Los planes económicos del presidente Trump

Al inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump recibió una economía con un crecimiento por arriba de su ritmo de largo plazo y una tasa de desempleo considerada “natural”, es decir, congruente con una inflación baja y estable. Además, aunque recientemente ha frenado su descenso, la inflación anual, medida con el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), se mantiene cercana al objetivo de 2.0 por ciento, establecido por el Banco de la Reserva Federal (Fed).

Esta economía presenta también algunos indicadores desfavorables, como las tasas de interés que pagan los títulos de deuda del gobierno federal, las cuales se encuentran entre las más elevadas de las últimas dos décadas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense parecen incorporar una prima por riesgo, relacionada con la insostenibilidad de la creciente deuda pública y la incertidumbre sobre la inflación. Estas presiones se han traducido en altos costos de financiamiento para los hogares y las empresas.

Si bien resulta prematuro elaborar un juicio definitivo sobre los planes anunciados en la inauguración presidencial, entre otras razones porque en muchos casos su concreción está por definirse, una primera revisión sugiere que éstos no se orientan a mantener y, menos, a aumentar el dinamismo económico.

Por una parte, ni el discurso ni las acciones ejecutivas se enfocaron a medidas que impulsen la productividad. Trump centró su programa de desregulación en el sector energético, con miras a incrementar la producción de petróleo y gas, la cual ya se encuentra en máximos históricos. Anunció asimismo una congelación de nuevas regulaciones, pero quedó corto en el desmantelamiento de otras.

Contrario a las expectativas creadas en su campaña, tal vez consciente de las restricciones fiscales, Trump omitió anunciar recortes impositivos que pudieran incentivar el esfuerzo laboral y la inversión. El presidente perdió la oportunidad de dirigir sus políticas al impulso de la oferta total de bienes y servicios.

Por otra parte, la mayoría de los planes económicos podría generar más perjuicios que beneficios.

En primer lugar, Trump proclamó una “emergencia nacional en nuestra frontera del sur”, con el fin de detener la migración ilegal y deportar a los migrantes indocumentados, tipificados genérica e injustificadamente como delincuentes. Esta medida parece ignorar que la fuerte recuperación económica registrada por Estados Unidos desde mediados de 2020 estuvo apoyada por una creciente inmigración.

Una deportación significativa de migrantes apretaría el mercado laboral, con probables reducciones de la actividad económica, así como presiones salariales que podrían acrecentar la inflación de servicios y conducir a la Fed a incrementar su tasa de interés de referencia.

En segundo lugar, el presidente anunció una revisión del sistema de comercio, que tiene como eje la sustitución de impuestos internos por aranceles y gravámenes a otros países. A pesar de que una acción presidencial ordena evaluar las relaciones comerciales y los flujos ilegales de migración y fentanilo, sin establecer niveles de restricción, Trump mencionó ante la prensa que planea imponer un arancel de 25 por ciento a México y Canadá, el primero de febrero. De acuerdo con sus declaraciones de campaña, es probable que el presidente busque amenazar a estas naciones con el arancel para obtener garantías de esfuerzos que obstaculicen los flujos ilegales.

Un arancel universal desencadenaría una guerra comercial de alcance global, lo cual conduciría a una disminución del comercio. Si el nivel de aranceles es significativo, la desaceleración económica terminaría en recesión y los mayores costos reavivarían la inflación, forzando a la Fed y otros bancos centrales a revertir el ciclo de relajamiento monetario.

En tercer lugar, un recorte de impuestos difícilmente se autofinanciaría con el incremento de la producción, especialmente si, a cambio, se aumentan los aranceles. Aunque se esperan reducciones de gasto con el nuevo Departamento de Eficiencia de Gobierno, estos podrían ser insuficientes para compensar la baja de ingresos y las erogaciones inerciales por derechos sociales, así como los nuevos compromisos, por ejemplo, de seguridad fronteriza, defensa nacional y promoción de la vivienda. Estos factores podrían ampliar el déficit fiscal respecto al PIB, con el riesgo de presionar aún más las tasas de interés.

Ante sus efectos adversos, no puede descartarse que la nueva administración de Estados Unidos opte por medidas migratorias y arancelarias primordialmente simbólicas. El presidente Trump tiene cuatro años para probar que puede aplicar acciones de fondo que favorezcan el crecimiento económico sostenido.