La “pesadilla” de una madre que no logra recuperar a su hijo con discapacidad, TDAH y trastorno de conducta: “Está retenido en Cádiz” Infobae
Gerardine García, una madre venezolana residente en España desde 2016, enfrenta una difícil situación tras la separación forzosa de su hijo Alexander, un menor de 12 años con discapacidad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastorno de conducta.
La mujer denuncia que entregó a su hijo a los servicios sociales para que fuera tratado en un centro terapéutico. Pero el equipo médico, basándose en el relato de la madre y las declaraciones de Alexander, decidió internarlo en un centro de menores. “Esto es una pesadilla”, asegura Gerardine en conversación con Infobae España.
La historia comenzó cuando Alexander empezó a mostrar signos de alteraciones psicológicas. “Un día se puso agresivo en la escuela”, relata su madre. Ante las primeras señales, decidió contratar a una cuidadora, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad en su hogar mostraron que el menor agredía a la canguro.
A raíz de esto, Gerardine acudió a los servicios sociales, que elaboraron un plan individualizado de atención terapéutica. Sin embargo, la ayuda no fue suficiente. Alexander intentó autolesionarse por primera vez, lo que llevó a su madre a financiar atención psicológica adicional de manera privada. “A través de los servicios sociales veía al psicólogo una vez al mes y al psiquiatra cada tres meses”, recuerda.
Con la situación agravándose, la familia decidió mudarse desde Barcelona a El Puerto de Santa María, en Cádiz, en noviembre de 2024, donde realizó los trámites necesarios para cambiar de residencia y centro educativo. “Dejamos Barcelona porque la había liado muchas veces”, reconoce la madre. No obstante, el comportamiento del menor siguió deteriorándose.
En un nuevo episodio de crisis, Alexander amenazó con suicidarse con un cuchillo, lo que llevó nuevamente a Gerardine a contactar con los servicios sociales, esta vez en Cádiz.
El 21 de noviembre de 2024, Gerardine se presentó en el Centro de Servicios Sociales de El Puerto de Santa María con su hijo y una maleta, solicitando un “centro de menores” para Alexander debido a sus problemas de conducta. Durante la entrevista con los trabajadores sociales, Alexander se mostró “tranquilo” y manifestó abiertamente que “cree que la separación entre su madre y él puede ser beneficiosa”.
A raíz de esta declaración, el equipo de menores decidió intervenir, asegurando que la situación del menor era “urgente” y que se debía ofrecer “atención inmediata”. La medida fue adoptada ese mismo día y Alexander fue internado en el Centro de Protección de Menores ‘Carmen Herrero’ en La Línea de la Concepción.
Gerardine, por su parte, se siente engañada y recrimina que la medida no fue un apoyo, sino una separación forzada de su hijo. “Me engañaron y se llevaron a mi hijo a un centro de menores”, denuncia la madre, quien asegura que Alexander fue ingresado en un lugar “que no está preparado para sus necesidades”.
Desde entonces, solo puede ver a su hijo cada 15 días, bajo supervisión de una trabajadora social, y el pasaporte del menor ha sido retenido por las autoridades, cuenta la madre a este medio.
Pérdida de la patria potestad y acusaciones de maltrato
El procedimiento de desamparo adoptado por los servicios sociales fue notificado oficialmente el 12 de diciembre de 2024: establecía que la patria potestad de Gerardine se perdía y que su hijo quedaría bajo tutela del estado.
Según los documentos, el Equipo 3 de Menores de la Junta de Andalucía observó “indicadores de maltrato emocional”, “negligencia” e “incapacidad parental de control de la conducta” por parte de la madre. Además, describió el relato de Gerardine como “desestructurado y confuso”.
A pesar de los esfuerzos de la mujer por presentar pruebas que defendieran su capacidad para cuidar de su hijo, las alegaciones que presentó el 12 de febrero de 2025 no modificaron la resolución de desamparo. “En lugar de apoyo, lo separaron de mí”, lamenta Gerardine, quien se siente desbordada por la situación y la acusación de maltrato, que niega.
El temor a una separación definitiva
Gerardine no se da por vencida y ha iniciado un proceso legal para recuperar la custodia de su hijo. Según ella, el proceso judicial podría extenderse entre ocho meses y un año. “Quieren deshabilitarme para quitarme a mi hijo. Si pasan dos años, se quedan con él”, advierte.
La madre asegura que su único objetivo es que le devuelvan a su hijo y regresar juntos a Venezuela como familia, buscando dejar atrás lo que considera un “abuso institucional, discriminación e indiferencia ante el dolor de un niño y su madre”.
Por su parte, los documentos de la Junta de Andalucía indican que, a pesar de la medida de desamparo adoptada, aún existe la posibilidad de que los familiares cercanos puedan solicitar el acogimiento del menor. Sin embargo, este proceso debe realizarse en un plazo máximo de tres meses desde la resolución de desamparo, lo que deja a Gerardine con pocas esperanzas de que su hijo regrese a su hogar en el corto plazo.
Finalmente, Gerardine afirma que los servicios sociales no solo le han arrebatado a su hijo, sino que también han violado sus derechos: “Tienen a mi hijo retenido en Cádiz, España. Han violado mis derechos. Esto no es un caso familiar, es un llamado para detener esta injusticia”.
Si la situación no cambia, Alexander será trasladado a un centro de menores de conflicto social en Puerto Real (Cádiz) el martes tres de junio, según han notificado el Equipo 3 de menores a Gerardine en una reunión presencial.
