Denuncian ecocidio en Veracruz por obras en el arrecife La Gallega pese a suspensión de SCJN
Juan David Castilla
La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México y un conjunto de organizaciones ambientalistas denunciaron que la Secretaría de Marina (Semar) y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Veracruz reanudaron las obras de ampliación del puerto de altura arrojando toneladas de roca sobre el arrecife vivo La Gallega, incurriendo en un desacato directo a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.
Mediante un recorrido de vigilancia ciudadana realizado en la zona aledaña al ecosistema, integrantes de la red constataron el vertimiento masivo de material rocoso para la edificación de la escollera Sureste, maniobra que amenaza con sepultar de manera definitiva la estructura coralina y provocar una sedimentación irreversible por la alteración de las corrientes marinas.
Las agrupaciones ambientalistas señalaron que la piedra empleada es extraída de una cantera ubicada en la localidad de Mozomboa, en el municipio de Actopan, insumo que no se encuentra respaldado ni documentado en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.
Añadieron que el traslado de material se realiza durante las 24 horas del día mediante camiones de carga hacia el área arrecifal.
De acuerdo con la denuncia, el 9 de julio de 2026, la Semar notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el inicio de la fase II del proyecto.
La omisión de una respuesta o negativa por parte de la autoridad ambiental fue calificada por los activistas como una complicidad institucional ante la violación de la orden del máximo tribunal del país.
El arrecife La Gallega forma parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, catalogado como Sitio Ramsar y Reserva de la Biósfera de la UNESCO.
Este ecosistema funciona como barrera natural de protección costera para la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, además de albergar especies marinas protegidas y endémicas fundamentales para la pesca artesanal y la biodiversidad regional.
Ante este escenario, colectivos como Greenpeace México, Sendas A.C. y cooperativas pesqueras exigieron la detención inmediata de los trabajos de nivelación y roqueo, la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para investigar los daños ecológicos y el estricto apego a la resolución judicial que supedita la ampliación portuaria a la garantía del derecho a un medio ambiente sano.
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