá dicho el abogado, porque dos meses después, el 28 de febrero de 2024, ella le comunica que obtuvo un informe alternativo. Y acá viene lo mejor. Falivene responde: “Me alegro y te felicito por tu informe.” Y agrega: “Te hago una consulta, ¿cuánto te cobró por toda la evaluación? Tengo una chica en análoga situación a la tuya y vendría bárbaro si lo puede hacer.”

¿Cuál sería esa situación análoga? ¿Otra falsa denuncia? ¿Otra pericia oficial que había que tratar de voltear? ¿Otra señal de riesgo clínico a ignorar?

Bogdan le responde: “Gracias. Es el mejor que encontré pero súper salado, 160 mil... un encuentro en Bs As de 3 horas y el resto online.”

A ella le dieron una ventaja procesal entregando el informe a su abogado, otro funcionario público cuya conducta habría que observar. “Está involucrado en una parcialidad notoria -dice Meconcelli- Estoy acostumbrada a ver irregularidades pero esto supera todo”.

En su denuncia, Herrán dice que todos estos elementos “demuestran una planificación deliberada para manipular prueba pericial en el expediente [que] trata la tenencia de la menor”, y “que el informe original del CTA fue ocultado en sede de familia” y sustituido por otro obtenido por mecanismos que falsean su resultado.

Todo esto, subraya, “configura una maniobra procesal fraudulenta agravada, con consecuencias directas sobre el derecho de la menor a vivir en un entorno psíquicamente saludable”. Y agrega que “la jueza Rocca no sólo no actuó frente a esta manipulación” sino que la facilitó.

“No hay fundamentos para que un particular no pueda ver su causa -afirma Mariela Meconcelli-. En todo este tiempo, Herrán no pudo ejercer su defensa como corresponde porque no accedió a esa información”.

El texto de la denuncia contra Rocca concluye que “la conducta de la magistrada no puede ser interpretada como simple negligencia” sino que se trata de “complicidad” y de “abandono institucional de una menor de edad”.

Desde septiembre de 2018, Carlos Herrán fue excluido del vínculo con su hija, en base a una denuncia por violencia familiar que no fue investigada. Esta exclusión parental fue prolongada por más de siete años a través de resoluciones de la jueza Rocca que nunca valoró las pruebas de descargo presentadas por Herrán ni tuvo en cuenta el derecho de la menor a mantener vínculos familiares

“En la justicia hay quioscos de perimetrales -sostiene Mariela Meconcelli-. Te dicen abiertamente que ‘una perimetral no se le niega a nadie’. Herrán denunció hechos graves -líder nazi, delitos de odio, manipulación de los hijos…”

Y cuenta otro hecho irregular en esta causa. La Abogada del Niño tuvo una audiencia con los dos hijos y éstos acceden a que ella los representase. Pero en la segunda audiencia, por videollamada, la madre aparece y le dice que los chicos no quieren ser representados por ella… El juzgado dice entonces que, teniendo en cuenta lo que dice la abogada del niño, se rechaza el pedido del padre. “Tienen una idea predeterminada y la sostienen incluso con argumentos contradictorios. Es una parcialidad notoria”, afirma Meconcellli.

En la denuncia contra Rocca, se resume: “La menor permanece hasta la fecha bajo la guarda exclusiva de su madre, una mujer procesada penalmente, diagnosticada con trastorno psicótico, y vinculada a una estructura sectaria que ha instrumentalizado a su propia hija como vocera simbólica de un proyecto ideológico basado en el odio. Este accionar, omisivo y sistemático, no es un error judicial. Es un fallo ético. Es un acto de traición a la función de protección que el Estado le confiere al fuero de familia.”

Herrán tiene la expectativa de que el juicio político prospere, dice la abogada de familia, “porque acá más que omisión hay una acción deliberada de ocultar un informe porque era desfavorable a una de las partes; es el hecho bisagra de este expediente”.

“Así funcionan los juzgados de familia. Con esta liviandad tratan los casos causando un daño irreparable”, concluye Meconcelli.

Esa es la importancia de este pedido de juicio político. Herrán pasará otro Día del Padre sin sus hijos, pero su reclamo contribuirá a exponer el funcionamiento irresponsable e injusto de un sistema que opta por el camino más cómodo: cortar los vínculos antes que investigar, causando un daño irreparable y convirtiendo a los menores involucrados, en palabras de un experto, “en niños huérfanos de padres vivos”.