Huachicol: el negocio sucio del régimen Excelsior

El discurso anticorrupción de Morena se desvanece cuando toca la realidad del huachicol.
En lugar de erradicarlo, como prometió el expresidente López Obrador al iniciar su sexenio, esta práctica ilícita se transformó en un negocio tolerado, incluso protegido por estructuras del propio régimen.
Lejos de ser un delito del pasado, hoy el huachicol se ha vuelto financiador de campañas políticas de Morena, así como enriquecimiento de funcionarios públicos, como lo muestran múltiples investigaciones periodísticas y denuncias interpuestas ante las autoridades.
Basta recordar el caso de Sergio Carmona, conocido como El Rey del Huachicol, quien fue asesinado en 2021 en San Pedro Garza, Nuevo León, y curiosamente no servían las cámaras en uno de los municipios más seguros del país.
En redes sociales circulan fotos y videos de personajes de primer nivel de Morena, sobre todo de Tamaulipas, compartiendo el pan y la sal con este delincuente.
Así como el uso de camionetas, aviones ocupados por el hoy secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el gobernador del estado.
Pese a las evidencias y denuncias interpuestas ante la Fiscalía, hoy no hay un solo funcionario investigado.
Nadie ha sido responsabilizado, incluso el atentado que sufrió hace unas semanas la esposa del señor Carmona en Ciudad Victoria.
Tan sólo hace unas semanas se hizo el decomiso más grande en la historia de huachicol en Tampico; es de risa loca escuchar al expresidente Andrés Manuel López Obrador decir que se había reducido este delito en un 94 por ciento.
Hoy este caso permanece en total opacidad, no hay detenidos ni avances públicos en la investigación.
Aunque se mencionaron empresas mexicanas implicadas, no se ha informado nada más.
El silencio oficial dice más que mil palabras: el encubrimiento es claro.
El huachicol persiste porque conviene, porque representa recursos, control territorial, así como alianzas que alimentan campañas y pactos políticos.
La corrupción en este rubro no se combate, sólo se administra.
A todo esto se suma un fenómeno más preocupante para el país: la descomposición institucional.
El caso de los homicidios de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México; la violencia en estados como Sinaloa, Morelos, Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas; centros de adiestramiento y ejecución como el rancho Izaguirre; el retiro de visas de funcionarios de primer nivel; fortunas inexplicables, como la de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como del empresario Arturo Ávila, propietarios de residencias con valores superiores a los 4 millones de dólares en Estados Unidos; los videos de un evento llamado Acamoto en Acapulco, Guerrero, donde la ley no existe, donde te puedes drogar, robar o cometer cualquier cantidad de delitos de manera impune —claro, es el legado de Félix Salgado Macedonio en su gestión como alcalde; o el caso de la senadora Andrea Chávez y el senador Adán Augusto, donde el segundo le consiguió a la primera cientos de millones de pesos de dudosa procedencia para hacer campaña fuera de la ley.
Para cerrar con broche de oro, los actos de arrogancia, autoritarismo, prepotencia, abuso y corrupción de Gerardo Fernández Noroña.
Esto y más es el legado que hasta el día de hoy nos ha dejado la Cuarta Transformación; lo más alarmante es que, hasta este momento, no se ve la luz al final del túnel.
Columnista: Max CortázarImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0