Las sentencias más insólitas de los jueces mexicanos
Los mexicanos han presenciado decisiones judiciales que causan indignación, estupor, coraje.
Inocentes condenados, culpables liberados.
Feminicidas sueltos, activistas perseguidos, pruebas fabricadas, “sabadazos”.
La injusticia escrita con letra escarlata en la toga de algunos jueces y magistrados.
Las venganzas políticas, los presos por consigna y la corrupción judicial se han convertido en tema de conversación entre la ciudadanía.
A pesar de ello, seis de cada diez mexicanos confían en las personas juzgadoras, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre las sentencias más insólitas está el caso de las indígenas otomíes Jacinta, Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a seis policías federales; el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, asesinada frente a sus hijos por órdenes de su marido.
El viacrucis de la activista que motivó el documental ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’ se suma a las injusticias expuestas en ‘Presunto Culpable’ y ‘Duda Razonable’.
El sistema de jurisprudencia prevé que una instancia superior revise y corrija sus errores procesales, pero no suele haber consecuencias por su mal proceder jurídico, el cual puede arruinar la vida de personas.
En las últimas dos décadas, el Consejo de la Judicatura Federal sólo presentó 23 denuncias penales contra jueces y magistrados.
Ninguno obtuvo una sentencia condenatoria.
Luego de la elección judicial, programada para este domingo 1 de junio, comenzarán a ponerse los andamios del Tribunal de Disciplina Judicial, el cual tendrá la encomienda de sancionar a los togados que no cumplan con sus deberes.
A los nuevos magistrados corresponderá castigar los abusos.
Para Ripley: tres indígenas secuestran a seis federales armadosJacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González fueron acusadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2006 de secuestrar a seis policías federales.
El juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, avaló esa teoría y las sentenció a 21 años de prisión, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos y procesales.
La situación por sí misma era risible, ridícula: suponía que estas tres mujeres sometieron a seis policías corpulentos, entrenados y armados durante un operativo contra la piratería.
Un Tribunal Unitario revocó la sentencia, pero sólo para reponer el procedimiento.
La PGR desistió de ir contra una de las mujeres, Jacinta, pero mantuvo la acusación contra Teresa y Alberta.
En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y ordenó su libertad.
Las tres mujeres indígenas emprendieron otra batalla legal para ser indemnizadas por el daño que les ocasionaron.
Ganaron en tribunales y el procurador general tuvo que ofrecerles una disculpa pública en 2017.
Pero los jueces federales que intervinieron y avalaron y mantuvieron su encarcelamiento injusto quedaron impunes y, excepto Pedraza Longi, en el anonimato.
Liberan a marido que golpeó con un bat a su esposaLos jueces rara vez rinden cuentas de sus errores, aunque ello cueste o perjudique la vida de las personas.
Abril Pérez Sagaón estaría viva si el juez de control Federico Mosco González, hubiera juzgado con perspectiva de género y puesto atención en la violencia real que la acechaba.
En enero del 2019 Abril acusó a su esposo Juan Carlos García, ex director de Amazon México, de intento de feminicidio.
Le pegó con bate en la cabeza mientras dormía.
En febrero el sujeto fue detenido y vinculado a proceso por ese delito.
Pero en septiembre, el juez Federico Mosco González reclasificó la falta por el delito de lesiones y violencia familiar.
Se justificó diciendo: “si la hubiera querido matar, la mata despierta, no dormida”.
Con la reclasificación, el juez de Control, Luis Alejandro Díaz Antonio, ordenó la libertad del procesado, y el magistrado Héctor Jiménez López ratificó tal decisión.
Juan Carlos obtuvo su libertad el 8 de noviembre, peleaban la custodia de los hijos y tras salir de una audiencia, Abril fue asesinada en un ataque directo.
El asesinato indignó a la sociedad por lo que el Consejo de la Judicatura local tuvo que actuar: cesó de su cargo a los jueces Mosco González y Díaz Antonio, y el Congreso no reatificó al magistrado Héctor Jiménez López.
Dos de los autores materiales fueron sentenciados a 52 años de prisión, declararon que Juan Carlos García les pagó 180 mil pesos por el homicidio de Abril.
Hasta la fecha este individuo sigue prófugo.
Injusticias en documentales: ‘Presunto Culpable’ y ‘Duda Razonable’Bajo estos títulos fueron llevados a la pantalla por los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, en 2011 y 2022, respectivamente.
Ambos muestran la cadena de fallas, errores y alianzas opacas entre las fiscalías y los jueces, cuyo deber de brindar justicia se puso en entredicho.
El primer caso cuenta la historia de Antonio Zúñiga, un joven de Iztapalapa que en 2005 fue detenido y acusado de un homicidio sin más pruebas que los testimonios de los policías y testigos incidentales.
El documental mostró cómo el sistema fabrica culpables y falla al debido proceso: 93 por ciento de los procesados nunca ven a un juez y el 95 por ciento de las sentencias son condenatorias.
El juez Héctor Palomares, quien tomó este caso halló culpable a Zúñiga en dos ocasiones, únicamente partiendo de testimonios vagos.
Los abogados Hernández y Negrete hallaron una falla en el debido proceso y lograron reponer el procedimiento, y en esa ocasión el juez concedió la libertad.
A pesar de ser duramente criticado por su pobre praxis expuesta en el documental, Palomares fue ratificado en su cargo y murió de un infarto en 2017.
‘Presunto Culpable’ logró presionar para que se lograra el Nuevo Sistema de Justicia Penal, instaurado en 2016, que cambió a un sistema acusatorio y oral, más transparente, con responsabilidades compartidas entre los jueces, y que incluía la modernización y profesionalización de las fiscalías.
Once años después, en 2022, Hernández y Negrete regresaron con un nuevo caso al que llamaron ‘Duda Razonable’, en el que, a pesar del nuevo sistema, mostraron que fabricar culpables, manipular evidencia, presentar testigos falsos y obtener declaraciones bajo tortura siguen estando vigentes, y que los jueces y ministerios públicos no quieren dar justicia sino administrar errores.
El ejemplo fue, para su desgracia, el de Gonzalo García, Juan Luis López y Héctor Muñoz, quienes por diversas circunstancias se encontraban en una gasolinera de Tabasco.
Ahí fueron detenidos, torturados y acusados del secuestro de una persona.
Cuando este caso no cuadró, los acusaron de otro secuestro.
Qué más daba.
El documental mostraba cómo el sistema sigue teniendo terribles deficiencias y es cruel con quienes caen en sus rendijas.
El juez de la Tercera Sala Penal de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, cuyo nombre se desconoce, halló culpables a los tres hombres y los sentenció a tres años y seis meses de prisión.
Al llevar más tiempo en prisión y para no retrasar su libertad, los sentenciado decidieron no apelar, pero en el último día la Fiscalía apeló la sentencia y los llevó ante un Tribunal de Enjuiciamiento donde los juzgadores Ana Gabriela Hernández Villegas, Antonia Trinidad López Estrada y Francisco Alonso Trujeque de la Cruz subieron la condena a… ¡50 años!Gracias al documental, la Suprema Corte atrajo el caso y por voto unánime ordenó la libertad inmediata de los imputados e instruyó a que se investigaran las responsabilidades administrativas y penales en que incurrieron las autoridades, incluidos los jueces, instrucción que aún está vigente.
Paradójicamente, Maritza Medina Custodio fue la juez de control que otorgó las órdenes de aprehensión y actualmente es la secretaria de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Tabasco.
Las tres víctimas, que estuvieron siete años en prisión, todavía buscan la reparación económica del daño.
‘Las Tres Muertes de Marisela Escobedo’Otra historia que causó gran indignación fue presentada en la plataforma Netflix: ‘Las Tres Muertes de Marisela Escobedo’.
La serie revivió la historia del asesinato de esta mujer que se convirtió en activista ocurrido en Chihuahua en 2010.
En sentido figurado mostró las tres ocasiones en que el sistema de justicia la dejó morir: una, cuando Sergio Rafael Barraza mató a su hija Rubí Frayre Escobedo, en agosto de 2008, y quemó sus restos para deshacerse de la prueba del delito.
Aunque públicamente y en el juicio Barraza pidió perdón a la señora Escobedo por el homicidio de su hija, los tres magistrados de un tribunal oral integrado por Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, absolvieron y otorgaron la libertad a Sergio ante la ineficiencia de la Fiscalía.
Ante tal injusticia, aún duele ver las imágenes con los gritos de dolor e impotencia de Marisela dentro del juzgado.
La mujer se volvió activista e inició caminatas con la foto de su hija Rubi en demanda de justicia.
Un tribunal de casación le dio la razón y condenó a Sergio a 50 años de prisión, pero este se había fugado e integrado a un cartel.
Posteriormente, Marisela fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde se mantenía en demanda de justicia.
Un día después, los tres jueces que dejaron en libertad a Sergio fueron suspendidos por el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.
Estos se ampararon, pero en marzo de 2011 presentaron su renuncia, dejando sin efecto el juicio político y el proceso de responsabilidad administrativa que había en su contra.
Después buscaron el asilo en Estados Unidos porque temían ser linchados ante el enojo de la ciudadanía.
Amnistía para paliar injusticiaPara despresurizar el sistema que mantiene en la cárcel a algunos de los más desfavorecidos, la pasada administración promovió la libertad de personas indígenas, adultos mayores, enfermos terminales, personas con discapacidad, víctimas de tortura y presos con violación a su debido proceso a través de una Ley de Amnistía, en 2020, y un decreto presidencial de 2021.
Fueron 2 mil 685 reos los entraron en este esquema y lograron su libertad, personas que fueron juzgadas sin perspectiva y sin ánimo de procurar justicia.
Quienes los llevaron a prisión pudieron ser juzgadores que a pesar de sus determinaciones anómalas no fueron requeridas para que al menos sustentaran con eficiencia las condenas que ‘obsequian’ a los acusados.
En este sentido, una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que en 23 años, el Consejo de la Judicatura Federal, órgano rector de los jueces federales, sólo presentó 23 denuncias penales en contra de jueces y magistrados.
¿Cuántas sentencias condenatorias se obtuvieron? Cero.
RARR
Milenio
