Desarticulan segunda plaza de prostitución más importante de Lima: 50 mujeres eran amenazadas por facción del ‘Tren de Aragua’ Infobae
En una operación que expone la magnitud de la trata de personas en la capital peruana, la Policía Nacional del Perú desarticuló una de las redes de explotación sexual más grandes y peligrosas de Lima. Una facción del ‘Tren de Aragua’, conocida como ‘La guerrilla pobre’, mantenía bajo amenazas constantes a unas 50 mujeres en los distritos de Independencia y San Martín de Porres. El operativo, que terminó con la captura de nueve personas, incluido su cabecilla, reveló un modus operandi sostenido por la violencia, la extorsión y la imposición de cuotas impagables para las víctimas.
Investigaciones y el modus operandi de la facción criminal
La intervención policial tuvo como principal objetivo delimitar la zona de influencia de la organización y rescatar a las mujeres sometidas. Efectivos de la división de trata de personas desplegaron un operativo en un hotel de Independencia que funcionaba como base de operaciones y centro de explotación. Allí, las víctimas eran obligadas a desfilar ante los agentes, en un ambiente marcado por la tensión y el miedo. Los testimonios recogidos permitieron confirmar que muchas de ellas eran forzadas a trabajar bajo amenazas directas con armas de fuego, recibiendo advertencias sobre posibles atentados contra sus vidas si no cumplían con las exigencias económicas impuestas.
El general Aldo Dávila, director de la división de trata de personas de la Policía Nacional, señaló que este caso corresponde a la segunda plaza más importante de Lima dedicada a la explotación sexual. Destacó que la organización era especialmente violenta y contaba con logística propia para imponer su control dentro de la red. “Las obligaban a trabajar bajo condiciones de amenazas con arma de fuego y a atentar contra su vida”, afirmó el general a Latina Noticias en referencia al trato recibido por las víctimas.
La banda, liderada por Héctor Rafael González Lara, extendía su influencia en los distritos de San Martín de Porres e Independencia, logrando someter y explotar a numerosas mujeres originarias de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.
Pagos extorsivos y la estructura de control
El esquema de explotación se fundamentaba en un mecanismo extorsivo. Las víctimas eran forzadas a pagar montos que podían llegar hasta los 25.000 soles. Este dinero, según explicó el general Dávila, variaba en función de la nacionalidad de cada mujer: las venezolanas debían abonar entre 20.000 y 25.000 soles, las colombianas 20.000, las ecuatorianas 15.000 y, en el caso de las peruanas, la suma era menor, aunque representaba igual un monto inabordable para muchas de ellas. El pago se debía realizar semanalmente en cuotas de 400 soles, además de cubrir el alquiler ‘obligatorio’ por el uso de la plaza, lo que agravaba la situación de endeudamiento y sometimiento de las víctimas.
La organización criminal contaba con una estructura jerárquica en la que algunos integrantes actuaban como controladores de plaza. Estos sujetos, también detenidos durante el operativo, se encargaban de recolectar el dinero y ejercer la violencia para mantener el dominio sobre las mujeres. Publicaciones en redes sociales mostraban imágenes de los implicados exhibiendo lujos y vehículos, junto al distintivo ‘GP’, referente a ‘Guerrilla pobre’, nombre adoptado por esta facción.
Lo más alarmante del caso es que el cabecilla, Héctor Rafael González Lara, ya había sido detenido en mayo del año pasado por hechos similares. Al momento de aquella captura, la policía rescató a una víctima y se incautaron drogas y un arma de fuego. Sin embargo, según la PNP, el Poder Judicial lo liberó, lo que permitió que González Lara retomara su actividad delictiva y expandiera su control en la zona.
Tras la desarticulación de esta red, las autoridades informaron que las mujeres rescatadas serán acogidas por una organización internacional especializada en el apoyo y la recuperación de víctimas de trata de personas. El proceso de reintegración será acompañado por la institución para asegurar la protección física y emocional de las afectadas.
