Diputados declaran validez de reformas a Guardia Nacional y pueblos indígenas; pasan al Ejecutivo Milenio
En ausencia de los legisladores de oposición y en una sesión de solo 12 minutos, la Cámara de Diputados declaró esta noche la constitucionalidad de las reformas a la Guardia Nacional y sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, y turnó ambos decretos al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Al grito de “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, los diputados de Morena, PVEM y PT hicieron el recuento de los votos aprobatorios de los congresos de 26 estados y validaron las reformas a la Constitución.
Las legislaturas locales que avalaron dichos proyectos fueron las de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Previamente, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC reafirmaron su negativa a convalidar la militarización de la seguridad pública en México y confirmaron por ello su inasistencia a la sesión ordinaria convocada para la noche del domingo.
“No seremos cómplices de la militarización de la seguridad pública y de una estrategia que ha demostrado su fracaso, que ignora las verdaderas necesidades de seguridad y que sigue poniendo sobrecarga sobre nuestras fuerzas armadas, en lugar de apostar por policías civiles profesionales y cercanas a la ciudadanía”, puntualizó la bancada de Acción Nacional encabezada por Noemí Luna.
La reforma a 12 artículos de la Constitución Política a la Guardia Nacional prevé el traspaso de dicha de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa.
Define a la Guardia Nacional como “fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional”.
En tanto la reforma al artículo 2 de la Constitución prevé reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
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