Dólares en el colchón: el Gobierno pule la letra chica de la ley y cree que los gobernadores darán los votos Infobae

El Gobierno preparaba los últimos detalles para enviar su proyecto de modificación de la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal (denominada informalmente como proyecto colchón), la cual busca “blindar” los cambios normativos implementados, que tienen por objetivo la flexibilización del control de circulación de dinero como dólares ahorrados o “debajo del colchón”.

Se trata de un último paso para terminar de generar confianza sobre el régimen anunciado semanas atrás por el gabinete económico, a cargo del ministro Luis Caputo. Al ser un proyecto que atañe asuntos tributarios, su paso debe darse a través del Congreso de manera obligatoria.

La primera parte de este paquete ya se implementó la semana pasada a través del Decreto 353/2025. Además de los ajustes normativos que efectuaron en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y en la Unidad de Información Financiera (UIF), fuentes del sector bancario aseguran que no se evidenció un crecimiento significativo de los depósitos en dólares.

Es por eso que los libertarios buscan acelerar lo máximo posible la confección del proyecto de Ley, que va pasando de los equipos legales del Ministerio de Economía al de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia.

En ese traspaso llegó a filtrarse un borrador que indica algunas líneas generales de cómo podría ser el proyecto final.

El texto legal incluirá artículos que modificarán aspectos centrales de la normativa vigente, en particular el plazo de prescripción y los montos a partir de los cuales se considera la existencia de evasión fiscal. Actualmente, la evasión simple prescribe a los cinco años y el monto mínimo es de 1,5 millones de pesos. El proyecto contempla reducir el plazo a dos años y actualizar los montos por inflación acumulada desde 2017, en sintonía con los nuevos umbrales de información automática establecidos por ARCA.

El Gobierno enviará el proyecto una vez que la letra chica esté pulida. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será el responsable de conseguir la media sanción para después pasarla al Senado.

Pese a que La Libertad Avanza no puede hacer prosperar un proyecto desde hace meses, quienes tejen la estrategia política en la Casa Rosada son optimistas al tratamiento de la iniciativa impositiva. A contramano de lo que viene siendo la dinámica legislativa de LLA, en esta ocasión podría presentarse un tratamiento exprés.

Y es que, a diferencia de otros proyectos, este podría traer un efecto dinamizador en las economías provinciales, y los gobernadores lo ven con interés, incluso aquellos que no están alineados con el oficialismo. “Los gobernadores quieren guita. Y más circulación de dólares significa más recaudación y más consumo para ellos. Pierden más de lo que ganan si es que no nos apoyan”, afirmó un encumbrado funcionario de Balcarce 50.

Antes de que se presentara el “proyecto colchón”, 13 gobernadores (el último de ellos fue el correntino Gustavo Valdés) ya prestaron su firma para adherir al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. La medida, enmarcada en el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, tiene por objetivo establecer un nuevo esquema de intercambio de información fiscal entre la Nación y las provincias.

Ahora evalúan firmar quienes más miraron con recelo el plan de Caputo. Ejemplos de ello son las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Ambas mantenían que el Ejecutivo debía darle prioridad al proyecto de ley que blinde estas medidas, con el fin de darle seguridad jurídica a los cambios implementados por el Boletín Oficial. De hecho, funcionarios de Casa Rosada coincidían por lo bajo: “Tienen razón”.

“Hay un reconocimiento del Gobierno de que es necesario, pero después habrá que ver qué es esto: si es un blanqueo, si hay condonación de deudas o si se cambian cuestiones vinculadas al procedimiento tributario y umbrales”, dijo el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, al ser entrevistado por El Cronista.

A pesar de la fragmentación política en el Congreso, el Gobierno apuesta a que los gobernadores facilitarán la aprobación de estas reformas. Aunque insisten en que el éxito de las medidas por decreto no depende exclusivamente de su respaldo legislativo, reconocen que la confianza jurídica será clave para maximizar su impacto.

A lo largo de las diversas reuniones que el Gobierno mantuvo con los gobernadores por esta cuestión, no hubo un pedido explícito para que apoyen en el Congreso al “proyecto colchón”. “No lo necesitamos hacer porque ellos lo necesitan y, si apoyaban el convenio, estaba claro que lo van a convalidar”, comentaron a Infobae.

Aunque hicieron trascender lo contrario, el oficialismo no gastó balas en pedirles a los gobernadores que no den quórum para la sesión que se inició ayer, que por iniciativa de la oposición se buscaban aprobar aumentos jubilatorios, la extensión de la moratoria y declaraciones de emergencia con erogaciones presupuestarias extra: todos asuntos que atentan contra el objetivo de déficit cero de la gestión Milei.

Así, los estrategas libertarios optaron por aceptar que era difícil bajar esa sesión y, directamente, esperar a que no consiguieran sancionarse esos proyectos. En caso de hacerse, Milei las vetará todas. “Preferimos el costo político del veto a que pedir un esfuerzo extraordinario extra a los gobernadores, que ya están bastante enojados con nosotros”, confesó una fuente libertaria.

Cerca del Presidente consideraban que era difícil que el proyecto colchón fuera enviado antes del fin de semana. Milei comenzará hoy su gira al exterior, y era muy probable que la iniciativa llegue a Mesa de Entradas del Congreso durante el transcurso de ese viaje.

Para poder atraer a más gobernadores, en Diputados consideraban que en el temario de la sesión donde se trate este proyecto deberá incluirse la ampliación de la Auditoría General de la Nación. El oficialismo quiere elevar sus miembros de 7 a 9 y darle una de las vacantes por la cámara baja a un representante de las provincias. En Casa Rosada relativizaban el peso relativo de esta medida. “Yo veo a las provincias mirando sus cuentas y no la composición de la AGN”.