Racismo en Cusco: Mincul anuncia medidas legales contra mujer que escupió y agredió con insultos a vigilante Infobae
El Ministerio de Cultura condenó de manera enérgica los actos de discriminación racial ocurridos el pasado fin de semana en la ciudad de Cusco, donde la ciudadana piurana Fiorella Elisa Ras Viani fue grabada en un video mientras profería insultos racistas y agredía a un agente de vigilancia. En el video, que circuló ampliamente en redes sociales, se observa a Ras Viani afuera de un establecimiento, en evidente estado de ebriedad, insultando al encargado de seguridad con términos despectivos, además de escupirlo y golpear un vehículo.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura señaló que estas actitudes agreden a la persona discriminada y a millones de personas que han sido históricamente objeto de discriminación por su origen étnico-racial. A través del comunicado, también se recordó que el racismo sigue siendo una realidad lamentable y normalizada en varios aspectos de la vida cotidiana en el país.
La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura está elaborando un expediente técnico para presentar a la Fiscalía con el fin de iniciar las acciones penales correspondientes, en base al artículo N° 323 del Código Penal, que tipifica el delito de discriminación. Además, se informó que la conducta de Ras Viani transgrede normativas locales del Cusco, como la Ordenanza Regional N° 142-2018-GORE, que incluye normas para la implementación del enfoque intercultural y medidas contra la discriminación.
El Ministerio también destacó su apoyo a la Ley N° 6311-2023-PE, un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que propone modificar el Código Penal para endurecer las sanciones contra conductas discriminatorias. Este proyecto ha sido aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República y está pendiente de su debate y aprobación por el Pleno del Parlamento.
Finalmente, el Ministerio de Cultura recordó que pone a disposición de la ciudadanía el servicio Alerta Contra el Racismo, el cual cuenta con seis modalidades de atención, incluyendo una línea telefónica gratuita (1817) para denunciar casos de discriminación étnico-racial.
Discriminación: Actos racistas y discriminatorios pueden ser sancionados con hasta cuatro años de prisión
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Poder Judicial han reafirmado que los actos de discriminación, ya sean raciales, de género, religiosos o por cualquier otro motivo, son delitos que pueden ser sancionados con penas de prisión. Según el Código Penal, las personas que cometan actos discriminatorios pueden enfrentar una pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres años. Esta pena podría aumentar hasta cuatro años si existen agravantes, como el uso de internet para discriminar o si el acto implica violencia física o psicológica.
Durante el programa virtual “Consultorio Legal”, Daniel Vargas Valle, supervisor de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas del MINJUSDH, explicó que las víctimas pueden presentar denuncias ante una comisaría o el Ministerio Público, proporcionando pruebas como chats, documentos o cualquier otro tipo de evidencia que demuestre un patrón de discriminación. Además, recordó que este delito puede considerarse una forma de violencia psicológica, que limita derechos fundamentales de la persona afectada.
En el ámbito judicial, la jueza Elvira Álvarez Olazábal señaló que los actos discriminatorios basados en factores como raza, religión, orientación sexual, nacionalidad, entre otros, pueden llevar a una pena de hasta cuatro años de prisión. Esta sanción se aplica especialmente si el agresor es un servidor público o si el acto de discriminación implica violencia. La jueza recalcó que, en el caso de funcionarios, la pena puede incluir también la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Además, Álvarez Olazábal explicó que los responsables de discriminación pueden ser procesados tanto penalmente, a través del sistema judicial, como administrativamente, en el caso de conductas privadas bajo la supervisión del Indecopi. En situaciones menos graves, las sanciones podrían consistir en penas de entre dos y tres años de prisión o trabajos comunitarios.
