Polariza escenario político en Sinaloa el desafuero de Gerardo Vargas SDP Noticias
Si se trata de un tema político, eso no está bien: Sheinbaum Pardo sobre Ahome. La situación legal del alcalde con licencia, Gerardo Vargas Landeros continúa siendo un foco de discusión encendido entre los sinaloenses, especialmente en el ámbito digital, donde la opinión pública se encuentra cargada a favor del morenista de Ahome.
Mientras la mayoría de ciudadanos defienden la gestión del exalcalde y destacan los avances logrados durante su administración, otros expresan incertidumbre respecto al rumbo que tomará la ciudad tras los recientes movimientos en el gabinete municipal, así como la incertidumbre en temas de seguridad.
En medio de este panorama, el alcalde interino, Antonio Menéndez asumió la responsabilidad de conducir los destinos de Ahome. Su principal reto será conformar un equipo confiable que garantice continuidad y estabilidad.
Las expectativas ciudadanas no son menores, ya que la percepción general es que Vargas Landeros dejó un alto estándar. Menéndez, por tanto, no solo debe cumplir, sino demostrar lealtad política al gobernador Rubén Rocha Moya y mantener el orden administrativo.
El tema también alcanzó el ámbito nacional. Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los recientes casos de desafuero en Sinaloa. La pregunta puso en relieve un posible patrón, ya que desde 2022 se han registrado tres casos similares, siendo el más reciente el de Vargas Landeros.
“Si hay irregularidades que se investigue por las vías institucionales, pero si se trata de un tema político, eso no está bien”, afirmó la mandataria.
Esta declaración ha sido interpretada por algunos analistas como una crítica implícita al gobernador Rocha Moya, en un contexto donde el partido Morena acaba de aprobar nuevas reformas internas.
Dichas modificaciones, ratificadas el domingo pasado, establecen normas más estrictas contra prácticas como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos y el bloqueo de participación política dentro del partido. También sancionan la propaganda engañosa y las conductas discriminatorias en procesos internos y campañas.
La pregunta que queda en el aire es si los procesos judiciales están siendo utilizados como instrumentos de presión política en Sinaloa. Las consecuencias de esta dinámica podrían impactar tanto el futuro del estado como la cohesión interna del partido gobernante. Por ahora, el debate sigue vivo.
