Del colchón al sistema: la oportunidad histórica para blanquear el ahorro en dólares
En un país que busca reconstruirse en materia tributaria y control fiscal, la cultura del ahorro en dólares bajo el colchón parece estar llegando a su fin. Es cierto que largos y recurrentes períodos de devaluaciones forjaron el hábito de resguardar el poder adquisitivo en moneda extranjera frente a la, hasta hace poco, imparable inflación y depreciación del peso.
Las restricciones para acceder al mercado de cambios, los controles severos y una presión fiscal desproporcionada expulsaron durante años a los ahorristas del sistema, obligándolos a acudir al clásico refugio del colchón para resguardar sus dólares.
Sin embargo, esta modalidad también fue alcanzada por la depreciación histórica de la moneda estadounidense en los últimos tiempos. En definitiva, ahorrar fuera del sistema también implicó perder oportunidades y poder adquisitivo.
Ahorrar fuera del sistema también implicó perder oportunidades y poder adquisitivo
Argentina transita una nueva etapa de reformas estructurales, bajo un gobierno que posee un diagnóstico claro -déficit fiscal cero, gasto público bajo control, apertura y libertad económica- pero cuya estrategia tributaria venía dejando sin resolver uno de los principales nudos de la informalidad: el dinero que permanece inmovilizado, fuera del sistema financiero.
Activos externos fuera del sistema
Se estima que cientos de miles de millones de dólares de argentinos permanecen fuera del circuito formal, ya sea en cajas de seguridad, cuentas en el exterior, o literalmente debajo del colchón. Diversos cálculos señalan montos entre 250 mil y 300 mil millones de dólares.
Este fenómeno revela, por un lado, la desconfianza estructural hacia la moneda local y el sistema financiero, y por otro, representa un capital ocioso que podría motorizar inversión, crédito y crecimiento.
El Ejecutivo lo sabe y por eso desplegó acciones tendientes a revertir esta situación, empleando reformas administrativas -a través de organismos como la UIF y la ahora llamada ARCA- y promoviendo proyectos de ley que suponen un cambio radical en la relación entre el ciudadano y las autoridades de control y recaudación, sujeto aún al resultado parlamentario.
En este contexto, el nuevo régimen de declaración jurada para el Impuesto a las Ganancias, recientemente presentado, busca facilitar el cumplimiento tributario individual mediante la simplificación de trámites y el otorgamiento de beneficios impositivos, apoyado en reglas modernas de fiscalización y control.
Informalidad y reforma tributaria
La economía informal argentina representa más del 40% de la actividad en varias regiones. Este universo abarca desde trabajadores eventuales y comerciantes hasta profesionales independientes y pequeñas empresas que, por motivos fiscales, burocráticos o de mera supervivencia, optaron por operar por fuera del sistema.
Esta informalidad ha tenido consecuencias claras:
- limita el acceso al crédito,
- restringe el uso de productos financieros, y, sobre todo,
- deteriora la base de recaudación.
La reforma apunta a atraer a quienes ahorraron fuera del sistema y a ofrecerles la posibilidad de incorporarse sin miedo a cargas impositivas excesivas, mediante la promesa de un sistema tributario más simple y previsible, a cambio de mayor transparencia y responsabilidad contributiva.
Mecanismos e incentivos
Para alcanzar este objetivo, se propone un régimen al que puede adherirse el contribuyente, quien aportará la información base para que ARCA elabore una propuesta de declaración jurada de Ganancias.
Si el contribuyente acepta la propuesta sin modificación, quedará liberado de la obligación por ese ejercicio fiscal. Esto no excluye los posteriores controles estatales: si se verifican irregularidades, el ente fiscal podrá extender la fiscalización a ejercicios no prescriptos y aplicar sanciones o ajustes.
Un punto central de la reforma radica en el cambio de enfoque sobre el control de movimientos de dinero. Ya no habrá igual intensidad de supervisión sobre operaciones menores o montos bajos; el análisis se enfocará en flujos realmente significativos.
Ya no habrá igual intensidad de supervisión sobre operaciones menores o montos bajos
Este giro permite la circulación formal de recursos antes estigmatizados y su incorporación progresiva al sistema, lo que representa ventajas para todos: el usuario accede a beneficios de la formalidad y menor presión fiscal, el Estado amplía su base tributaria hacia el futuro.
Vale aclarar que el cambio no implica ninguna modalidad de amnistía ni protección para fondos de procedencia ilícita, que seguirán siendo investigados por la UIF, probablemente con mayor intensidad. La medida resguarda a quienes ahorraron fuera del sistema empujados por la coyuntura pasada.
En síntesis, la clave será establecer reglas claras, costos razonables y seguridad jurídica: los contribuyentes necesitan la garantía de que el dinero inyectado hoy en el mercado no será penalizado mañana por eventuales cambios retroactivos en la normativa.
La pieza que falta
El éxito del proceso dependerá de la estabilidad fiscal. Ampliar la base de contribuyentes es favorable para el equilibrio de las cuentas públicas, y el proyecto premia la formalización.
Sin embargo, la confianza institucional será indispensable, tras una historia marcada por confiscaciones, pesificaciones forzadas, controles de capital, restricciones y cambios repentinos de reglas; cicatrices que aún persisten en el imaginario colectivo.
Las iniciativas ya anunciadas y los proyectos en marcha parecen ir en el sentido correcto, mostrando una búsqueda de una etapa menos coercitiva y más colaborativa, con una presunción de inocencia impositiva en cabeza del ciudadano. Esto representa un cambio respecto a décadas de persecución fiscal y controles excesivos, que no promovían la legitimidad ni la libre circulación de bienes.
Cambio respecto a décadas de persecución fiscal y controles excesivos, que no promovían la legitimidad ni la libre circulación de bienes
Lo que resta será determinante: deberán diseñarse mecanismos de simplificación, impulsar reformas administrativas profundas y revisar las normas penales y tributarias, especialmente en relación a los montos sujetos a juicio. En este sentido, la consulta a un profesional calificado puede mejorar la situación individual, ya que la actualización de parámetros puede significar la extinción de acciones penales pendientes y la descompresión judicial.
El Estado ahora busca que los capitales se inviertan y hace algo más que solicitarlos: apuesta por menos amenazas, mayor confianza y nuevos incentivos. Todo parece indicar que esa es la senda adecuada.
Los autores son Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino y posgrado en Derecho Procesal Penal Profundizado; y Coautor de obras y autor de publicaciones jurídicas en materia penal para revistas especializadas y para el Consejo de la Magistratura de CABA, respectivamente
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