Presupuesto participativo: democratizar la inversión pública

Este pasado fin de semana, los habitantes de la capital del Estado volvieron a realizar un ejercicio que ya se convirtió en buena práctica: votar el presupuesto participativo.

Lo hacen también el resto de los municipios, incluido Ciudad Juárez aunque cada uno en distintas fechas. Es evidente que se trata de una forma de democratizar la distribución de los recursos públicos, tomando en cuenta a los ciudadanos a través de proyectos que se registran para ser valorados y, una vez dentro, forman parte del proceso de votación.

Hay diversos factores que intervienen en esta valoración: que sea un proyecto en beneficio de una comunidad determinada y va desde infraestructura, obras y servicios, hasta espacios para actividades deportivas o culturales.

Una vez definidos los proyectos que participan, los interesados, escuelas o colonias, realizan alianzas para fortalecer la participación a su favor y, con ello, obtener el presupuesto estimado a los diversos proyectos.

De esta manera, la ciudadanía tiene la oportunidad de movilizar a quienes consideren, para obtener mediante votaciones abiertas, los suficientes sufragios para ganar el proyecto.

Así se han generado mejoras en planteles educativos, de todos los niveles, desde básico hasta educación superior; en las colonias, la restauración en calles y avenidas, pavimentación, parques y jardines, centros culturales, espacios deportivos y todo aquello que impacte en beneficio de un importante número de personas.

Aunque es relativamente nuevo en México, en el estado de Chihuahua el mecanismo de presupuesto participativo inició en el año 2010, con la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana. Esta ley establece las bases para fomentar la participación de la población en la toma de decisiones y destinar recursos de manera transparente y equitativa y ha sido exitoso, porque pueden participar desde niñas y niños de seis años en delante.

¿Por qué se originó esta práctica que involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones para beneficio de la comunidad? Primero, permite que sean los habitantes de las regiones los que decidan qué obras deben ejecutarse por los ayuntamientos. Segundo, se democratiza definitivamente un porcentaje del presupuesto gubernamental.

¿Dónde se originó esta exitosa práctica? En Porto Alegre, Brasil, en 1988, cuando los más de un millón y medio de habitantes demandaban servicios básicos y obras de infraestructura elementales para el desarrollo de sus pobladores.

Para hacer más efectivo el proyecto, autoridades y ciudadanos, apoyados por organizaciones de la sociedad civil, dividieron la ciudad en 16 distritos que se organizaron en asambleas para decidir en qué aplicar el presupuesto oficial y a partir de 1994, entre el 15 y el 25 por ciento del presupuesto se asigna en proyectos participativos.

Un año después, en 1995, más de 14 mil personas participaban en el proyecto, pero con la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, la suma llegó a convocar a poco más de 100 mil personas en las votaciones; esto consiguió que en 1996, el 98% de población disfrutara del suministro de agua y de un 85% de alcantarillado y avances en el alumbrado público, urbanización de zonas, salud y vivienda.

La práctica fue replicada con éxito en Argentina y la primera ciudad fue Rosario, provincia de Santa Fe, en 2003, pero España, que logró consolidar el Presupuesto Participativo a principios de este siglo, ya hizo sus primeros intentos, en la década de los 90, en la comunidad llamada Idiazabal, que llevó a los habitantes a debatir la construcción de un campo de futbol para sus niños y adolescentes.

Perú lo inició en 1984, en un intento por motivar a los pobladores de Villa El Salvador y a partir de 2003, el plan de presupuesto participativo es obligatorio para gobiernos Distritales, Provinciales y Regionales y se rige por la Ley 28056, con la diferencia de que el caso peruano no es la votación individual, sino a través de las organizaciones de la sociedad civil.

Experiencias exitosas han sido registradas como tal, desde Ecuador, en el municipio de Cotacachi, en Europa, Bolonia (Italia), Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona, en España; en América del Norte, está Ontario, pero en Estados Unidos, en Auburn (Portland), así como la Ciudad de Nueva York y, en Asia, en Yokohama, Japón.

Por eso cada año, aquí en nuestra tierra, vemos cómo los habitantes de los distintos municipios se organizan, proponen proyectos, los promueven entre sus vecinos, hacen alianzas y salen a votar con la intención de que una parte del presupuesto de los ayuntamientos se traduzca en obras que beneficien a la población misma, y no sea desde un escritorio, desde donde se decida en qué aplicar el recurso, sino que sean los ciudadanos quienes le digan a sus autoridades en qué debe gastarse el dinero de los gobiernos municipales. Eso es democratizar la inversión pública. Se trata de comprender que, cuando la sociedad se organiza, se logran todos los beneficios posibles. Al tiempo.