Abogados señalan trato misándrico en el IMM Dpoderapoder
* Acusan a directora de hostilidad contra padre en convivencia ordenada por juez federal; violenta derechos del menor; un martirio para Alejandro “N” por presunta corrupción institucional en Fiscalías; madre habría exhibido a menor
EL SUR | STAFF | CÓDIGO VERACRUZ
COATZACOALCOS, VER.- La defensa legal del ciudadano Alejandro “N” denunció públicamente actos de violencia institucional y discriminación de género por parte de Rocío Espinosa Chévez, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Coatzacoalcos, durante una convivencia familiar ordenada por un juez federal entre el menor E.D.C. y su madre, Maquis “N”.
En conferencia de prensa, los abogados Eduardo Carmona y Mauricio Izquierdo señalaron que el martes 22 de este mes acudieron al IMM acompañando a su cliente, en cumplimiento de una resolución federal. Aseguran que fueron recibidos con hostilidad por Espinosa Chévez, quien mostró un comportamiento “agresivo, intimidante y discriminatorio hacia hombres”.
“La directora del Instituto Municipal de la Mujer actuó con una actitud misándrica. Desde nuestra llegada, se nos negó el derecho de atención bajo el argumento de que en ese espacio solo se atiende a mujeres. Esto contradice el mandato de una institución pública que debe operar bajo principios de igualdad y legalidad”, afirmó el abogado Carmona.
El litigante también acusó que la directora del IMM intentó provocar a su cliente, Alejandro “N”, con la intención de deslegitimar su presencia y generar un conflicto que pudiera usarse en su contra.
“La convivencia fue ordenada por un juez federal debido a la falta de espacios neutrales en la ciudad para garantizar los derechos del menor. Lejos de facilitar el proceso, el IMM se convirtió en un obstáculo”, añadió.
La defensa también denunció una campaña institucional para criminalizar al padre y proteger sin reservas a la madre, incluso cuando existen antecedentes documentados de acciones perjudiciales contra el menor. Uno de los hechos más alarmantes expuestos fue que la madre, Maquis “N”, vistió al niño como mujer para una actividad escolar, lo cual fue comunicado por ella misma al padre mediante un mensaje digital.
UN PROCESO JUDICIAL MARCADO POR IRREGULARIDADES
El caso judicial que enfrenta Alejandro “N” con su expareja se ha desarrollado entre acusaciones de parcialidad y omisiones institucionales. El padre denunció que el 29 de septiembre de 2021, la madre sustrajo al niño del domicilio que compartían, impidiendo cualquier contacto durante un año y diez meses. Además, sustrajo su patente notarial, joyas y dinero en efectivo.
En octubre de ese año, Maquis “N” condicionó la convivencia con el menor a la firma de un convenio de separación en el que solicitaba 600 UMAS mensuales (aproximadamente 60 mil pesos) y otros beneficios. Al negarse, ella presentó una denuncia por violencia familiar.
Dicho proceso, bajo el número 740/2022, fue judicializado por la fiscal Karina Yamileth Franyuti, supuestamente bajo instrucciones de Roberta Ayala Luna, coordinadora de la Fiscalía Especializada. A pesar de dictámenes psicológicos contradictorios y de la falta de pruebas sólidas, la denuncia sigue vigente.
Alejandro “N” también denunció por sustracción de menores (carpeta 1075/2021), y por robo y extorsión. Las carpetas fueron archivadas, trasladadas o, incluso, desaparecidas temporalmente. Una de ellas fue reencontrada un mes después y actualmente se encuentra en la Fiscalía 12ª.
En 2023, ambas partes firmaron un convenio dentro del expediente 5978/2021, el cual tampoco ha sido respetado por la madre, quien sigue imponiendo condiciones para la convivencia.
MEDIDAS JUDICIALES VIGENTES Y NUEVAS DENUNCIAS
En mayo de 2024, la jueza Alicia Caram Castro ordenó el depósito judicial del menor con su padre y estableció convivencias asistidas con la madre. Sin embargo, días después, Maquis “N” denunció a Alejandro “N” por “retención del menor”.
El padre obtuvo la suspensión definitiva en el amparo 827/2024-1, dictada por el Juzgado Decimonoveno de Distrito, la cual garantiza que el menor permanezca bajo su resguardo. A pesar de esto, el juez Daniel Ruiz Guerrero, del Juzgado Octavo Familiar, ha emitido requerimientos que contradicen el mandato federal, incluso con amenazas de usar la fuerza pública.
La defensa de Alejandro “N” documentará los hechos ocurridos en el IMM y solicitará a las instancias federales que se revise la actuación de la directora Rocío Espinosa Chévez, a quien acusan de violar una orden judicial y vulnerar los principios de atención sin discriminación.
“Esto no es solo una disputa familiar, es una muestra de cómo las instituciones pueden convertirse en agentes de violencia cuando se distorsionan por ideologías o prejuicios. El interés superior del menor está siendo vulnerado”, concluyó el abogado Carmona.
#IMM #Padre #menor #Violencia #Coatzacoalcos
