Mujeres indocumentadas preguntan: ¿Mi hijo será ciudadano por nacimiento?

Andrea Chávez, quien llegó ilegalmente a Estados Unidos hace casi dos décadas, dio a luz a una niña el año pasado en Maryland. En cuestión de días, la niña ya tenía un número de Seguro Social.

La prima de Chávez, María Calderas, quien es indocumentada y tiene apenas unos meses de embarazo, enfrenta la perspectiva de que su hijo no podrá obtener los mismos derechos de ciudadanía que tiene ahora su sobrina.

En su primer día en el cargo, el presidente Trump emitió una orden que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. Ese derecho ha estado consagrado en la Constitución durante más de 160 años, y los expertos dicen que eliminarlo requeriría una enmienda constitucional.

La administración entrante no había ocultado su intención de atacar la ciudadanía por derecho de nacimiento y, horas después de que se emitiera la orden, dos coaliciones de estados y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentaron demandas judiciales , alegando que la directiva violaba las disposiciones de la 14ª Enmienda sobre ciudadanía. Muchos abogados han dicho lo mismo.

Pero para un presidente que ha hecho de la inmigración un pilar de su agenda, los obstáculos legales parecen no ser lo importante. De hecho, la Constitución parece ser un pequeño consuelo para las mujeres indocumentadas como Calderas, que esperan dar a luz a sus hijos después de que la orden entre en vigor, 30 días después del 20 de enero.

Calderas, oriunda de Guatemala, dijo que la decisión de Trump generó ansiedad e incertidumbre sobre el futuro de su familia y, en especial, de su hijo. “Me preocupa que el nuevo presidente no quiera darle la ciudadanía a nuestro bebé”, dijo. “Aquí es donde irá a la escuela y crecerá. Hablará inglés como un estadounidense”.

En las entrevistas, muchas de las mujeres dijeron que la ciudadanía garantizaría a sus hijos acceso a atención médica y otros beneficios vitales durante su infancia, y les proporcionaría una base para construir vidas exitosas como estadounidenses plenamente integrados.

La orden ejecutiva ordena a las agencias federales no emitir documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense a niños nacidos de madres que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos o con un estatus legal temporal, como visas de trabajo o de estudiante, a menos que el padre sea titular de una tarjeta verde o ciudadano.

Se trata de un intento de reinterpretar la Decimocuarta Enmienda, que básicamente dice que todo aquel que nace en el país es ciudadano. Ratificada después de la Guerra Civil, la enmienda tenía por objeto garantizar que, una vez abolida la esclavitud, se protegiera la ciudadanía de los negros.

El Sr. Trump y sus aliados consideran que la ciudadanía por nacimiento es un imán para la inmigración ilegal y han afirmado que los inmigrantes indocumentados no están cubiertos por la 14ª Enmienda.

“Son cosas como ésta las que traen a millones de personas a nuestro país, que entran a nuestro país ilegalmente”, dijo Trump en un video de campaña el año pasado.

La Sra. Chávez, quien nació en El Salvador, dijo que después de dar a luz el año pasado, se dio cuenta de lo diferente que sería la vida de su hija a la suya, creciendo en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.

"Ella es mi primogénita y una estadounidense de primera generación", dijo Chávez, de 23 años, estudiante de posgrado en la escuela de salud pública de la Universidad de Brown.

“Tuve un recuerdo de todo lo que había sufrido por no tener un papel que dijera que era estadounidense, a pesar de que este es el único país que conozco”, dijo Chávez, quien fue traída a Estados Unidos cuando tenía 4 años y tiene un estatus legal temporal desde 2023.

“Ivana tiene su ciudadanía, lo que significa que puede acceder a recursos, viajar al extranjero, asistir a cualquier universidad”, agregó sobre su hija.

Cambiar el status quo de la ciudadanía por derecho de nacimiento tendría importantes implicaciones para innumerables niños, incluso si el esfuerzo no sobrevive a los desafíos judiciales.

Si permanecen indocumentados, a los niños se les podría negar la licencia de conducir y la matrícula universitaria a precio de residente en el estado en el futuro. Se les prohibiría ocupar cargos electivos y no podrían alistarse en el ejército.

“Estos niños serían parte de una nueva subclase permanente”, dijo Kathy Mautino, abogada de inmigración que se especializa en ciudadanía.

La cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda dice que todas las personas “nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción” son ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, se ha interpretado que la disposición se aplica a prácticamente todos los niños nacidos aquí, independientemente del estatus de sus padres. Pero algunos partidarios de las restricciones a la inmigración creen que hay un fundamento jurídico para limitar su alcance.

Argumentan que los niños indocumentados no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y, por lo tanto, no obtienen automáticamente la ciudadanía en virtud de la enmienda. La orden ejecutiva del presidente hace esa afirmación.

La última vez que los tribunales pusieron a prueba esta cláusula fue hace más de un siglo. En 1898, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, la Corte Suprema sostuvo que un niño nacido de inmigrantes chinos era ciudadano estadounidense, a pesar de la Ley de Exclusión de los Chinos, que hacía que sus padres no tuvieran derecho a la ciudadanía.

Podrían pasar años antes de que haya decisiones judiciales definitivas que casi con certeza llegarían a la Corte Suprema.

“Incluso suponiendo que exista una gran probabilidad de que estos niños sean ciudadanos, puede haber mucho sufrimiento entre el momento en que comienza un caso de prueba y el momento en que llega a sus resultados finales”, dijo Gabriel J. Chin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, quien recientemente coescribió un artículo de revisión jurídica sobre la 14ª Enmienda.

Sandra Camacho, de 28 años, llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 7 años. Es beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, que la ha protegido de la deportación y le ha permitido trabajar legalmente en el país. Ese estatus no le otorga la residencia permanente legal.

La Sra. Camacho dijo que había estado siguiendo las amenazas de Trump de abolir la ciudadanía por nacimiento. Cuando fue elegido, se sintió afortunada de haber dado a luz a dos hijos, un niño que ahora tiene 4 años y una niña de 4 meses.

“Ahora sé que tengo dos hijos que lograron el éxito”, dijo Camacho, quien vive en Dallas y trabaja en recursos humanos.

“Pero queremos ampliar nuestra familia y es difícil tomar esa decisión si no tienen la ciudadanía”, dijo. “La posibilidad de que mi potencial nuevo bebé pueda correr el riesgo de ser deportado es difícil de imaginar”.

Estados Unidos es uno de al menos 30 países que otorgan automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de sus fronteras. Finlandia, Suecia y Gran Bretaña están entre los países que restringen dicha ciudadanía.

La ciudadanía estadounidense se confiere no sólo a los niños nacidos de inmigrantes sino también de personas que trabajan en el país temporalmente o de los llamados turistas de nacimiento, que viajan a Estados Unidos durante el embarazo para dar a luz a un bebé que será estadounidense.

El alcance de la orden ejecutiva aún no está claro, pero también podría negar la ciudadanía a los hijos de profesionales extranjeros en Estados Unidos con visas de trabajo, como un ingeniero con una H-1B durante varios años.

Los defensores de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento ridiculizan a los hijos de turistas e inmigrantes nacidos en Estados Unidos llamándolos “bebés ancla”, dando a entender que serán utilizados para asegurar beneficios públicos y residencia legal para sus familias.

Cuando cumplen 21 años, los hijos estadounidenses pueden patrocinar a sus padres para obtener la tarjeta verde. En realidad, es extremadamente difícil para los padres indocumentados obtener la tarjeta verde a través de sus hijos ciudadanos estadounidenses, porque para ello es necesario que regresen a su país de origen y pasen años allí para completar el proceso. La mayoría prefiere no correr el riesgo, por temor a que se les prohíba volver a entrar en Estados Unidos.

Yajaira Torres, de 33 años, una inmigrante indocumentada de Colombia, tenía programada una cesárea el 24 de enero, cuatro días después de la toma de posesión de Trump.

La semana pasada, recibió una llamada de su médico en Los Ángeles para informarle que el parto se había adelantado. El viernes dio a luz a un niño.

“Eithan Daniel se beneficiará de todas las ventajas de ser estadounidense”, dijo.

Nivida, una hondureña indocumentada en Luisiana, tiene una hija de 3 años nacida en Estados Unidos y está esperando un niño para abril.

“Su hermano, al nacer en el mismo país, podría no tener las mismas oportunidades de estudiar, recibir atención médica y vivir una vida estable”, dijo Nivida, de 28 años, quien aceptó ser entrevistada con la condición de ser identificada solo por su nombre de pila.

“Aún no ha nacido y ya tiene que vivir escondido”, afirmó.