CONAGUA dejó de GASTAR casi 2 MIL 300 MDP en programas para el suministro del RECURSO HÍDRICO

A pesar de la crisis hídrica que mantiene a la población en vilo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dejó de gastar casi dos mil 300 millones de pesos que estaban calendarizados para ejercerse en el primer trimestre, en ocho programas presupuestarios prioritarios que son clave en el suministro del recurso hídrico.

• Se trata de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica; Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos; Gestión Integral y Sustentabilidad del Agua; Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas; Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación del Riego y Temporal Tecnificado; Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, y Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.

Para la ejecución de estos esquemas se tenía calendarizada una bolsa de 18 mil 459 millones de pesos, de los cuales sólo se erogaron 16 mil 161 millones, dejando así un subejercicio de dos mil 297 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con esta cantidad de recursos se podría financiar, por ejemplo, la décima séptima parte de los 40 mil millones de pesos con los que se abrirá el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, para garantizar que los pensionados reciban un mayor monto.

A dicha retención del gasto público se suman algunas acciones en manos del Congreso y de la Federación para eficientar el uso del agua y su suministro, las cuales no tuvieron el empuje suficiente para dar salida a posibles soluciones.

Una de ellas, incluso de carácter judicial, estuvo bajo la responsabilidad del Congreso, que incurrió en una omisión al concluir sus operaciones ordinarias la semana pasada congelando la Ley General de Aguas, como se lo instruyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cumplir con una orden constitucional que data de hace más de una década.

• Fue en enero del 2022 cuando el alto tribunal del país ordenó al Congreso emitir esta ley, tras señalar que incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no emitir dicha norma, como lo refirió el artículo cuarto de la Carta Magna en el decreto publicado el 8 de febrero del 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
• La instrucción de la Corte, en enero de hace dos años, fue que el Congreso emitiera dicha ley en su periodo de sesiones, pero esto no ocurrió, a pesar de que en la Cámara de Diputados se había enlistado esta tarea como una de las prioridades que había que cumplir hacia el final del periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura.

El diputado Gregorio Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en San Lázaro, afirmó que se pudo construir un dictamen para sacar la Ley General de Aguas, pero esto no se dio debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de la Conagua, no envió las opiniones que se le solicitaron y se requerían para la elaboración del dictamen.

“Lo que tenemos es una oportunidad de poder proponer una ley que tenga aceptabilidad general y consenso, que fue lo que faltó, la postura, la definición de parte del Gobierno federal para que, a través de la Conagua y de la Semarnat, como entidades rectoras en materia de agua, conocer cuál era la propuesta final del Ejecutivo. Sí tenemos un mandato de la Corte, sí tenemos la disponibilidad de poder presentar estas iniciativas, pero para nosotros era fundamental contar con la opinión del Ejecutivo”, dijo a La Razón.

Sin embargo, el haber caído en esta omisión no priva al Congreso de seguir adelante con el trabajo de sacar una Ley General de Aguas, en la que el morenista asegura que se buscará llegar a gran consenso para generar un nuevo marco jurídico que regule el derecho humano al agua.

“En lo que estamos todos de acuerdo es en que el Gobierno federal tiene que tener la rectoría en materia de recursos hidráulicos; lo segundo es que la nueva legislación tiene que tener una orientación estrictamente social; es decir, que se privilegie el derecho humano al agua, por encima de los otros usos que se le da al agua; lo tercero, que no se privatice el agua, porque tiene que ser un recurso a disposición de toda la sociedad mexicana.

“Ésos eran los consensos en torno a estos tres grandes conceptos de las expresiones políticas y todos coincidimos en que la propuesta tiene que ser orientada a reglamentar el cuarto constitucional”, explicó./Agencias-PUNTOporPUNTO