Cuándo será la siguiente audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y de qué se le acusa Infobae
Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero Moreno”, enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos tras ser capturado en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. La detención del hijo del ex jefe criminal Joaquín “El Chapo” Guzmán marcó un nuevo episodio en la ofensiva contra los herederos del Cártel de Sinaloa.
Casi un año después de su aprehensión, la Corte Federal del Distrito Este de Illinois, encabezada por la jueza Sharon Johnson Coleman, fijó una nueva fecha para la próxima audiencia. La sesión en la que se definirá su situación legal se llevará a cabo el 15 de julio de 2025, un día antes de que el acusado cumpla sus 39 años.
Además, el Departamento de Justicia señaló que Guzmán López estaría colaborando con las autoridades estadounidenses, en un esfuerzo por proporcionar datos relevantes que podrían debilitar la estructura criminal conocida como Los Chapitos, grupo que surgió tras la captura de su padre y que ha mantenido el control de operaciones clave del narcotráfico.
Los cargos en México y Estados Unidos
En octubre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 78 elementos de prueba que vinculan a Guzmán López con los delitos de secuestro y traición a la patria. No obstante, medios nacionales reportaron controversia cuando trascendió que el juez de Control del Centro de Justicia Federal en Culiacán, Sinaloa, Alejandro Alberto Díaz Cruz, había presuntamente ignorado dichas acusaciones.
El juez, especializado en el Sistema Penal Acusatorio, respondió públicamente a las versiones que lo señalaban de haber rechazado emitir una orden de aprehensión contra Guzmán López por el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.
“La Fiscalía no tenía prueba concluyente pericial que estableciera que las muestras de sangre encontradas en el lugar en donde se afirma ocurrieron los hechos, pertenecieran al perfil genético del señor Héctor ‘N’, porque en la nota específicamente señalan que las periciales con las que ahora cuenta la Fiscalía las obtuvo apenas el pasado 17 de octubre, es decir, 12 días después de que solicitaron la orden de aprehensión”, precisó el juzgador en conferencia de prensa del 22 de octubre.
Posteriormente, tras su detención y extradición a Estados Unidos, “El Güero Moreno” fue acusado formalmente de cinco cargos relacionados con la importación y distribución de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de enfrentar imputaciones por lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego.
En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia estadounidense afirmó: “El Mayo y Guzmán López se suman a una lista creciente de líderes asociados del Cártel de Sinaloa a quienes el Departamento de Justicia está responsabilizando en los Estados Unidos. Eso incluye al otro cofundador del Cártel, Joaquín Guzmán Loera, o ‘El Chapo’; otros de los hijos de El Chapo y supuesto líder del cártel, Ovidio Guzmán López; y el supuesto sicario principal del cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, o ‘El Nini’”.
¿Qué beneficios podría obtener Joaquín Guzmán López si colabora con EEUU?
Joaquín Guzmán López podría obtener ventajas significativas si decide colaborar con las autoridades y siguiendo esquemas parecidos al de su hermano Ovidio, quien también se encuentra en una situación similar.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes aceptan cooperar con el gobierno estadounidense pueden ingresar a programas especiales diseñados para proteger a testigos claves en investigaciones de crimen organizado.
Uno de estos esquemas es administrado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), encargado de brindar seguridad continua a quienes aportan datos sustanciales.
Entre los beneficios destacan la custodia permanente, la reubicación en territorios seguros, el otorgamiento de nuevas identidades y el respaldo económico inicial. Las medidas buscan garantizar la integridad física y emocional del colaborador y sus dependientes, permitiéndoles iniciar una nueva vida lejos de los entornos donde podrían ser identificados o atacados.
Antes de ingresar al programa, los aspirantes son evaluados exhaustivamente por fiscales federales y agentes especializados, quienes determinan si cumplen con los requisitos de elegibilidad. Esta revisión minuciosa es esencial para asegurar que el testigo esté dispuesto a cumplir con las condiciones establecidas, incluida la confidencialidad y la entrega de testimonios certeros ante las autoridades.
El respaldo jurídico del programa se encuentra en el artículo 24 de la Convención contra la Delincuencia Organizada de la ONU, que establece directrices claras para la protección de testigos, esta herramienta ha sido crucial para debilitar redes criminales de alto impacto, incluidas mafias transnacionales y grupos insurgentes.
