La investigación penal contra la dictadura de Nicaragua avanza en la Justicia argentina: “Pedimos identidad reservada para los testigos y las víctimas”
En el marco del foro “Lucha contra la impunidad de la dictadura de Nicaragua” organizado por el Interamerican Institute for Democracy (IID), Darío Richarte, profesor de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad de Buenos Aires, detalló el camino que condujo a la apertura de una investigación judicial en Argentina por los crímenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Este lugar fue donde de alguna manera empezó todo”, dijo al inicio, agradeciendo al instituto y al doctor Carlos Sánchez Berzaín por haber facilitado sus oficinas para las primeras reuniones.
El impulso inicial surgió durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19. En una clase virtual sobre el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, un grupo de estudiantes le planteó a Richarte la situación de Nicaragua. “Doctor, ¿nos podemos quedar un ratito después de clase para preguntarle algo?”, recordó que le dijeron. Y fue ahí cuando lo interpelaron: “Usted que le va tan bien en la profesión de abogado, ¿por qué no hace algo?”.
Esa inquietud encendió el motor de lo que se convertiría, dos años después, en un expediente judicial con víctimas, pruebas documentales y una orden de captura internacional. “Ahí arrancó el sueño”, explicó Richarte, quien aclaró que se trataba de una iniciativa totalmente pro bono y ajena a su trabajo habitual. La Universidad de Buenos Aires, dijo, tiene una tradición de defensa de los valores democráticos. “Las dictaduras son dictaduras, no importa si son de derecha o de izquierda”.
La base legal para la denuncia fue el principio de jurisdicción universal, que permite a ciertos tribunales juzgar crímenes de lesa humanidad ocurridos en otros territorios, siempre que se cumplan condiciones específicas: violaciones sistemáticas de derechos humanos, falta de adhesión al Estatuto de Roma y ausencia de una justicia independiente.
“Argentina tiene una tradición, no ilimitada pero muy restrictiva, de abrir procesos por jurisdicción universal”, señaló Richarte. Recordó que la Constitución de 1853 contempla esta posibilidad y que luego fue reforzada por precedentes como los tribunales de Núremberg y Tokio, el de la ex Yugoslavia, el de Ruanda, y resoluciones de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia fue presentada en agosto de 2022 en silencio, durante un gobierno argentino “que no se sabía cómo iba a reaccionar frente a ese tema”. A partir de informes de organismos internacionales y el trabajo de medios como Infobae, que “siempre siguió el tema de una manera muy particular”, se empezaron a reunir pruebas.
En octubre de 2022, el juez Ariel Lijo resolvió abrir formalmente la investigación en Argentina. “El juez estuvo de acuerdo con nuestro criterio”, afirmó Richarte. Entre los elementos considerados se encontraba la ley de amnistía impuesta por el régimen nicaragüense, una muestra más de “su absoluta omnipotencia para decir que nadie va a juzgarnos”.
La causa se amplía
A medida que se agravaban las violaciones, la denuncia fue ampliada. “Si la dictadura perseguía a las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe, ampliábamos la denuncia. Si suprimía la personería jurídica de organizaciones, también. Si nacionalizaba a ciudadanos, si seguía metiendo presos políticos… íbamos ampliando”, explicó.
La repercusión internacional no tardó en llegar. “Fue tapa de los portales de los principales diarios del mundo”, dijo. En Argentina, sin embargo, “no se había publicado nada, pero eso es lo que nosotros queríamos: que la justicia trabaje tranquila”.
A lo largo del proceso se incorporaron víctimas como querellantes. “Intentábamos que cada víctima refleje algún caso en particular”, detalló Richarte. Y recalcó la importancia de proteger a los testigos: “Pedimos identidad reservada para los testigos y las víctimas, y así pudieron declarar”.
Órdenes de captura y visibilización
El expediente acumuló pruebas documentales, testimonios y pericias técnicas. En diciembre de 2023, el proceso concluyó con un pedido de órdenes de captura internacional contra decenas de funcionarios del régimen, incluidos Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Preferimos nunca decir los nombres. No queremos que esté tranquilo nadie de los que están ahí”, advirtió.
El equipo solicitó una ampliación de las órdenes para incluir a otras personas vinculadas a los mismos crímenes. “Algunas son muy públicas, pero otras no”, dijo. Actualmente, Interpol se encuentra identificando a las personas requeridas.
“No fue algo personal”, insistió Richarte, al explicar por qué no había hablado públicamente hasta ahora. “Siempre tuve la política de salir cuando tenía algo para comunicar”. Y aclaró que la lucha no es de ellos: “Nosotros somos simplemente un granito de arena para ayudarlos a ustedes, que son los que verdaderamente sufrieron”.
Antes de cerrar su exposición, se sumó al pedido por la liberación de los presos políticos cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro. “Algún día habrá que dejar de romantizar esa dictadura”, agregó. Y concluyó con una frase que le repite un amigo: “Cuanto más viento en contra tenés, más alta la bandera tiene que estar”.
Infobae
