Expresidente de la Judicatura de Ecuador es procesado por el fallo que liberó a Jorge Glas Infobae
La mañana del 5 de junio, en la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, debía instalarse la audiencia de formulación de cargos en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y condenado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. La diligencia forma parte del caso “Vidrio Libre”, por presuntas irregularidades vinculadas a un habeas corpus que facilitó la liberación temporal del exvicepresidente Jorge Glas. Sin embargo, la audiencia se difirió al 13 de junio porque hubo un problema en el sistema de notificaciones y varios abogados de los procesados no llegaron a la audiencia.
Terán enfrenta su cuarto proceso penal. A las 8:35 de este jueves, el exfuncionario –que está preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca– ingresó a la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia, posteriormente sucedió el diferimiento, según Ecuador Chequea, que difundió imágenes de la sala de audiencias minutos antes del inicio de la diligencia judicial.
El caso “Vidrio Libre” se relaciona directamente con los hechos ocurridos en noviembre de 2022, cuando Glas fue beneficiado con una acción de habeas corpus firmada por el exjuez de Santo Domingo, Emerson Curipallo, quien ya fue sentenciado por prevaricato en el caso Metástasis. Esta nueva investigación de la Fiscalía General del Estado apunta a esclarecer si existió una concertación entre funcionarios judiciales y abogados defensores para obtener de manera ilícita la excarcelación del exvicepresidente.
Además de Terán, también serán procesados Anabell Torres, exjueza de Santo Domingo; y los exabogados de Glas, Cristian Palacios y Edison Loayza, según publicó Primicias. Todos deberán comparecer ante el conjuez Rodrigo Sarango, quien está a cargo del proceso.
De acuerdo con información difundida por el medio Primicias, uno de los elementos que motivó la acusación contra Terán es que habría sido quien redactó el documento que sirvió de base para el pedido de habeas corpus, entregado luego a la jueza Torres. Este elemento sería clave en la argumentación de la Fiscalía para establecer una posible participación activa del expresidente del Consejo de la Judicatura en la maniobra jurídica que permitió la salida de Glas de prisión.
El fiscal del caso, Wilson Toainga, es el encargado de sustentar los cargos ante el tribunal. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente cuál será la figura penal concreta por la que se imputará a los involucrados, pero el contexto de la investigación sugiere la existencia de una presunta red de corrupción que operaba desde el interior del sistema judicial.
Terán, quien presidió el Consejo de la Judicatura hasta finales de 2023, ya ha enfrentado otros tres procesos penales relacionados con irregularidades durante su gestión. Su vinculación en esta nueva causa refuerza la preocupación ciudadana y política respecto a la posible utilización del aparato judicial para fines personales o partidistas.
El exvicepresidente Glas, aunque no está procesado directamente en el caso “Vidrio Libre”, aparece nuevamente en el centro de una controversia legal por los mecanismos mediante los cuales ha logrado beneficios penitenciarios en los últimos años. Su defensa ha alegado constantemente persecución política, mientras que distintos sectores han cuestionado la legalidad de las decisiones judiciales que lo han favorecido.
Glas cumple varias condenas por corrupción. Fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos. Ha intentado obtener su libertad a través de múltiples recursos judiciales, algunos de ellos ampliamente cuestionados. Incluso se refugió en la Embajada de México en Quito en diciembre de 2023, en esta legación fue detenido en abril de 2024 en un acto que provocó la ruptura de relaciones entre México y Ecuador.
Este caso se enmarca en una serie de investigaciones más amplias sobre la corrupción judicial en Ecuador. El escándalo Metástasis, en el que también se vio involucrado el juez Curipallo, reveló conexiones entre operadores de justicia y estructuras criminales, incluyendo sobornos, favores judiciales y manipulación de fallos.
