México CARECE de POLÍCIAS y CUERPOS de SEGURIDAD para ERRADICAR la ALTA CRIMINALIDAD

A partir de que entró en funciones la Guardia Nacional el 1 de julio de 2019, hasta abril de 2024, han renunciado 17 mil 901 agentes.

• De acuerdo con EL UNIVERSAL, actualmente, la Guardia Nacional (GN), creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para responder a la criminalidad en el país, cuenta con 132 mil elementos, de acuerdo con el último reporte de la institución.

Según respuesta a una solicitud de información realizado por ese medio, la corporación refiere que el año con mayor número de efectivos que dejaron sus filas fue 2022, con 13 mil 432; 2021 con 2 mil 755; 2023, con mil 408; 2020, con 223; 2024, con 81, y 2019, con sólo dos.

• Las estadísticas de la Guardia Nacional detallan que el número de uniformados que solicitaron su baja en este periodo, entre navales y militares, fue de 9 mil 179. En ese mismo lapso los elementos que pertenecieron a la entonces Policía Federal (PF) y que transitaron a la GN y que presentaron su renuncia fueron 8 mil 722.
• Jonathan Maza, director de Estrategia e Inteligencia en Stratop Risk Consulting, empresa especializada en control de riesgos políticos y de seguridad, expresa que se trata de un fenómeno y circunstancias que no tienen claridad en el desarrollo institucional de la corporación.

“Es decir, hubo un esfuerzo titánico para crearla… porque se tuvo que hacer de la noche a la mañana por una orden presidencial básicamente y tenía una fecha de entrega”, remarca el también académico de la Universidad de las Américas Puebla.

Agrega que, en marzo de 2019, se publican las reformas constitucionales, pero hay un vacío jurídico que todos sabemos, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió sentencias.

“Pero la inestabilidad profesional, la expectativa que pudieran tener los cuadros militares, la forma de adiestrar de manera clara a los elementos… todo un proyecto de vida y de carrera para los elementos, son parte de una de las vulnerabilidades más importantes y claras actualmente de la institución”, remarca.

• El especialista en seguridad nacional e inteligencia estratégica precisa que tampoco hay una descripción certera en qué secretaría federal la GN va a permanecer, si con mando militar o mando civil: “Es el limbo jurídico y en la práctica es lo que no ha permitido su
  consolidación”.
• Sostiene que es acertado que se pretenda adscribir la Guardia Nacional a la Sedena y eso daría una certeza también para la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha aportado más elementos.

Por otro lado, les daría una estabilidad para el desarrollo institucional del reclutamiento, formación, adiestramiento de cuadros de guardias nacionales, a lo largo del tiempo.

Además, generaría como implicaciones que quienes opten por elegir una vocación profesional de ser guardias nacionales, tendrían claridad que van a tener las prestaciones y seguridad social que ofrece el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“Expectativa salarial, seguridad para sus familias y no está consolidado… precisamente por todo este limbo en el que se encuentra la Guardia Nacional”, argumenta.

Por otra parte, dice que algunos son militares y marinos adscritos o prestados a la GN, es decir, fueron reclutados como soldados del Ejército o como marinos de la Armada de México y prestados.

• “Hace unos días se dio a conocer que regresan más de 3 mil navales a la Secretaría de Marina [Semar], pero hay otras plazas, la secretaría va a dejar a personal que fue contratado en Marina para ser Guardia Nacional. En 2019 hubo personal que fue contratado por las secretarías para ser específicamente guardias nacionales”, asevera.
• Personal de la Guardia Nacional consultado por este diario y quienes omitieron su nombre, refieren que las renuncias de la Policía Federal obedecen a presiones de los altos mandos porque quieren terminar con el personal civil.

“Por ejemplo, a los que pertenecieron a la PF no les están pagando su salario como es el caso de elementos en Ixtlán del Río, Nayarit, donde los dieron de baja del servicio médico del ISSSTE”, refieren.

Con relación a la renuncia del personal que pertenece a la Semar o Sedena indican que se debe a la falta de capacitación, por ejemplo, en aplicar una infracción se requiere una motivación y fundamentos, en ocasiones les cuesta trabajo por el desconocimiento de las leyes y reglamentos y deriva en problemas con el Ministerio Público.

Comentan que algunos elementos de la Marina renunciaron y se fueron a trabajar a Canadá por tener problemas con el MP al presentar anomalías en los dictámenes técnicos al no integrar bien la carpeta de investigación.

Más soldados en la calle y los asesinatos en niveles altos

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una preocupación que se ha acentuado durante los últimos años. Se trata de la inseguridad y la violencia, una triste realidad en amplias zonas del país, que ha estancado a México en una cuenta anual de más de 30.000 asesinatos, con la extorsión desbocada y el crimen organizado imponiendo su ley en sectores productivos ajenos a sus actividades clásicas, caso del narcotráfico.

Después de casi 20 años de conflicto interno, la discusión sobre el rumbo de las políticas gubernamentales arrecia. Cómo cambiar radicalmente la situación figura como una necesidad para el próximo Gobierno.

• Las Fuerzas Armadas y su actividad policial son el hilo conductor de la actual administración en materia de seguridad. También de las anteriores. El Ejército, la Armada y, en los últimos años, la Guardia Nacional, han sido claves en la estrategia del Estado contra el crimen organizado, más o menos agresiva, según quiénes estuvieran al frente del Ejecutivo. 281.209 militares patrullan actualmente las calles del país, un récord histórico. La relación de soldados desplegados y asesinatos registrados da una idea de las dificultades del Gobierno para dar un vuelco al panorama de la inseguridad.

López Obrador inició su mandato señalando que no apagaría el fuego con más fuego, metáfora que recogía sus ideas sobre el tema. Ante la grave crisis de violencia que se vivía en los últimos años del Gobierno de Peña Nieto, el presidente electo planteó un cambio. El Ejército seguiría desplegado, pero ya no en una dinámica de ataque al crimen organizado, sino como garantes de la paz.

“Abrazos, no balazos”, dijo varias veces recién ganada la elección, en 2018. Pero, como dice Cecilia Farfán-Méndez, académica de la Universidad de California, experta en crimen organizado y política de drogas, “nadie que estudie estos temas te va a decir que eso es una estrategia, sino un eslogan”.

Es el pecado original, asumir que aquella frase era más que eso. “En América Latina, después de las crisis financieras de los años ochenta, quedó claro que necesitabas economistas para manejar la economía”, argumenta Farfán-Méndez, “pero no hemos visto algo similar en seguridad. Seguimos observando inventos, ocurrencias, armar secretarias, suprimirlas, pero no ves un cuerpo de tecnócratas, en el buen sentido de la palabra, dedicados a la seguridad”, añade. “Cada administración que llega lo cambia todo. Fíjate la cantidad de años de inversión en la Policía Federal, que luego borraron de un plumazo”, continúa.

Si el “abrazos no balazos” era la idea, acabar con la “corrupta” Policía Federal y crear la Guardia Nacional era el vehículo para ponerla en práctica. Además, la Guardia era la solución a las discusiones de aquellos años sobre la actividad policial de los militares, tarea, defendían expertos, académicos y activistas, para la que no estaban preparados. La Guardia, un cuerpo de naturaleza híbrida, entre lo civil y lo militar, reemplazaría con los años al Ejército, cerrando así una anomalía problemática, alegal.

• Pero aquello cambió en poco tiempo. López Obrador empujó para que la Guardia quedara adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin supervisión civil. Sus agentes estarían entrenados por militares en instalaciones militares. La vía civil se cerraba. Los militares, defendía –y defiende– López Obrador, son garantía de lealtad y honestidad, afirmación más que cuestionable, dadas las causas abiertas por corrupción y malas prácticas contra decenas de ellos.

“El país que reciba la persona que gane ahora en junio tendrá un Ejército mucho más central en las discusiones, más allá de la seguridad. Un actor mucho más fuerte que hace 6, 12 o 18 años”, remata Farfán-Méndez.

Control territorial

Los grupos criminales en México se han convertido en agentes extractivistas. El sexenio de López Obrador inició con una crisis profunda de robo de combustible. Hubo casos extremos. En sus primeros días en el cargo, el mandatario informó incluso de que el Gobierno había encontrado una tubería que salía de la refinería de Salamanca, en Guanajuato, sacando gasolina de manera ilegal.

• En ese estado y otros, como Hidalgo, el Ejército acampaba directamente sobre los ductos, para evitar el robo. Durante varios días, las acciones del Gobierno contra los huachicoleros –nombre con el que se conoce a los ladrones de combustible– provocaron un desabasto en gasolineras de varios Estados.
• Pero entonces, el plan aún respondía al eslogan. A diferencia de lo ocurrido un año antes en Puebla, cuando el Gobierno de Peña Nieto arremetió con todo contra los huachicoleros, militares y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales mediante, el nuevo enfoque evitaba la confrontación.

Así siguió por un tiempo, después incluso del cobarde ataque contra un grupo de niños y mujeres de la familia mormona Langford-Lebarón, entre Sonora y Chihuahua, en 2019, que dejó nueve muertos. Después de esa y de otras tantas otras masacres las cosas cambiaron y llegaron los abrazos con matices.

“Durante los tres primeros años de la administración, con esta política de no enfrentar directamente a las organizaciones criminales, ellos aprovecharon para expandir su presencia y, por tanto, su control territorial”, dice Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores, empresa dedicada al monitoreo de la criminalidad en el país.

“Siento que el Gobierno, cuando se dio cuenta del error y empezó a registrar la expansión de estas organizaciones, cambió de estrategia. Eso fue más o menos en el segundo semestre de 2021. Y lanzaron un ataque contra las cúpulas de muchas mafias regionales”, añade.

• Para entonces, las noticias de medio país consignaban la avanzada extorsiva de decenas de grupos criminales. México atestiguó la crisis del pollo en Guerrero, con el asesinato de productores y vendedores, supuestamente por no plegarse a los designios de estas organizaciones; la del limón en Michoacán, cuando grupos ligados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a viejas mafias regionales convirtieron las huertas de Tierra Caliente en el escenario de su guerra; o la de la tortilla en Guanajuato, cuando criminales apuntaron a comerciantes por no pagar la cuota requerida.

“Ahí es cuando se da el cambio de tendencia”, dice Guerrero, en referencia a la curva de asesinatos anuales, que empezó a bajar en 2022. “Teníamos un estancamiento, y después empiezan a bajar. Pero claro, habían sido tres años de mucho descuido y negligencia… En términos de expansión criminal, recuperar esos territorios ya no se logró”, dice el experto, que añade que “en muchos lugares donde ha bajado el homicidio, no se debe a un trabajo de fortalecimiento institucional o mejores prácticas, sino por una dinámica de alcanzar acuerdos con grupos para que ya no peleen”.

• Puede que esa agenda de pactos haya llegado más lejos en algunas regiones. La semana pasada, el International Crisis Group, una organización que estudia el crimen organizado, liberó un informe titulado El laberinto de los generales: crimen y militares en México, que asegura, a partir de los dichos de decenas de fuentes, que existirían pactos a nivel regional entre criminales y autoridades para que la violencia de los primeros no sea visible.

“En la práctica, esto parece implicar ocultar cadáveres”, reza el informe, que señala un posible caso en Michoacán, en que un grupo criminal habría ocultado los cuerpos de decenas de civiles del CJNG, víctimas de enfrentamientos con el Ejército.

Lo que viene

Estos meses de campaña electoral dejan cantidad de propuestas de las candidatas punteras, Claudia Sheinbaum, de Morena, y Xóchitl Gálvez, de la coalición PRI-PAN-PRD. Cercana a López Obrador, Sheinbaum ha evitado desmarcarse de las políticas militaristas del presidente saliente. Ha dicho que la Guardia Nacional permanecerá en la Sedena, aspecto en el que discrepa Gálvez, que apuesta por desmilitarizar la seguridad pública y potenciar las policías locales. Por lo demás, la lógica de ambas es parecida, dejando de lado ocurrencias carcelarias de la segunda, al más puro estilo Nayib Bukele.

“Existe una tentación a seguir fingiendo que las cosas van bien”, dice Falko Ernst, parte del International Crisis Group, bajo el supuesto de que la vencedora sea Sheinbaum, que lleva una ventaja de dos dígitos sobre su oponente.

“En todo caso, vemos señales de que se va a hacer un trabajo más metódico, porque seguir fingiendo es difícil. Ambas campañas han apostado por concentrar recursos en zonas violentas”, añade. Según el informe de la organización, el 16% de los asesinatos cometidos en 2022 se registraron en cinco municipios de Guanajuato, Baja California y Sonora.

Ese trabajo metódico al que apuntan ambas candidaturas parece esencial para un cambio verdadero. Sheinbaum ha hecho bandera estos meses de la gran reducción de homicidios que registró Ciudad de México durante sus años de mandato, de 2018 a 2023. Asumiendo que en la capital el aumento de desapariciones no tiene nada que ver con la bajada de homicidios, como han defendido algunos académicos estos años, la escalada de una estrategia local a nivel nacional parece de todas formas complicada.

“A pesar de la controversia por las desapariciones, el gran trabajo en Ciudad de México tiene que ver con la depuración policial, la investigación e inteligencia y luego la coordinación de la policía con la Fiscalía”, dice Eduardo Guerrero.

“Pero claro, este trabajo se ha enfocado en contextos urbanos, con un superávit policial importante. Es difícil que estos esquemas den resultado en contextos rurales, de anemia institucional, como Guerrero, Chiapas, Tabasco, Sinaloa o Nayarit”, argumenta.

• En los logros del nuevo equipo de Gobierno en materia de seguridad yace su éxito o fracaso futuro. No hay que olvidar, sin embargo, que toda fórmula debe tomar en cuenta la cercanía del crimen con el Estado. “Uno de los grandes problemas que tenemos es pensar que el crimen existe como en una burbuja, separado de lo demás”, explica Farfán-Méndez.

“Se usa el andamiaje estatal para realizar actividades criminales”, añade. “Todo va a depender mucho del resultado de intentar controlar las propias fuerzas, en concreto a las fiscalías”, matiza Ernst, que ve en las agencias investigadores verdaderos nidos de corrupción. “El problema más importante es deshacer esos enlaces entre fragmentos del Estado y el crimen organizado, y a la vez crear espacios en las instituciones que permitan operar al margen de estos fragmentos”, zanja.

Hay déficit de policías municipales

En 12 entidades del país, equivalentes al 37.5% del territorio, la tasa de policías municipales en 2022 se ubicó por debajo de la media nacional, la cual fue de 107.4 uniformados por cada 100 mil habitantes Campeche, Zacatecas, Veracruz, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos e Hidalgo registraron las tasas de policías preventivos municipales más bajas, ubicándose por debajo del 98.6; en Nayarit y Chihuahua registraron tasas del 101.9 y 101.7 respectivamente.

• De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del INEGI, los estados de Guanajuato, Querétaro y el Estado de México se ubicaron apenas por encima de la media nacional.

Mientras que Oaxaca, Baja California Sur y Yucatán encabezaron tasas del 248.5, 188.6, 160.7. En total, ese año se contaron con 139 mil 795 policías preventivas.

Hombres a cargo

De los 2 mil 316 titulares que hasta el cierre de 2022 estaban a cargo de las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, más del 91%, con un total de 2 mil 110 se trataron de hombres, y el 8.8 por ciento restante, con 204 correspondieron a mujeres.

• Lo cual también se reflejó en las personas a cargo de las presidencias municipales y alcaldías de la ciudad de México, pues los mil 892 hombres en esos puestos representaron estuvieron el 77.0%, y las 563 mujeres presidentas o alcaldesas, abarcaron un 22.9 por ciento, una disminución del 0.9% en comparación con 2020.

Lo mismo se reflejó en los titulares de la seguridad pública municipal, que en general entre 2020-2022 tuvo una reducción del 9.2% en el personal destinado a esa función, y de las 173 mil 407 personas servidoras públicas a cargo de la seguridad pública municipales 76.7% correspondió a hombres y 23.2%, a mujeres.

Aumentan enfrentamientos

Ese año los policías municipales participaron en 336 enfrentamientos. Si bien se trata de una disminución en comparación con los 881 y 711 enfrentamientos registrados en 2019 y 2020 respectivamente.

En comparación con los 139 enfrentamientos de 2021, los más de 300 choques significaron un incremento del 141.7 por ciento.

38 desaparecidos y casi 7 mil lesionados

Al cierre de 2022 un total de 38 elementos de las instituciones de seguridad pública municipal fueron reportados como desaparecidos y/o no localizados.

• La mayor cantidad de casos se focalizaron en Zacatecas, con siete casos; el Estado de México y Michoacán registraron cinco cada uno; en Jalisco y San Luis Potosí desaparecieron cuatro funcionarios.
• En Guanajuato sumaron tres; Oaxaca y Sonora, con dos respectivamente; y Nuevo León, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos con un caso cada uno. No obstante en 12 entidades no se reportó esta información.

En el mismo periodo, un total de 6 mil 878 de estos elementos resultó lesionado; mil 026 se jubilaron, y 15 mil 248 de estos funcionarios renunciaron.

Despuntan sanciones

De los 12 mil 253 procedimientos de responsabilidad administrativa que se iniciaron en los gobiernos municipales en 2022, la mayor cantidad desde 2018, el 64.6% (7,922) fueron concluidos.

Derivado de esos procedimientos se registró la mayor cantidad de funcionarios públicos municipales sancionados por faltas administrativas desde 2010.

En total, 8 mil 271 personas servidoras públicas fueron sancionadas, lo cual implicó un alza del 60.1% respecto a 2020, y del 125.6 por ciento en comparación con los funcionarios sancionados en 2018.

Ejército registra alza de 65% en bajas de personal

Durante los primeros nueve meses de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabilizó la baja de 25,361 militares, esto representó 65% más en comparación con el total de casos registrados en 2022, cuando 15,364 elementos fueron dados de baja, mostraron cifras de la misma dependencia federal.

• Sobre los motivos de las bajas este 2023, sobresalen los casos de rescisión de contrato, los cuales representan el 65% (16,483) del total; le siguen el retiro (5,053 casos) y las bajas voluntarias (1,632).
• Si se suman los cinco años de la presente administración federal (2019-2023), encabezada por Andrés Manuel López Obrador, 84,500 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han causado baja por diversos motivos.

El informe de la Sedena señaló que del total de militares, 90.7% (76,678) se trata de personal de tropa, es decir, los rangos más bajos del Ejército que se conforma por: sargento primero, sargento segundo, cabo y soldado.

A estos grados les corresponde estar al frente de las misiones, según marca el artículo 42 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas; ya sean cívicas, de obras sociales, de desastres naturales y, se entiende, en el combate a la delincuencia organizada.

Asimismo, los aspirantes, deben tener entre 18 y 30 años, contar con un certificado mínimo de secundaria, y pasar diversos exámenes psicológicos, y médicos que aseguren un estado sano y útil, en los cuales se incluyen pruebas de laboratorio, de diagnósticos de sífilis, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de hepatitis, entre otros.

• Causas. De acuerdo con el informe de la Sedena el 50% (41,566) de los elementos que fueron dados de baja, desde 2019, fue por motivos de rescisión de contrato, lo cual ocurre cuando un militar incumple con lo estipulado al momento de su contratación.

Y es que, según lo estipulado en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, hay varias razones por las que se puede cancelar un contrato.

Entre ellas están el haber ocultado en el examen médico del reclutamiento un padecimiento anterior; haber adquirido otra nacionalidad; haber sido condenado a la destitución del empleo o inhabilitación para ejercer cargos públicos; tener mala conducta; haber proporcionado documentación o datos falsos o alterados durante el trámite de su alta.

Además de haberse encontrado sujeto a un proceso penal por delito; faltar injustificadamente por 72 horas consecutivas a su Unidad, Dependencia o Instalación en donde preste sus servicios; consumir drogas; presentar, durante su permanencia en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tatuajes que no se ajusten al Reglamento, así como perforaciones en cualquier parte del cuerpo en hombres, entre otras.

• Por otro lado, el informe añadió que 30% (25,340) de las bajas tuvieron como motivo el retiro; 8.8% (7,455) solicitaron su baja voluntaria; 458 casos por mala conducta; 3,172 por deserción; 1,565 por muerte y un caso por desaparición.
• El número de elementos que causaron baja por “deserción” de la tropa, según Sedena ha ido decreciendo desde 2007 que fue de 16,500 hasta 1,149 en 2014; posterior a ese año y hasta el 2018 la tendencia se mantuvo en niveles similares.

No obstante a partir del 2019 ha ido en aumento ya que, para dicho año, se registraron 60 casos; en 2020 fueron 95; para 2021 se reportaron 72.

Mientras que para 2022 sumaron 116 y hasta septiembre de este año sumaban 115 casos./Agencias-PUNTOporPUNTO