Aún más lejos de una educación de calidad. Heraldo de Aguascalientes

La constante institucional de seguir generando opacidad en el sector público a nivel federal sigue aumentando. Tal y como se ha advertido a lo largo de los últimos meses con la desaparición del INAI y Coneval, la tendencia del oficialismo (que se irradia también en las entidades federativas) de limar el acceso a la información pública y las evaluaciones ha ido incrementándose y culminando con la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Esta última decisión retrata una de las prioridades implícitas de las últimas dos administraciones federales: evitar a toda costa las evaluaciones en materia educativa. Bajo esta tendencia deberíamos preguntarnos ¿cuál es el futuro de la evaluación educativa? ¿Qué consecuencias negativas traerá consigo la falta de evaluaciones?

Hay que recalcar que el propósito fundamental de la evaluación educativa es generar una imagen sobre el estado de la educación en el país bajo diferentes parámetros: brecha educativa, rendimiento académico, infraestructura, etc. La molestia del partido oficialista va relacionada con la política educativa actual y la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, la cual arrancó poco después del regreso a las aulas por el COVID-19 y los resultados de las evaluaciones mostraban datos muy desalentadores (5.2 millones de estudiantes desertaron según la encuesta Ecovid-Ed del INEGI) No hubo ninguna estrategia para combatir el rezago educativo y el abandono, sino que se apostó por implementar este nuevo modelo educativo con un enfoque de transversalidad, a pesar de las crecientes alarmas sobre la deficiencia del sistema educativo en mejorar el rendimiento académico de las y los estudiantes a nivel básico y medio.

En ese sentido, la Mejoredu (que se creó en 2019 para suplir las funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) publicó los resultados de la evaluación diagnóstica para el año 2023, cuyos resultados fueron todavía más alarmantes: la media en matemáticas no superaba los 5 puntos y en lectura de comprensión 6 puntos (la evaluación se aplicó a estudiantes de primaria y secundaria). En medio de esta publicación y la polémica del contenido de los libros de texto gratuitos se dieron las elecciones presidenciales, pero durante las campañas a ninguno de los candidatos les pareció importante referir algo de esto, por el contrario, las prioridades de las y el contendiente estaban enfocadas en la ampliación de las becas para el bienestar y seguir otorgándole mayores prerrogativas al magisterio. Por ello, esta nueva administración aprovechó, dentro de la desaparición de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA´s), para desaparecer también a la Mejoredu y centralizar la evaluación a una dependencia dentro de la SEP. Esta decisión, evidentemente, no mejoraría en absolutamente nada la situación y, por el contrario, terminaría por enterrar la poca evidencia actual de la situación en que se encuentra el sistema educativo mexicano.

¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Ante la falta de información para tomar mejores decisiones en materia educativa, todas las políticas públicas que derivan de estas y la política educativa nacional están comprometidas, a pesar de que los discursos y ´buenas intenciones´ digan lo contrario. La única métrica objetiva y razonable para contrastar las nuevas cifras oficiales serán las evaluaciones internacionales como PISA (la única que aún seguirá vigente en el país) y aquellas que logren efectuar las entidades federativas que tengan la voluntad política para aplicarlas (en pocas palabras, que realmente les importe el sector educativo) a pesar de las presiones de los sindicatos de maestros.

Finalmente, las riendas de la política educativa actual no están incluso en el gobierno federal. Hace un par de semanas, la CNTE atiborró las calles de la Ciudad de México exigiendo mayores prestaciones a la SEP (como usualmente funciona el corporativismo en México) y la SEP accedió a desaparecer el USICAM e incluso acordó erogar 800 millones de pesos para cumplir con las demandas de la coordinadora, teniendo aún que cumplir con abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 para aumentar su jubilación. Mientras a la ciudadanía le siga siendo indiferente la calidad de la educación pública en nuestro país, las decisiones medulares (presupuestarias y de política pública) las seguirán acordando los líderes sindicales y la presidenta, a costa del futuro de millones de niñas y niños en México.