Comenzó el juicio contra Leandro Cositorto por Generación Zoe en Salta: el detalle en su vestimenta Infobae
Este miércoles, tras la postergación de casi una semana por un cambio de defensa técnica, comenzó el juicio en Salta contra Leonardo Cositorto, principal acusado en la megacausa por estafas piramidales vinculadas a Generación Zoe. Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita y 118 hechos de estafa. Se esperan más de 160 testigos y que el proceso dure, en principio, hasta fines de junio.
Escoltado por agentes del Grupo Operativo de Alcaidía de tribunales (GOA), Cositorto ingresó a la sala unos minutos antes de las 10, vistiendo una camiseta del cuadro del que es hincha: Platense. Aunque ya había usado una casaca del calamar, en esta ocasión el detalle de su indumentaria toma aún más relevancia, dado que el club este domingo se consagró campeón del Torneo Apertura de Primera División.
Con la presencia en la sala de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, representante del Ministerio Público Fiscal de Salta, y la del abogado de Cositorto, quien participa por videollamada, el líder de Generación Zoe presentó un habeas corpus en el que denuncia la falta de suministro de medicamentos psiquiátricos que está tomando, así como la ausencia de elementos básicos de higiene en su lugar de detención, según detalla el diario El Tribuno.
En el escrito presentado ante la justicia, y consignado por el citado medio salteño, Cositorto también denunció que no se le permitió realizar una videollamada con su esposa y su psiquiatra, lo cual considera una violación a su derecho a recibir asistencia médica adecuada y mantener contacto con sus familiares en medio del proceso judicial.
El jueves pasado, la audiencia de debate se postergó luego de que Cositorto reemplazara a su defensa pública por un abogado particular, a pocas horas del comienzo del proceso.
El juez a cargo de la causa comunicó la revocación del poder otorgado al abogado anterior, el doctor Tólaba, quien no pudo asistir a la audiencia por problemas de traslado. En su lugar, el nuevo abogado particular de Cositorto asumió oficialmente la defensa técnica del acusado, formalizando el cambio en presencia del propio imputado, quien firmó el documento correspondiente.
Ante la falta de comunicación con el defensor anterior y la necesidad de que la nueva defensa estudie el expediente y los documentos solicitados por la Fiscalía, el juez resolvió suspender el inicio del juicio y reprogramar la audiencia para el miércoles 4 de junio.
La Fiscalía recibirá los documentos necesarios para continuar con la investigación, mientras que el traslado de Cositorto, actualmente alojado en la Alcaidía, se realizará conforme a los plazos establecidos.
El juicio afecta también a varios ex representantes de Generación Zoe en Salta, quienes enfrentan cargos por estafa, asociación ilícita y lavado de activos. Según la acusación, más de 120 personas resultaron damnificadas por el esquema.
En su declaración pública, Cositorto criticó el accionar judicial y mediático, afirmando: “Estamos frente a una doble condena. En Córdoba, donde hicieron la película ‘El vendedor de ilusiones’, me acusan con pruebas manipuladas. En Salta, detuvieron a más de 30 personas, muchos de los cuales eran simples operadores de soporte, como los de acá, que en otras provincias ya fueron liberados”.
El gurú financiero, condenado previamente a 12 años de prisión, también se refirió a la incautación de bienes y dinero en efectivo: “Tenían mi casa, un millón y medio de dólares, 37 automóviles. Y mientras tanto, no le pagan a la gente. A mí me impidieron pagar 170 mil dólares cuando tenían 30 veces más a disposición. Es una vergüenza”.
Cositorto sostuvo que la sucursal salteña de Zoe, inaugurada en diciembre de 2021, operó legalmente durante tres años, pero debió cerrar en febrero de 2022 tras un operativo policial y judicial que incluyó detenciones simultáneas en varias provincias. “Lo único que buscan con este juicio es hundir una sucursal. Hicimos todo en regla y no se nos permite defendernos. Se montó una persecución política y mediática que sigue alimentando una narrativa de ficción, mientras la verdadera justicia sigue sin aparecer”, concluyó.
La investigación
La investigación en Salta comenzó en 2022 tras una serie de denuncias contra Generación Zoe, que tenía su sede en la calle Pellegrini al 700 de la capital provincial.
Según la acusación elevada a juicio, el esquema de negocio se basaba en la firma de contratos de fideicomiso denominados “membresías educativa o inteligente”, con inversiones que iban de 500 a 1.000 dólares y la promesa de retornos mensuales de entre 7,5% y 10%. Existían tres categorías de membresía: Classic, Premium e Intelligent, con mayores beneficios para quienes invertían más capital.
El Ministerio Público Fiscal precisó que los ahorristas recibían en sus perfiles una ganancia automática del 20% como “bonificación educativa”. Por ejemplo, si un inversor depositaba 1.000 dólares, al día siguiente su saldo ascendía a 1.200 dólares. Además, la estructura incentivaba a los participantes a captar nuevos inversores mediante comisiones que aumentaban en relación con la cantidad de personas incorporadas al sistema.
La firma ofrecía productos adicionales denominados “robots” (navideño, de enero, febrero, entre otros), que requerían una inversión mínima de 1.500 dólares y prometían un retorno del 100% en tres meses, funcionando de manera similar a las membresías, pero en plazos más cortos.
La mayoría de las inversiones se entregaban en efectivo en la sucursal y eran recibidas por los imputados, aunque también se registraron transferencias bancarias.
Jorge Federico Vilardel, según la acusación, era uno de los encargados de recaudar el dinero, tanto en efectivo como por transferencia.
Su hermano, Ricardo Gabriel Vilardel, actuaba como director y representante de Zoe en Salta, atendiendo a los inversionistas, recibiendo el dinero personalmente y firmando los recibos correspondientes.
Ana Vilardel, secretaria de la sucursal, recibía a los ahorristas y utilizaba su cuenta bancaria para depósitos.
Griselda Albornoz, junto con los hermanos Vilardel, organizaba reuniones y conferencias para captar víctimas y difundía la financiera por distintos medios.
El perjuicio económico estimado por la supuesta estafa piramidal asciende a 5.682.500 pesos y 574.120 dólares, según la acusación, que corresponde al dinero invertido por los 118 particulares damnificados identificados en el expediente.
En cuanto a la situación judicial de Cositorto en Córdoba, la investigación contra él y 25 presuntos cómplices concluyó hace varios meses, pero la elevación a juicio permanece detenida en los tribunales.
Las defensas recusaron a la fiscal de Villa María, Juliana Companys, y presentaron objeciones por presunta falta de pruebas contra algunos imputados.
El 8 de mayo, la Cámara de Apelaciones de Río Tercero confirmó la decisión del juez de control Arturo Ferreyra, quien había ratificado el pedido de la fiscal Companys, y hasta el momento no se hizo lugar a los planteos para evitar el debate oral y público.
Las defensas aún disponen de tiempo para presentar nuevos recursos. Una vez que finalice el plazo de 15 días hábiles, la causa deberá regresar a la Cámara de Villa María para que avance el desarrollo del juicio.
