Las recientes recompensas de EEUU ponen el foco sobre actividades de redes a Hezbolá en América Latina Infobae

La reciente decisión de Estados Unidos de ofrecer nuevas recompensas económicas por información que permita actuar contra redes de financiación del partido-milicia chií libanés Hezbolá en América Latina ha vuelto a poner el foco sobre las presuntas actividades que lleva a cabo el grupo, respaldado por Irán, en esta zona del mundo, centradas principalmente en tareas de blanqueo y tráfico ilícito, según han alertado varios países.

El programa Recompensas por la Justicia, dependiente del Departamento de Estado estadounidense, emitió el 19 de mayo un comunicado ofreciendo hasta diez millones de dólares (unos 8,8 millones de euros) por "información que lleve a alterar los mecanismos financieros de Hezbolá", un grupo designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

El grupo, fundado en 1982 en el marco de la ocupación israelí, ha perdido peso en los últimos meses a causa del conflicto en el que se vio sumido con Israel a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, después de sumarse un día después a los mismos disparando proyectiles desde territorio libanés.

Hezbolá, que se había convertido en un actor muy relevante en Líbano por su influencia política y militar, ha sufrido el descabezamiento de su cúpula --incluida la muerte de su histórico líder, Hasán Nasralá-- y varapalos como la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, al que apoyaba con el despliegue de fuerzas en el marco de la guerra desatada en 2011.

Estados Unidos, que ha advertido del peligro que suponen para Washington y sus aliados las acciones de Irán y el "eje de la resistencia", ha apuntado en varias ocasiones durante los últimos años a las acciones del grupo en América Latina, donde Teherán incrementó su influencia a principios de siglo a través de un estrechamiento de lazos en esa época con Bolivia, Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La situación llevó a que el presidente estadounidense, Donald Trump, dedicara parte de su política exterior durante su primer mandato (2017-2021) a lograr apoyos entre países de América Latina a su campaña de "máxima presión" sobre Irán, incluidos trabajos para hacer frente a las presuntas actividades de elementos de Hezbolá en la región, principalmente en la conocida como Triple Frontera --entre Argentina, Brasil y Paraguay--.

En dicha etapa, cuatro países de la zona --Argentina, Paraguay, Honduras y Colombia-- procedieron a designar a Hezbolá como una organización terrorista, un proceso encabezado por Buenos Aires, que ha acusado al grupo de estar detrás de dos atentados en la capital durante la década de los noventa y que en los últimos meses ha ahondado en sus acusaciones contra la formación por sus labores en América Latina.

REDES PARA "SOSTENER SUS OPERACIONES"

El Departamento de Estado estadounidense especificó en su oferta de recompensas que el grupo "mantiene presencia en el hemisferio occidental desde los años ochenta", especialmente en la citada Triple Frontera, donde "miembros, seguidores y facilitadores de Hezbolá están involucrados en esquemas para generar una gran cantidad de ingresos, incluidos blanqueo, tráfico de narcóticos, carbón y petróleo, comercio ilícito de diamantes y contrabando de cigarrillos y bienes de lujo".

Un portavoz del Departamento ha destacado en declaraciones concedidas a Europa Press que "Hezbolá depende de redes de financiación y facilitación para sostener sus operaciones y lanzar ataques a nivel global, también en el hemisferio occidental", antes de insistir e que esto "supone una amenaza para los intereses de seguridad nacional" del país norteamericano.

"Estados Unidos está comprometido con alterar las operaciones de financiación de Hezbolá, lo que limitará su capacidad para llevar a cabo ataques, así como a apoyar a nuestros socios en los esfuerzos para degradar las capacidades terrorista, las operaciones y la influencia del grupo", ha explicado este portavoz, que ha cifrado en "cerca de mil millones de dólares (cerca de 880 millones de euros)" los ingresos anuales de Hezbolá a través de "apoyo financiero directo de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donantes y actividades de blanqueo de dinero".

De esta forma, ha remarcado que Hezbolá "mantiene una gran red terrorista" y "es responsable de múltiples ataques a gran escala en el mundo", entre ellos los perpetrados en 1992 en la Embajada de Israel en Argentina y en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que dejaron más de un centenar de muertos, así como el ejecutado en 1994 contra un vuelo de Alas Chiricanas poco después de despegar del aeropuerto de la ciudad panameña de Colón, en el que murieron más de 20 personas.

LA SITUACIÓN EN LA TRIPLE FRONTERA

La zona de la Triple Frontera, conocida así por el plan de seguridad firmado con ese nombre entre los tres países en 1998, supone una importante zona comercial apoyada por tres aeropuertos internacionales que facilitarían las actividades de organizaciones criminales, algo que se suma a la porosidad de las fronteras en el área, lo que supone un atractivo para las redes de contrabando.

Estados Unidos puso la lupa sobre la zona ya en 2006, bajo la Presidencia de George W. Bush, cuando anunció sanciones contra nueve personas y dos entidades por su "apoyo financiero y logístico a la organización terrorista Hezbolá" en la Triple Frontera, que procedió a describir como "Una gran arteria financiera" para el grupo en Líbano.

Así, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) afirma en un artículo publicado en julio de 2024 que la región es "un lugar estratégico en cuanto a comercio y recursos naturales se refiere", siendo además "una zona pluriétnica y multicultural" debido a los proyectos de infraestructura y la creación de la zona franca en Ciudad del Este, que fomentaron las migraciones a esta parte del mundo.

El organismo, integrado en las Fuerzas Armadas españolas, señala además que a la zona llegaron miles de libaneses y en menor medida sirios, egipcios, palestinos y jordanos a partir de la década de los sesenta, especialmente en el caso de los libaneses por el éxodo provocado por la guerra civil que sufrió el país entre 1975 y 1990.

Esta coyuntura habría sido aprovechada por Hezbolá para lograr arraigo, con las alarmas saltando por los citados atentados en Buenos Aires, que llevaron a los investigadores a apuntar directamente a Teherán como "cerebro" y a Hezbolá como brazo ejecutor, si bien ambos se distanciaron de estas acusaciones y negaron su relación con los ataques, que tuvieron objetivos israelíes, principal enemigo de ambos.

El Gobierno argentino apuntó en octubre de 2024 a Husein Ahmad Karaki como jefe operativo de Hezbolá en América Latina y le acusó de comprar el coche bomba empleado en el atentado de 1992, por lo que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, reclamó a Interpol su detención.

Asimismo, le acusó de estar detrás de varios intentos de atentado en Brasil --donde en noviembre de 2023 la Policía fue desmantelada una célula del grupo que supuestamente planeaba ataques contra israelíes y judíos en el país sudamericano-- y Bolivia, así como de lazos con el crimen organizado.

Por todo ello, el "think tank" estadounidense RAND indicó a finales de marzo que "las redes latinoamericanas de Hezbolá podrían explotar las vulnerabilidades transfronterizas" en la zona, especialmente ante la "intensa presión operativa" a la que hace frente en Líbano y Siria durante los últimos meses y, si bien no está claro cuál es el alcance real de sus actividades, abogó por un refuerzo de la atención sobre estas estructuras para contener los posibles riesgo de seguridad.