PROGRESO: TECNOLÓGICO, CONTRATOS CON AMIGOS Sol Yucatán
Redacción/Sol Yucatán
El Instituto Tecnológico Superior de Progreso se encuentra sumido en una crisis institucional sin precedentes. Al frente de este naufragio está Gladys Sugely Manzano Alvarado, mejor conocida como “La Nini”, cuya administración ha sido señalada por nepotismo, ilegalidades y decisiones arbitrarias que afectan directamente a la comunidad educativa.
Sobrina del excandidato Raúl Alvarado, mejor conocido en el puerto como el “Doctor Dinero”, Manzano Alvarado ha acumulado escándalos desde su llegada al cargo. Uno de los episodios más polémicos ocurrió el pasado 31 de enero, en lo que ya se conoce entre el personal como el “Viernes Negro”, cuando despidió de un plumazo a más de 25 trabajadores, incluyendo a los cinco guardias de seguridad que resguardaban el plantel.
La razón detrás del despido, según denuncias internas, fue la contratación de una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada a un conocido de la directora. Sin embargo, el contrato con dicha empresa duró menos de lo previsto y actualmente el instituto opera sin personal de seguridad formal. Hoy, son los intendentes y personal de limpieza quienes, además de sus labores cotidianas, se ven forzados a cubrir rondas de vigilancia en horarios rotativos, sin capacitación ni garantías. Mientras tanto, las familias de los trabajadores despedidos siguen esperando justicia y sustento.
A esta situación se suma un hecho aún más grave: la designación de Felipe Alonso Sosa Tek como Director de Servicios Generales, pese a que enfrenta una demanda activa por incumplimiento de pensión alimenticia. Documentos en poder de Sol Yucatán confirman que Sosa Tek se encuentra inhabilitado para ocupar cargos públicos según la Ley 3 de 3 de Yucatán, aprobada en 2022, que prohíbe a deudores alimentarios formar parte del servicio público. Su nombramiento no solo es ilegal, sino que evidencia un patrón de protección a intereses personales por encima del interés institucional.
Las consecuencias de esta gestión ya son palpables: instalaciones sin vigilancia adecuada, personal trabajando bajo presión y miedo, y una comunidad estudiantil que percibe el deterioro del ambiente académico. Docentes y administrativos señalan que la administración de “La Nini” actúa con impunidad, respaldada por su relación política con su tío, el polémico exaspirante a la alcaldía de Progreso.
En un contexto donde el discurso oficial defiende la transparencia y el combate a la corrupción, la situación en el Tecnológico de Progreso representa una contradicción flagrante que deja en entredicho los compromisos del gobierno con la educación y la legalidad. Mientras los directivos se reparten cargos y beneficios, lo que está en juego es el futuro de cientos de estudiantes progreseños.
La comunidad educativa exige una intervención inmediata por parte de las autoridades estatales, una auditoría a fondo y la destitución de quienes han convertido al instituto en una plataforma de intereses personales. Porque lo que está ocurriendo en Progreso no es solo un mal manejo administrativo, es una traición a la educación pública.
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